Estás en:
Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución nº 789, de 9 de abril de 2003, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 28/02, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, a Dña. Rita Rodríguez Poceiro, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.
"Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, por la que se declara la caducidad del expediente sancionador nº 28/02 incoado a Dña. Rita Rodríguez Poceiro por infracción a la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente nº 28/02 incoado a Dña. Rita Rodríguez Poceiro tramitado por la Sección de Instrucción de expedientes sancionadores de esta Dirección General de Administración Territorial y Gobernación por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la Propuesta del Jefe de Servicio de Gestión del Juego.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) En acta de infracción nº 16/02 de fecha 6 de junio de 2002, levantada por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, se hace constar expresamente, lo que sigue:
... se gira visita al citado local y previa acreditación de los Inspectores actuantes ante Dña. Rita Rodríguez Poceiro, con D.N.I. nº 44.314.775 y domicilio en Guillermo Santana Rivero, 13, 2º C, se comprueba que en el citado local se está practicando un juego de cartas, que por sus características se trata del juego del bingo, consistente en una serie de cartones en los cuales figuran una serie de naipes propios de la baraja española los cuales se van marcando a medida que se extraen las cartas del mazo, el que complete el cartón obtiene el premio. Solicitada la preceptiva autorización administrativa para la práctica de dicho juego a la Sra. Rodríguez Poceiro, organizadora y responsable, ésta manifiesta desconocer que para la práctica de dicho juego fuese necesaria la autorización indicada, por lo que se puede considerar ilegal. El local que ocupa una superficie aproximada de 50 m2 posee una puerta de aproximadamente 1 m de anchura, dispone de un extintor. Dispone de 8 mesas y 26 sillas. Según la Sra. Rodríguez Poceiro, desconoce quién es el propietario del local, sólo se trata de un local que anteriormente se dedicaba a decoración y cortinas, el cual tiene apalabrado en 20.000 pesetas mensuales (120 euros). En el momento de la inspección se encuentran practicando el juego mencionado 7 personas, de las cuales se identifican las siguientes: D. Ángel Manuel Arroyo Fernández, con D.N.I. nº 27.828.204; Dña. Lourdes García Ramírez, con D.N.I. nº 42.816.046 N y Dña. Susana Rodríguez Hernández, con D.N.I. nº 42.834.509. El precio de la partida en el momento de la inspección es de 4,90 euros. Asimismo indica la Sra. Rodríguez que juegan solamente cuatro o cinco días a la semana, desconociendo el número de partidas que se desarrollan durante la jornada. Del dinero de cada partida no detrae ninguna cantidad exacta, sino que solamente la ganadora del premio deposita una propina en una hucha al efecto. Como elemento de juego se emplean cartones de fabricación casera donde se contienen los naipes, los cuales son marcados con marcadores de altramuces a medida que se extraen las cartas. Se encuentran en el local gran cantidad de cartones de bingo, de fabricación casera y dos máquinas de bingo, los cuales según la Sra. Rodríguez Poceiro no son de ella, sino que ya estaban en el local en el momento que ellas lo ocuparon. Se procede a la incautación del material mencionado. La práctica del juego del bingo o similar en características sin la preceptiva autorización, supone presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 6/1999, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias. De acuerdo con el artículo 26 de la citada Ley, la presunta infracción se clasifica como muy grave, por lo que en concordancia con el artº. 34.2 de la misma se procede en este momento al precinto cautelar del mencionado local, colocándose dos precintos. Una vez confirmada la medida cautelar de acuerdo con el citado artículo 34 de la Ley y en relación con los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 4/1999, que modifica la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo, podrá deducirse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Administración Pública en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su notificación. La Sra. Rodríguez Poceiro quiere manifestar que en realidad no se practica el juego del bingo, que lo que realmente hacen es jugar a las cartas, y que desconocía la ilegalidad del juego que desarrollan. Se advierte a la Sra. Rodríguez Poceiro que la retirada del precinto podría incurrir en delito de desobediencia del Código Penal. Se actúa con el apoyo de agente de la Policía Local nº 83.089.
2º) Mediante Providencia dictada por el Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 14 de junio de 2002, se acordó el inicio del correspondiente expediente sancionador por presunta infracción a la normativa sobre el juego, procediendo a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Cursada al expedientado la Resolución de inicio, ésta es devuelta por el servicio de Correos por caducar la exposición en cartera, enviándose posteriormente para su publicación al Boletín Oficial de Canarias.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 33.f.c), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C. nº 64, de 25.5.01), es competencia de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.
Segunda.- Iniciado el expediente con fecha 14 de junio de 2002 se observa que el mismo está incurso en caducidad al haberse superado el plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento y notificar la resolución expresa.
Tercera.- Por lo que concierne a este aspecto, procede la aplicación del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), cuyo artículo 5.1 establece que, salvo disposición expresa en contrario, el plazo de resolución de los procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los ciudadanos será de seis meses en los procedimientos sancionadores.
Cuarta.- Asimismo, el artículo 44 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:"
Quinta.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la declaración que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Sexta.- Vista la propuesta del Jefe de Servicio de Gestión del Juego y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.f.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, aprobado por Decreto 116/2001, de 14 de mayo, de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C. nº 64, de 25.5.01), la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante acuerdo de fecha 14 de junio de 2002, en el expediente sancionador nº 28/02 contra Dña. Rita Rodríguez Poceiro archivando las actuaciones practicadas con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
La presente declaración de caducidad se realiza sin perjuicio del derecho de esta Administración a iniciar nuevo expediente sancionador por la misma o distinta causa, si resulta procedente.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante el Viceconsejero de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de abril de 2003.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación."
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2003.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
© Gobierno de Canarias