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BOC Nº 123. Lunes 30 de Junio de 2003 - 2595

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

2595 - ANUNCIO de 18 de junio de 2003, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en expediente sancionador nº TF-43308-O-01 en materia de transportes.

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Providencia de 18 de junio de 2003, del Jefe de Servicio de Carreteras, Vivienda y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-43308-O-01.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-43308-O-01.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente sancionador y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de esta Corporación, personalmente o por correo. Para ello dispondrá de un plazo, en el supuesto de recibir la notificación de la presente resolución entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, hasta el día 5 del mes siguiente. Caso de recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 28 de febrero de 2003, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:

"Visto escrito presentado por D. Pascual Luis García García, en nombre y representación de la entidad mercantil: D. Benedicto José Moratalla Parra, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 2 de octubre de 2002 recaída en el expediente de referencia, y

Resultando: que con fecha y hora 16 de septiembre de 2001, 17,20 por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula V-8702-BZ, M-11314-R, del que es titular D. Benedicto José Moratalla Parra por circular transportando con un semirremolque M-11314-R (atracción de feria) arrastrado por el tractor V-8702-BZ desde Los Cristianos hasta La Laguna realizando un servicio discrecional pesado de mercancías, amparado en autorización administrativa caducada de la clase MPC.- Se retira tarjeta de transportes caducado el 30 de junio de 2001 nº 10450058-1.- Datos titular semirremolque en cargador.- Tarjeta se envía al Cabildo Insular de Tenerife.- Ostenta distintivos servicio privado. V-8702-BZ, M-11314-R

Resultando: que el día 13 de septiembre de 2002 se publicó la incoación del expediente sancionador nº TF-43308-O-2001, en el Boletín Oficial de Canarias nº 122/2002.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 2 de octubre de 2002 que venía a sancionar a D. Benedicto José Moratalla Parra con multa que ascendía a 1.500 euros y precintado del vehículo durante tres meses, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 90 y 140.a) Ley 16/1987, artículos 41 y 197.a) Real Decreto 1.211/1990 (B.O.E. de 8.10.90) y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha 21 de octubre de 2002.

Resultando: que con fecha 4 de diciembre de 2002, D. Pascual Luis García García, en nombre y representación de D. Benedicto José Moratalla Parra interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que el vehículo se encontraba debidamente provisto de la autorización administrativa, aunque en el momento de la denuncia no pudo acreditarlo, aportando, como fundamento a sus argumentaciones copias simples de la siguiente documentación: autorización de transporte privado complementario de mercancías otorgada por la Generalitat Valenciana al vehículo denunciado el 15 de diciembre de 1999, válida hasta el próximo visado de mayo de 2001, autorización de transporte privado complementario de mercancías otorgada por la Generalitat Valenciana al vehículo denunciado el 30 de mayo de 2002, válida hasta el próximo visado de mayo de 2003, y solicitud de visado del citado título habilitante el día 29 de junio de 2001 ante dicho Centro Directivo. Que el transporte que realizaba era de servicio particular y no público, como se cita en la resolución, ya que la mercancía es la de su actividad, siendo feriante.

Considerando: que el recurso ha sido presentado fuera del plazo legalmente previsto en el artículo 115 Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece el plazo de un mes. Ya que notificada la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes en fecha 21 de octubre de 2002, según consta en acuse de recibo firmado, el recurso de alzada ha sido interpuesto en fecha 4 de diciembre de 2002, transcurriendo en exceso el plazo otorgado: deviniendo, en consecuencia firme e inimpugnable la resolución recurrida.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en inadmitir el recurso de alzada interpuesto por D. Pascual Luis García García, en nombre y representación de la entidad mercantil D. Benedicto José Moratalla Parra, por interposición fuera del plazo legalmente determinado, confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 2 de octubre de 2002, que determinó la imposición de una sanción de mil quinientos (1.500) euros manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2003.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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