Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución nº 03-35/0966, de 19 de marzo de 2003, del Director del ICFEM, por la que se deja sin efecto la subvención concedida a la entidad Instituto Canario de Consultoría Informática, S.L., C.I.F. nº B35408749, correspondiente a la programación anual de cursos de Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, anualidad 2001 (registro de salida general nº 115.462, de 19.3.03), se procede, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), a publicar el texto del mismo:
"Visto el expediente de concesión de una subvención a la entidad Instituto Canario de Consultoría Informática, S.L., para la impartición de cursos de Formación Profesional Ocupacional, correspondiente a la programación del año 2001, resultan los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos.
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante Resolución de 18 de enero de 2001, del Presidente del ICFEM, se convocó la participación de entidades y centros colaboradores del ICFEM en la programación anual de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional correspondiente al año 2001 (B.O.C. nº 11, de 24.1.01).
Segundo.- Mediante Resolución de 6 de julio de 2001, del Presidente del ICFEM, se ordenó la publicación de la ampliación de la programación de cursos, a través de la modalidad de cursos individualizados, del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional correspondientes al año 2001 (B.O.C. nº 103, de 8.8.01).
Tercero.- Mediante Resolución nº 01-35/1935, de 17 de julio de 2001, del Director del ICFEM, se incluyó la solicitud de la entidad Instituto Canario de Consultoría Informática, S.L., en la programación de cursos individualizados del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional correspondientes al año 2001, concediéndoles una subvención por importe de doscientos cuatro mil ochocientos ochenta y tres con noventa y siete céntimos (204.883,97 euros), equivalente a treinta y cuatro millones ochenta y nueve mil ochocientas veinticinco (34.089.825) pesetas.
Cuarto.- La entidad beneficiaria, según consta en el expediente administrativo, no realizó la actividad para la cual se le concedió la subvención, que era la realización de los cursos de formación profesional relacionados en la mencionada Resolución nº 01-35/1935, de 17 de julio de 2001, del Director del ICFEM.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El artículo 21.a) y e) de la Orden de 13 de abril 1994, por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (B.O.E. nº 101, de 28.4.94), modificada por Orden de 20 de septiembre de 1995 (B.O.E. nº 246, de 14.10.95), por Orden de 14 de octubre de 1998 (B.O.E. nº 256, de 25.10.98) y por Orden de 11 de febrero de 2002 (B.O.E. nº 56, de 6.3.02), establece lo siguiente:
"Serán obligaciones de las entidades de todas clases, beneficiarias de subvenciones y compensaciones económicas, en virtud del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, las siguientes:
a) Realizar los cursos y/o prácticas profesionales de manera adecuada a cada especialidad y a las restantes condiciones fijadas en la programación, en los contratos programa o en los convenios de colaboración, para lo cual deberán someterse a las visitas o actuaciones de control que establezca el Inem. (...)
e) Acreditar ante el Instituto Nacional de Empleo la realización de los cursos y prácticas profesionales, según los casos, conservando y aportando los justificantes de los gastos en que efectivamente se haya incurrido, así como los documentos de seguimiento y evaluación de cursos que la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo determine."
Segundo.- Mediante Real Decreto 447/1994, de 11 de marzo, se traspasó las funciones y servicios en materia de gestión de la formación profesional ocupacional a la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 60, de 16.5.94).
Tercero.- Ha quedado acreditado que el beneficiario no ha realizado ni ha acreditado la realización de la actividad subvencionada, ni, en consecuencia, ha cumplido con la finalidad para la que fue concedida, incumpliendo con las condiciones establecidas en la Resolución de convocatoria y concesión, siendo aplicable lo establecido en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), procediendo dejar sin efecto la subvención concedida al Instituto Canario de Consultoría Informática, S.L., donde se recoge que: "No será exigible el abono de la ayuda o subvención o, en su caso, procederá la devolución de las cantidades percibidas más el interés de demora desde el momento del abono de la ayuda o subvención, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: a) (...); b) El incumplimiento del destino de los fondos públicos a la realización de la actividad o adopción de la conducta o de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de la subvención (...)".
En uso de la de las competencias atribuidas a esta Dirección, según lo establecido en el resuelvo sexto de la referida Resolución de convocatoria de 18 de enero de 2001,
R E S U E L V O:
Primero (único).- Dejar sin efecto la subvención otorgada a la entidad Instituto Canario de Consultoría Informática, S.L., C.I.F. nº B35408749, por importe de doscientos cuatro mil ochocientos ochenta y tres con noventa y siete céntimos (204.883,97 euros), equivalente a treinta y cuatro millones ochenta y nueve mil ochocientas veinticinco (34.089.825) pesetas, destinada a compensar los costes abonables derivados de la impartición de cursos individualizados de formación ocupacional, correspondientes a la convocatoria efectuada mediante Resolución de 18 de enero de 2001, del Presidente del ICFEM (Programación FIP/2001).
Notifíquese esta Resolución al interesado en el expediente respectivo con la indicación de que contra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 en relación con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente."
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de 2003.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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