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BOC Nº 089. Lunes 12 de Mayo de 2003 - 764

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

764 - DECRETO 48/2003, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de atención a menores.

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La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, regula en su Título IX, las infracciones y sanciones administrativas en materia de atención a menores, mediante el establecimiento de normas de policía administrativa que permitan a la Administración Pública Canaria disponer de un elemento coercitivo en defensa y beneficio de los derechos de los menores frente a cualquier injerencia que ilegítimamente pretenda convertirse en limitativa de su contenido o impeditiva de su ejercicio.

El citado Título califica las infracciones administrativas, contempla las correspondientes sanciones y determina la forma reglamentaria en la que se ha de establecer el pertinente procedimiento sancionador dentro del marco de los principios contenidos en la legislación del procedimiento administrativo común, si bien, posteriormente, a través de la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias, fueron modificados los artículos 105 y 106 del precitado Título referidos a la calificación de las infracciones administrativas leves y graves.

El marco normativo regulador de la potestad sancionadora contenido en la mencionada Ley necesita ser completado a través del oportuno desarrollo reglamentario que colme todas las previsiones contempladas en su articulado, por lo que, con el presente Decreto se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de atención a menores, dentro de los límites fijados por la Ley y sin alterar su naturaleza, garantizando, en todo momento, los derechos reconocidos legalmente de los afectados.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 30 de abril de 2003,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de atención a menores, en los términos del anexo, en desarrollo de lo previsto en el Título IX de Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán su tramitación de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento que se aprueba.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Consejero de Empleo y Asuntos Sociales para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de 2003.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Román Rodríguez Rodríguez.

EL CONSEJERO DE EMPLEO

Y ASUNTOS SOCIALES,

Marcial Morales Martín.

A N E X O

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE ATENCIÓN A MENORES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

La potestad sancionadora en materia de atención a menores, en desarrollo de lo previsto en el Título IX de Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, se ejercerá mediante el procedimiento establecido en el presente Reglamento.

Artículo 2.- Órganos competentes.

1. Son competentes para la iniciación y resolución de los procedimientos sancionadores en materia de atención a menores los órganos administrativos siguientes:

a) La Viceconsejería de Asuntos Sociales por la comisión de infracciones leves y graves.

b) El Consejero de Empleo y Asuntos Sociales por la comisión de infracciones muy graves.

2. La Dirección General de Protección del Menor y la Familia es el órgano competente para la instrucción de los procedimientos sancionadores.

Artículo 3.- Acciones u omisiones sancionables.

1. Serán sancionables como infracciones las acciones u omisiones, aún a título de inobservancia, tipificadas en el Capítulo I del Título IX de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, en la redacción dada por la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias.

2. No podrá imponerse sanción alguna sin que previamente haya sido dictada la oportuna resolución en el procedimiento tramitado con arreglo a las normas contenidas en el Capítulo II del presente Reglamento.

Artículo 4.- Medidas provisionales.

1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional, de las previstas en el punto 3 de este artículo, que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.

2. Las medidas provisionales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenden lograr en cada caso concreto.

3. Específicamente, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales:

a) Suspensión provisional de las ayudas o subvenciones concedidas por la Administración autonómica a las personas físicas o jurídicas contra las que se dirige el procedimiento.

b) Cierre provisional, total o parcial, del centro de atención a menores, hogar funcional o servicio en que se haya cometido la presunta infracción, cuando a sus titulares, propietarios o explotadores, se les hubiera imputado responsabilidad en el procedimiento incoado.

c) Suspensión provisional del reconocimiento como entidad colaboradora cuando la presunta infracción se haya cometido por aquella que goce de tal reconocimiento.

d) Cuando las presuntas infracciones consistan en la venta, suministro o dispensación de productos o bienes prohibidos a los menores, así como permitir la entrada de los mismos en establecimientos o locales a los que se refiere el artículo 33 de la Ley 1/1997 o cualquier otra disposición que igualmente lo prevea, podrá acordarse el cierre provisional de los establecimientos, locales, instalaciones, recintos o espacios en que se haya cometido la infracción, cuando a sus titulares, propietarios o explotadores, se les hubiera imputado responsabilidad en el procedimiento incoado.

e) En todo caso habrán de adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica del menor.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 5.- Forma de iniciación.

1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente para resolver, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

2. La formulación de una petición no vincula al órgano competente para resolver para iniciar el procedimiento sancionador, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación del procedimiento.

Cuando se haya presentado una denuncia, se deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación.

Artículo 6.- Acuerdo de iniciación.

1. El acuerdo por el que se ordene la incoación del expediente sancionador deberá contener los siguientes extremos:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) Identidad del instructor y, en su caso, la del Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia.

e) Medidas de carácter provisional, de las previstas en el artículo 4 del presente Reglamento, que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

2. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

3. En la notificación se advertirá a los interesados que en el plazo de quince días pueden aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes en defensa de sus derechos.

4. Igualmente, en la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el punto anterior, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, si bien, tal efecto se produce sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.1 del presente Reglamento.

Artículo 7.- Actuaciones.

1. Cursada la notificación a que se refiere el artículo anterior, el instructor del procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.

2. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello al inculpado en la propuesta de resolución.

Artículo 8.- Prueba.

1. Los interesados podrán solicitar el recibimiento a prueba del expediente, expresando los hechos sobre los que ha de versar y los medios de prueba de que intenten valerse.

2. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado en el artículo 6.3 del presente Reglamento, el órgano instructor, cuando exista disconformidad en los hechos o éstos fueran de trascendencia para la resolución del expediente, podrá acordar la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez días, o rechazar, de forma motivada, la práctica de aquellas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.

3. El instructor deberá comunicar a los interesados, con suficiente antelación, el inicio de las actuaciones necesarias para la práctica de las pruebas que hayan sido admitidas. En dicha notificación se habrá de indicar el lugar, fecha y hora de su realización, advirtiéndose a aquéllos la posibilidad de acudir asistidos por técnicos o asesores.

Artículo 9.- Propuesta de resolución.

1. Finalizado el período de alegaciones o concluida, en su caso, la fase probatoria, el instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución en la que se hará constar como mínimo los siguientes extremos:

a) Hechos que se consideren probados.

b) Autor o autores.

c) Tipificación de la infracción y sanción que se propone.

d) Órgano competente para imponerla.

e) Medidas complementarias a la sanción que sean procedentes.

f) Circunstancias agravantes o atenuantes concurrentes.

g) Medidas provisionales que, en su caso, se hubiesen adoptado.

h) Cuantos elementos de juicio sean necesarios para el adecuado entendimiento y aplicación.

2. En su caso, si procede, se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

Artículo 10.- Audiencia al interesado.

Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto al interesado o, en su caso, a su representante, para que en el plazo de quince días pueda efectuar las alegaciones que convengan a su derecho.

Artículo 11.- Resolución.

1. Presentadas las alegaciones a la propuesta de resolución o transcurrido el plazo para ello, el instructor elevará propuesta al órgano competente para la resolución del expediente sancionador quien impondrá aquellas sanciones y medidas complementarias para las que sea competente o, en su caso, elevará la propuesta al órgano competente para la imposición de la sanción.

2. Los órganos competentes para la resolución del expediente sancionador, vista la propuesta del instructor, podrán declarar la no existencia de infracción o responsabilidad.

3. En cualquier caso la resolución, que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento, se adoptará en el plazo de diez días contados desde la recepción de la propuesta de resolución.

En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

Artículo 12.- Recursos.

Contra las resoluciones dictadas por los órganos competentes podrán interponerse los recursos previstos en la legislación general del procedimiento administrativo común.

Artículo 13.- Orden jurisdiccional.

1. Cuando se estime que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, el órgano competente para la resolución del expediente sancionador, a propuesta del órgano instructor, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, suspendiendo el procedimiento incoado hasta tanto no exista un pronunciamiento judicial.

2. Cuando el mencionado órgano resolutorio tuviera conocimiento, una vez incoado el procedimiento sancionador, de la existencia de diligencias penales con identidad de hechos, sujetos y fundamentos, acordará la suspensión del procedimiento hasta que exista pronunciamiento judicial.

Artículo 14.- Publicidad.

El órgano competente para resolver el expediente sancionador podrá acordar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de las resoluciones firmes de imposición de sanciones por la comisión de las infracciones previstas en la Ley 1/1997, de 7 de febrero.

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