Estás en:
A medio del presente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se procede a la notificación del requerimiento dirigido a Vd. que a continuación se transcribe, toda vez que, habiendo intentado con carácter previo la notificación en el domicilio que consta en esta Administración, ésta no ha sido posible.
ASUNTO: denuncia por instalación de vallado diáfano en la vía GC-300 (antigua C-814, punto kilométrico 8 + 650), margen izquierdo, término municipal de Firgas.
Por el equipo de explotación de carreteras de esta Corporación y con fecha 30 de julio de 2002, se ha denunciado la instalación de un vallado diáfano en la zona de dominio público de la carretera a una distancia de 0,50 metros del borde de la calzada sin que conste la existencia de autorización de esta Corporación Insular, en el lugar indicado en el asunto epigrafiado.
Lo anterior puede constituir la infracción tipificada en artículo 39, apartado A), de la Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (LCC), pudiendo considerarse ésta como leve, ya que no afecta a la seguridad de la circulación rodada, pudiendo ser sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la LCC, con multa de sesenta con diez (60,10) euros (10.000 pesetas) a mil quinientos dos con cincuenta y tres (1.502,53) euros (250.000 pesetas), sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente.
Por ello, y al tratarse de un uso no legalizable, se le requiere de conformidad con lo establecido en el artículo 35, apartado Uno, de la LCC, al objeto de que proceda a la retirada del vallado diáfano en un plazo no superior a quince días. Igualmente le participo que cualquier daño que pudiera ocasionarse hasta la ejecución de lo ordenado será de su exclusiva responsabilidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se lleve a efecto lo requerido se procederá a su ejecución por parte de esta Corporación y a su costa.
Asimismo se le participa que se permite sin necesidad de autorización y en precario, cerramientos diáfanos para protección de fincas rústicas en la zona de servidumbre, esto es, a partir de 3.00 metros a contar desde la arista exterior de la explanación.
Al mismo tiempo, se le informa de que dispone del plazo de diez (10) días para, dentro del trámite de audiencia, presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estime conveniente para sus intereses, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de febrero de 2003.- La Presidenta, p.d., el Consejero del Área (Decreto nº 22, de 22.2.01), Miguel Jorge Blanco.
© Gobierno de Canarias