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Habiéndose dictado Resolución sobre denuncia formulada por D. Francisco Betancor Santana, por facturación excesiva, recaída en el expediente de referencia DA: 01/0519, e intentada la notificación de la misma al denunciante, sin éxito, es por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, esta Dirección General de Industria y Energía
R E S U E L V E:
1.- Remitir la Resolución anexa al Ilmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para su publicación en el tablón de edictos.
2.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2003.- El Director General de Industria y Energía, Tomás Pulido Castro.
A N E X O
Visto el expediente incoado a instancias de D. Francisco Betancor Santana con número de expediente DA-01/0519, de fecha 11 de septiembre de 2001, presentado en esta Dirección General de Industria y Energía, por medio del cual viene a expresar su disconformidad con las facturaciones giradas por la entidad suministradora Emalsa, prestataria del servicio de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, y visto el informe de la Sección de Recursos Hidráulicos de fecha 8 de mayo de 2002.
Resultando que siendo las 9,05 horas del día 5 de diciembre de 2001, y a instancia de la citada denuncia, por personal técnico de esta Dirección General, ha sido verificado en caseta de contadores sito en calle Hermanos Toledo Suárez, 13, el contador marca: Iberconta; tipo: UM; calibre: 13 m/m; número de serie: F425011; y con lecturas, inicial de 382,035 m3, y final de 382,130 m3, con un volumen pasado de 100 litros, y en presencia de D. Francisco Betancor Santana, en representación del abonado D. Francisco Betancor Santana resulta que dicho contador de agua funciona con un error de + 5% (error máximo admisible del contador: Qmax. = ± 4%).
Resultando que con fecha 13 de septiembre de 2001, Emalsa informa a esta Dirección General sobre la referida denuncia en el sentido de acompañar datos del abonado y del contador instalado, así como histórico de los contadores instalados, de las lecturas tomadas y de las facturaciones giradas del abonado nº 04.23.07.253.04.
Considerando lo dispuesto en el Decreto de 12 de julio de 1945 (B.O.E. de 16.7.45), por el que se establecen las condiciones que han de reunir y las pruebas para su aprobación de los contadores de agua, gas y electricidad, establece en su artículo 2 "Contadores de agua", punto 3 "Regularidad", que "El error de aproximación en las medidas acusadas respecto del caudal que pase por el contador, no podrá exceder del 4 por ciento, en más o en menos, del valor real de la cantidad evaluada. Este error será determinado para los contadores de turbina con gastos a plena carga, media carga y 10 por 100 de la primera, y para los de volumen y los de disco, a plena carga, a media carga y 2 por 100 de la primera".
Considerando lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única, apartado A) del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. nº 310, de 27.12.00), por la que se establece la derogación del: "Decreto de 12 de marzo de 1954, por el que se aprueba el texto unificado del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía", así como en el párrafo final de la citada Disposición Derogatoria donde se establece que: "Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o menor rango en lo que se oponga al presente Real Decreto".
Considerando que a fecha de hoy no se ha dictado norma complementaria que haga extensivo los preceptos en materia eléctrica regulados en el citado Real Decreto 1.955/2000 a los suministros de agua, lo que imposibilita la aplicabilidad del citado Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, a los suministros de agua, tal y como se desprende de las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 15 de octubre de 1988 (Ar. 10336), 2 de noviembre de 1988 (Ar. 10235) y 9 de marzo de 1989 (Ar. 2209), dictadas en un supuesto similar al actual.
Considerando que actualmente se carece de marco legal o reglamentario, tanto de ámbito nacional como autonómico que regule los derechos y obligaciones de los abonados y entidades o empresas suministradoras del suministro de abastecimiento público de agua, tal como hasta su derogación expresa venía realizando el derogado Decreto de 12 de marzo de 1954, con excepción de lo señalado en los Reglamentos de Servicios de los entes locales, lo que imposibilita un claro pronunciamiento sobre la reclamación formulada por el abonado ante esta Consejería.
Por lo cual, esta Dirección General de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
1º) De acuerdo con el artículo 2 del Decreto de 12 de julio de 1945, en lo relativo a contadores de agua, y a la vista del acta de verificación del contador nº F-425011, del que se deduce un error comprobado de funcionamiento del + 5%, se considera que el funcionamiento del citado contador no es reglamentario.
2º) A la vista de que los criterios de refacturación establecidos en el artículo 46 del Decreto de 12 de marzo de 1954, han sido derogados expresamente por el Real Decreto 1.955/2000, esta Dirección General entiende que por Emalsa, entidad suministradora de aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se deberá proceder a la refacturación de los consumos registrados por el contador antes verificado, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento para el Servicio Municipal de Abastecimiento de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, y en caso de discrepancia del abonado con la empresa suministradora podrá formular la oportuna reclamación, bien ante el Ilustre Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, titular del servicio de aguas, o bien indistintamente ante la Jurisdicción Civil competente.
3º) De acuerdo con la verificación realizada al contador y dado su funcionamiento no reglamentario, por Emalsa se debería instalar un nuevo contador verificado, homologado y puesto a 0 m3.
Por el Servicio competente se notificará a los interesados la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- El Director General de Industria y Energía, p.d.f., el Jefe de Servicio de Seguridad Industrial (Resolución de 21.11.01), Manuel Sánchez Rodríguez.
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