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BOC Nº 135. Martes 15 de Julio de 2003 - 2810

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Justicia

2810 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 24 de junio de 2003, relativo a la notificación de Resolución de este Centro Directivo por la que se declara la caducidad del expediente sancionador nº 18/02, incoado a E.S. Binmomasa, Sala de Bingo La Luz, por infracción a la vigente normativa sobre el juego.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución nº 1512, de 14 de mayo de 2003, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 18/02, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, a E.S. Binmomasa, Sala de Bingo La Luz, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

"Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, por la que se declara la caducidad del expediente sancionador nº 18/02 incoado a E.S. Binmomasa, Sala de Bingo La Luz por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente nº 18/02 incoado a E.S. Binmomasa, sala de bingo La Luz tramitado por la Sección de Instrucción de expedientes sancionadores de esta Dirección General de Administración Territorial y Gobernación por infringir la normativa sobre el juego.

Vista la Propuesta del Jefe de Servicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) En acta de infracción nº 10/02, de fecha 18 de abril de 2002, levantada por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, se hace constar expresamente, lo que sigue:

... realizada visita a esta Sala de Bingo, se comprueba que no dispone del preceptivo bombo adicional.

2º) Mediante providencia dictada por el Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 22 de mayo de 2002, se acordó el inicio del correspondiente expediente sancionador por presunta infracción a la normativa sobre el juego, procediendo a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.

3º) Con fecha 17 de julio de 2002, por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Gobierno de Canarias se sancione a E.S. Binmomasa, sala de bingo La Luz con multa que asciende a la cantidad de sesenta mil ciento un euros con veintidós céntimos, por la comisión de los hechos descritos constitutivos de infracción al artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7 de abril), proponiéndose sanción con multa de sesenta mil ciento un euros con veintidós céntimos (60.101,22 euros) de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.3.a) del decreto 122/1988, de 1 de agosto, por el que se aprueba el reglamento del Juego del Bingo (B.O.C. nº 119, de 19.9.88) corrección de errores B.O.C. nº 133, de 21.10.00).

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 33.2.F).c), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C. nº 64, de 25.5.01), es competencia de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.

Segunda.- Iniciado el expediente con fecha 22 de mayo de 2002, se observa que el mismo está incurso en caducidad al haberse superado el plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento y notificar la resolución expresa.

Tercera.- Por lo que concierne a este aspecto, procede la aplicación del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), cuyo artículo 5.1 establece que, salvo disposición expresa en contrario, el plazo de resolución de los procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los ciudadanos será de seis meses en los procedimientos sancionadores.

Cuarta.- Asimismo, el artículo 44 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

Quinta.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la declaración que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99)".

Sexta.- Vista la propuesta del Jefe de Servicio de Gestión del Juego y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2.F).c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, aprobado por Decreto 116/2001, de 14 de mayo, de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C. nº 64, de 25.5.01) la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante acuerdo de fecha 22 de mayo de 2002 en el expediente sancionador nº 18/02 contra E.S. Binmomasa, sala de bingo La Luz archivando las actuaciones practicadas con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La presente declaración de caducidad se realiza sin perjuicio del derecho de esta Administración a iniciar nuevo expediente sancionador por la misma o distinta causa, si resulta procedente.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante el Viceconsejero de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2003.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación."

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de junio de 2003.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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