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BOC Nº 053. Martes 18 de Marzo de 2003 - 1169

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

1169 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de febrero de 2003, sobre notificación de Órdenes a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Órdenes que figuran como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de febrero de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

A N E X O

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Julio César García González, en representación de la empresa Maderas Confort, S.L. contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 28 de marzo de 2001, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Julio César García González, en representación de Maderas Confort, S.L., expediente nº 35-705/2000, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 28 de marzo de 2001, por la que se impone al recurrente una sanción de cuarenta mil pesetas (40.000 pesetas) doscientos euros con cuarenta céntimos (200,40 euros), por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de fecha 28 de marzo de 2001, del Director General de Consumo se acuerda sancionar a la empresa Maderas Confort, S.L., con la imposición de una multa de cuarenta mil pesetas (40.000 pesetas) doscientos euros con cuarenta céntimos (200,40 euros) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.

Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 16 de junio de 2000, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 2577, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes:

Personados los Inspectores en el establecimiento del recurrente comprobaron que, en el momento de la inspección carecían de Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de la existencia de las mismas.

Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Por D. Julio César García González, en representación de Maderas Confort, S.L. se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 28 de marzo de 2001, alegando, en síntesis, lo siguiente:

Que en ese momento la empleada no sabía dónde estaban las Hojas de Reclamaciones.

Entiende esta parte que la obligación era tener las hojas en ese momento a la vista, pero por motivo de cambio de mobiliario no fue posible, por lo que solicita en caso de imponer sanción, la misma sea en su grado mínimo.

Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.

Debe tomarse en consideración que el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la obligación del vendedor de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad comercial.

Además, la cuantía de la sanción se ajusta proporcionalmente a lo dispuesto en el artº. 131.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, situándose dentro del límite de 500.000 pesetas (3.005,56 euros) previsto por el artículo 36.1 de la Ley 26/1986 para las faltas leves.

Cuarto.- Los hechos sancionados resultan subsumibles en los tipos legales contenidos en las siguientes normas:

Artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89) en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148).

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación sanitaria de Canarias, y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Julio César García González, en representación Maderas Confort, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 28 de marzo de 2001, por la que se impone al recurrente una sanción de cuarenta mil (40.000) pesetas, doscientos euros con cuarenta céntimos (200,40 euros) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.

Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2002.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

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