Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- El ingreso de la sanción recaída en el presente expediente deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio le remitirá a su propio domicilio.
3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2003.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 5 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 6, nº 535.
Resolución de 21 de mayo de 2003, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 02/195 instruido a D. Fernando Velasco Cervera, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Guecko.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Fernando Velasco Cervera, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 28 de noviembre de 2002, como consecuencia del acta de inspección nº 15.527, de fecha 19 de junio de 2002.
Vista la propuesta formulada por la Instructora del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 6 de junio de 2002, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 242.138, denuncia formulada por la Guardia Civil, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta carecer de cartel anunciador de tenencia de Hojas de Reclamaciones, Hojas de Reclamaciones selladas por el Cabildo Insular, Libro de Inspección, etc.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, 19 de junio de 2002, se realizó inspección turística al establecimiento de referencia, sito en Centro Comercial Atlántico, 21, en Corralejo, término municipal de La Oliva, levantándose al efecto el acta nº 15.527, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento se encuentra abierto al público en general y realiza la actividad turística de bar, sin que pueda acreditar disponer de la preceptiva autorización turística. Que carece o no dispone de Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y lista de precios notificada. El compareciente manifiesta que la gestoría está tramitando la autorización, por lo que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte la documentación mediante autorización en el que se haga constar el número de la presente acta o ante el Cabildo Insular, advirtiéndole que de no ser así se le podría iniciar expediente sancionador por negativa a los Servicios de Inspección.
3º) El 28 de noviembre de 2002, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 02/195, formulándose los hechos imputados y nombrándose a la Instructora y Secretaria del procedimiento, habiéndose notificado con publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el 3 de febrero de 2003.
4º) Con fecha 14 de marzo de 2003 y habida cuenta que el titular consignado no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase los hechos imputados, la Instructora formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 751,27 euros; 165,28 euros; 165,28 euros y 165,28 euros.
5º) El expedientado no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
6º) Los siguientes hechos:
No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.
Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias.
Carecer en el establecimiento del Libro de Inspección.
No haber comparecido a la citación efectuada por los Inspectores de Turismo el día 29 de junio de 2002.
Se consideran probados en virtud del acta de inspección nº 15.527.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado en base a que los hechos probados constituyen las infracciones previstas en el artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio) y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Artículos 31 y 33 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Dichos hechos vienen tipificados en los artículos 76.5, 6 y 9, en relación con el 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Calificados como: leves.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 751,27 euros; 165,28 euros; 165,28 euros y 165,28 euros a D. Fernando Velasco Cervera, con D.N.I./C.I.F. 43285720L, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Guecko.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2003. - El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
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