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BOC Nº 025. Jueves 6 de Febrero de 2003 - 576

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

576 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de enero de 2003, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/13/2002.

RESPONSABLE: Dealers & Link Microsytem, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35545086.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de noviembre de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Dealers & Microsystem propiedad del interesado, sito en El Roque, 104, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 6423 procedieron a llevar a cabo la Campaña Nacional de Inspección 2001-2002 de Servicios de Asistencia Técnica (S.A.T.) y a cumplimentar el Protocolo anexo de la misma que forma parte integrante del acta levantada.

Al respecto se comprobaron los siguientes extremos:

- Del archivo de antecedentes se comprobaron 3 presupuestos y se comprobó que no siempre se confecciona presupuesto previo por escrito salvo renuncia expresa del usuario, de los observados se comprobó que en los 3 faltaban los datos relativos al nombre y domicilio del usuario, domicilio del S.A.T., marca, modelo y número de serie del aparato, motivo de la reparación, diagnóstico de la avería, firma del responsable del S.A.T., fecha prevista de entrega y espacio reservado para la fecha y firma de aceptación del usuario. Se adjuntó al acta modelo de presupuesto de la empresa.

- Respecto al resguardo de depósito se controlaron 3 antecedentes comprobándose que adolecían de los datos relativos al domicilio del usuario, marca, modelo y número de serie del aparato, plazo previsto de entrega y firma del usuario y persona autorizada del S.A.T.

- Respecto a las facturas en los 3 antecedentes consultados se comprobó que las mismas no incorporaban los datos relativos al domicilio del usuario, marca y modelo del aparato reparado y fecha y firma del responsable del S.A.T.

- Respecto a la información que se debe facilitar al usuario se adolecía de las preceptivas leyendas indicativas del derecho a presupuesto previo por escrito, cobro del mismo para el caso de elaboración no aceptada y garantía de las reparaciones, tampoco se informaba del horario de prestación del servicio ni precios aplicables incluidos recargos por servicios adicionales e impuestos con expresión del concepto y tipo a aplicar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 3, 5 y 8 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 6 de mayo de 2002, manifestando en síntesis:

Entiende esa Administración en que se han infringido ciertos preceptos del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico, normativa sectorial inaplicable a la actividad ejercida por esta parte pues conforme señala el artículo 1.1 del citado Reglamento, dicha disposición se aplicará a todas las personas que se dediquen a la instalación, conservación, reparación o mantenimiento de aparatos de uso doméstico, aquellos bienes de consumo duradero de uso doméstico que utilicen directa o indirectamente para su funcionamiento cualquier tipo de energía, por lo que es evidente la inaplicabilidad de dicho Decreto a la actividad ejercida.

Es evidente que se han conculcado los más elementales principios de responsabilidad, legalidad y tipicidad, pues se intenta imputar una infracción a esta parte que no se encuentra tipificada en ninguna normativa de directa aplicación, sino en otra normativa sectorial inaplicable y por el sistema de analogía, lo que es vetado a la Administración, tal y como nos recuerda el apartado cuarto del artº. 129 de la LRJPAC al prohibir la interpretación analógica de las normas definidoras de infracciones y sanciones administrativas.

Los artículos 9 y 25 CE ya consagraban de manera implícita la prohibición de la interpretación extensiva o analógica en el ámbito del Derecho sancionador.

Además, no sólo por lo expuesto se vulneran los principios de legalidad y de tipicidad sino que, también, conforme al tenor literal del artº. 129.3 de la LRJPAC una disposición reglamentaria ni puede constituir "ex novo" la antijuricidad, tipicidad o punibilidad de una concreta conducta.

Todos los derechos indicados como infringidos pertenecen a normas de rango reglamentario, no legales, preceptos que definen la conducta antijurídica sin que encuentren respaldo alguno por norma de rango legal, por lo que es evidente que se ha creado el ilícito administrativo de la vía del Decreto.

Se invoca la causa de nulidad del apartado e) del artº. 62 de la Ley Procedimental Común, pues la Administración, ante la posibilidad de levantar Acta de Apercibimiento, levanta Acta de Infracción contradiciéndose así el objeto y espíritu de la visita inspectora que no era sino llevar a cabo la Campaña Nacional de Inspección 2001-2002 de Servicios de Asistencia Técnica. Con la finalidad, obviamente, de proteger al consumidor.

Además ni siquiera se han tenido en cuenta las circunstancias atenuantes contempladas entre otros, en el artº. 35 de la Ley, circunstancias que en su conjunción hubiesen permitido una considerable reducción en la cuantía de la sanción propuesta pues aunque se entiende que la normativa que intenta aplicarse no es de aplicación, tampoco concurre dolo, culpa o negligencia en la conducta de esta parte que lo hiciera merecedor de la cuantía de la sanción impuesta.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que los hechos objeto de este expediente se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección en su momento levantada.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expuestos y la interesada es responsable en su comisión, en tanto y cuanto, ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conviene señalar que, tal y como se puede leer textualmente en el apartado "Tipificación de la infracción" del Acuerdo de iniciación notificado a la interesada, la infracción lo es en tanto y cuanto recae dentro de los tipos específicos contemplados en el artículo 34 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios así como por vulnerar o menoscabar derechos del consumidor expresamente recogidos en esta Ley en sus artículos 2 y 13 también consignados en el acuerdo.

La referencia al Real Decreto 58/1988 se hace en concordancia a los preceptos legales referidos y habida cuenta que este Real Decreto establece las condiciones y disposiciones reglamentarias que deben regir el correcto de la actividad desarrollada que en el caso concreto se han incumplido.

Sorprende que inmersos en una sociedad de la información donde se fomenta el acceso a las nuevas tecnologías, puede plantearse que el ordenador no tiene uso doméstico.

En cuanto a la valoración subjetiva acerca de la inspección y el acta levantada, obviando interpretaciones particulares acerca del posible objetivo de la Campaña Nacional, lo cierto es que el acta como tal se limita a recoger hechos que posteriormente y por otro órgano separado son calificados como infracción administrativa y hacen posible un expediente sancionador al respecto, en tanto y cuanto, estos hechos recaen en tipos legales de infracción.

No obstante, previo análisis de las circunstancias particulares y en aras al principio de proporcionalidad que debe presidir el procedimiento sancionador, acordamos reducir la cuantía de la sanción inicialmente propuesta, quedando la misma establecida en la cantidad de 240 euros.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO

IMPONER A: Dealers & Link Microsytem, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

2) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/19/2002.

RESPONSABLE: Sofía Moreno Marrero.

D.N.I. o N.I.F.: 42761381.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de noviembre de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Métodos Informáticos propiedad de la interesada, sito en calle León y Castillo, 325, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6456 procedieron a llevar a cabo la Campaña Nacional de Inspección 2001-2002 de Servicios de Asistencia Técnica (S.A.T.) y a cumplimentar el Protocolo anexo de la misma que forma parte integrante del acta levantada y del cual una vez rellenado se entregó fotocopia junto a la copia correspondiente del acta.

Al respecto se comprobaron los siguientes extremos:

- Según manifestó la compareciente no se elaboran presupuestos previos, en ningún caso, por esta razón no se pueden comprobar ni controlar antecedentes de los mismos.

- Según manifestó la compareciente, se entrega resguardo de depósito pero éstos se destruyen una vez entregado el aparato, por esta misma razón no se pudo comprobar su contenido.

- Respecto a las facturas se controlan 3 de ellas y se comprueba que en las mismas no figuran los datos relativos al tiempo de mano de obra empleada y su importe, nombre, domicilio y N.I.F. del S.A.T., marca y modelo del aparato reparado y fecha y firma del responsable del S.A.T.

- Respecto a la información que se debe facilitar al usuario se comprueba que no exhiben al público las preceptivas leyendas informativas que exige el Real Decreto 58/1988, regulador de la actividad acerca de sus derechos y que tampoco se informa al público del horario de prestación de los servicios, precios aplicables por hora de trabajo, impuestos aplicables, recargos por servicios adicionales, por transporte, por desplazamiento, ni figura el precio de otros servicios adicionales en su caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4 , del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 3, 5 y 8 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Sofía Moreno Marrero.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

3) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/20/2002.

RESPONSABLE: G.B. Canarias Servicios, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35508621.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de noviembre de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en G.B. Canarias propiedad de la interesada, sito en Don Pío Coronado, 98, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6457 procedieron a llevar a cabo la Campaña Nacional de Inspección 2001-2002 de Servicios de Asistencia Técnica (S.A.T.) y a cumplimentar el Protocolo anexo de la misma que forma parte integrante del acta levantada y del cual una vez rellenado se entregó fotocopia junto a la copia correspondiente del acta.

Al respecto se comprobaron los siguientes extremos:

- Se controlaron 4 presupuestos de los antecedentes archivados en 30 días, comprobándose que no figuraban los datos relativos al N.I.F. de la empresa, la marca, modelo y número de serie del aparato y la fecha prevista de entrega y que no existe un escrito de renuncia expresa al presupuesto.

- Se controlaron 4 resguardos de depósito y se comprobó que carecían de los datos relativos al plazo de entrega, bien del presupuesto, bien del aparato reparado y al N.I.F. del S.A.T.

- Se controlaron 4 facturas y se comprobó que en los mismos no figuraban los datos relativos al tiempo de mano de obra empleada y su importe, ni la fecha y firma del responsable del S.A.T.

- Respecto a la información que se debe facilitar al usuario se comprobaron los siguientes extremos:

· En la indicación del precio no se incluye el I.G.I.C. ni se anuncia esta circunstancia indicándose el concepto y tipo a aplicar.

· No se exhiben de forma visible al usuario las preceptivas leyendas indicativas del derecho a presupuesto previo por escrito, obligación al pago del mismo caso de no ser aceptada, garantía de las reparaciones, existencia de Hojas de Reclamaciones, disposición de hoja informativa a domicilio y documentación acreditativa de las piezas de repuesto a disposición del público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 3, 5 y 8 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO

IMPONER A: G.B. Canarias Servicios, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

4) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/22/2002.

RESPONSABLE: Herser 2001, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35678705.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de noviembre de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Herser 2001 propiedad de la interesada, sito en Jesús Ferrer Jimeno, 14, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6459 procedieron a llevar a cabo la Campaña Nacional de Inspección 2001-2002 de Servicios de Asistencia Técnica (S.A.T.) y a cumplimentar el Protocolo anexo de la misma que forma parte integrante del acta levantada y del cual una vez rellenado se entregó fotocopia junto a la copia correspondiente del acta.

Al respecto se comprobaron los siguientes extremos:

- No se confeccionan en todo caso presupuestos previos por escrito salvo renuncia expresa del cliente, el compareciente manifestó que sólo se hacen presupuestos previos en el caso que el cliente lo solicite, en caso contrario el presupuesto se da por teléfono, aquellos que se elaboran se conservan en soporte informático, de los conservados se controlan 2 presupuestos en los que se comprueba que no incorporan la marca, modelo y número de serie del aparato ni el diagnóstico de la avería, tampoco la fecha y firma del responsable del S.A.T., la fecha prevista de entrega, el tiempo de validez del presupuesto ni el espacio reservado para la fecha y firma de aceptación por parte del usuario.

- No se pueden controlar los resguardos de depósito porque no conservan esta documentación durante el plazo mínimo de 6 meses exigidos, el compareciente manifestó que una vez entregado el aparato reparado se destruyen los resguardos.

- Se controlaron 4 facturas de la empresa y se comprobó que en las mismas no figuraban los datos relativos a las operaciones realizadas y su importe, el tiempo de mano de obra empleado y su importe, la marca y modelo del aparato reparado y la fecha y firma del responsable del S.A.T.

- Respecto a la información que debe facilitarse al usuario se comprobó que en el S.A.T. no figuraban visibles al público las preceptivas leyendas indicativas de los derechos del usuario que exige el artº. 8 del Real Decreto 58/1988, regulador de la actividad, también se comprobó en relación a este punto que no figuraban expuestos los precios aplicables por hora de trabajo y por distintos conceptos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 3, 5 y 8 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Herser 2001, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

5) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/79/2002.

RESPONSABLE: Seguridad Vendrell, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35488931.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de diciembre de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Seguridad Vendrell propiedad de la interesada, sito en Vergara, 5, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6551 comprobaron que no disponía del preceptivo cartel informativo del horario de atención al público, o prestación de servicios, visible desde el exterior del establecimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO

IMPONER A: Seguridad Vendrell, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

6) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/83/2002.

RESPONSABLE: Lorenzo Sánchez Montesdeoca.

D.N.I. o N.I.F.: 43282555M.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de enero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el domicilio particular del interesado, sito en la calle Goya, 12, Carrizal, término municipal de Ingenio; y mediante acta levantada al efecto nº 6679 comprobaron que no disponía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Lorenzo Sánchez Montesdeoca.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de julio de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

7) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/84/2002.

RESPONSABLE: Francisco Luis Espino Mesa.

D.N.I. o N.I.F.: 42783370N.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de enero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Autos Central propiedad del interesado, sito en Carlos V, 26, El Carrizal, término municipal de Ingenio; y mediante acta levantada al efecto nº 6572 comprobaron los siguientes extremos en el momento de la inspección:

- El establecimiento carecía del preceptivo cartel con el horario de atención al público expuesto de forma visible.

- Tenía expuestos para la venta al público tres vehículos que carecían del preceptivo marcado de precio de venta, éstos eran: vehículo "Mercedes Benz" matrícula GC-1915-BK, vehículo marca "SEAT" y matrícula 1319 BMY y un vehículo "BMW" que carecía de matrícula.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Francisco Luis Espino Mesa.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de julio de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

8) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/102/2002.

RESPONSABLE: Kai Wohlers.

D.N.I. o N.I.F.: X0842474F.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de enero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Millenium Informática propiedad del interesado, sito en La Unión, 56, término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 6543 comprobaron que las cajas de los artículos expuestos para la venta carecían de los preceptivos marcados de precios de venta. También se comprobó que el apartado de las Hojas de Reclamaciones reservado para la consignación de los datos del establecimiento no estaba previa y debidamente cumplimentado en el momento de la inspección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Kai Wohlers.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

9) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/158/2002.

RESPONSABLE: Masaplan, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35479443.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de febrero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Jet Clean-Don Seco, propiedad de la interesada sito en Menéndez y Pelayo, 23, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6517 comprobaron los siguientes extremos:

- El establecimiento no tenía el horario de prestación de servicios de forma visible desde el exterior.

- No tenía expuestas al público las preceptivas leyendas informativas que exige el artículo 4º del Reglamento regulador de los servicios de limpieza (Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre).

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 6 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 4º del Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nº 285), por el que se aprueba el Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Masaplan, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 360 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

10) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/160/2002.

RESPONSABLE: Press Any Key Informática y Comunicaciones, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35641836.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de febrero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Press Any Key propiedad de la interesada sito en Tomás Morales, 48, local 5, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6775 comprobaron que en el momento de la inspección, tenían a disposición para su venta al público ordenadores que carecían de sus preceptivos datos acerca de las características técnicas y de los manuales de instrucciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Press Any Key Informática y Comunicaciones, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 480 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

11) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/164/2002.

RESPONSABLE: Transmisión Consulting 2000, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35563089.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de febrero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Aloe Vera Center propiedad de la interesada sito en el Centro Comercial Cita, local 181, 2ª planta, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante actas levantadas a los efectos números 6521, 6522 y 6523 comprobaron los siguientes extremos:

- En el acta nº 6521, se comprobó que el establecimiento no tenía a disposición de los clientes, en el momento de la inspección, las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exhibía de forma visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas. Asimismo se comprobó que el cartel de horario de apertura y cierre del establecimiento no se encontraba expuesto de forma perfectamente visible desde el exterior tal y como es preceptivo.

- En las actas 6522 y 6523 se comprobó que tenían expuestos para su venta la público diversos productos y artículos cuyos etiquetados no estaban expresados, tal y como es preceptivo, en Castellano, lengua Española Oficial del estado; tenían en estas circunstancias: Un "pela ajos" marca "Euro Produkt Marketing", un utensilio para preparar zumos sin marca, un tensiómetro "Bonamed Standard", y cajas que contenían "cápsulas de aceite de marca Lachsol".

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 6 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. 168), en concordancia con los artículos 10 y 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Transmisión Consulting 2000, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de agosto de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

12) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/171/2002.

RESPONSABLE: Cafetería Las Delicias, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35548981.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de febrero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Pastelería Cafetería Las Delicias propiedad de la interesada sito en Federico García Lorca, 8, La Minilla, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6822, comprobaron que, en el momento de la inspección no disponían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones para con los consumidores.

También se comprobó que tenían expuestos para su venta al público diversos artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta; tenían en estas condiciones descritas: Envases de "Coca-Cola" de "Pepsi-Cola" de "Fanta", "agua" de distintas capacidades y 10 garrafas de 5 l. cada una de "Agua de Teror".

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5, 6 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Cafetería Las Delicias, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

13) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/172/2002.

RESPONSABLE: Muebles Amaranto, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35334432.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de febrero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Muebles Amaranto propiedad del interesado sito en el Centro Comercial Las Arenas, local 13-34, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6859, comprobaron que, en el momento de la inspección, el apartado de las Hojas de Reclamaciones reservado para los datos de identificación del establecimiento, no estaba previa y debidamente cumplimentado tal y como es preceptivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Muebles Amaranto, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

14) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/180/2002.

RESPONSABLE: Mudanzas Flippers Internacional, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35943717.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de febrero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Mudanzas Flippers propiedad de la interesada sito en la Atalaya, 9, Urbanización Lomo Blanco, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6831, comprobaron que el establecimiento carecía de lista de precios por los servicios prestados a disposición de los clientes y del cartel de horario de atención al público visible desde el exterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y los artículos 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con el artº. 6 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247) por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Mudanzas Flippers Internacional, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 360 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

15) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/238/2002.

RESPONSABLE: A-Team Animación, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35557081.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Inmobiliaria Sweet Home Sweet propiedad de la interesada sito en Avenida Alféreces Provisionales, 26, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante actas levantadas al efecto números 6992 y 6993 comprobaron que, en el momento de la inspección el establecimiento carecía del cartel informador de la disponibilidad para con los clientes de las Hojas de Reclamaciones. También carecía de las propias Hojas de Reclamaciones y del cartel con el horario de atención al público expuesto en lugar visible.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con el artº. 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: A-Team Animación, S.L.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

16) RESOLUCIÓN.

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/307/2002.

RESPONSABLE: Modas París, S.C.P.

D.N.I. o N.I.F.: G35573625.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de mayo de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Modas París propiedad de la interesada sito en el Centro Comercial Yumbo, local 305- 306, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 7564, comprobaron que, en el momento de la inspección, tenían a disposición para su venta al público en el exterior del establecimiento, camisas "Cristian Damichi" y "tops" de señora los cuales carecían de sus preceptivos etiquetados y marcados de precios de venta.

También tenían para su venta al público mecheros "Dora lighters" que no indicaban sus preceptivos precios de venta y consignaban un etiquetado en idioma no oficial del estado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con los puntos 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del artº. 6 del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 170) sobre etiquetado y composición de los productos textiles y el artº. 6 del Real Decreto 396/1990, de 16 de marzo, que modifica el Real Decreto 928/1987 (B.O.E. nº 74).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 24 de octubre de 2002, manifestando en síntesis:

Que las camisas y tops de señora que estaban expuestos en el establecimiento, eran prendas de regalo por la compra de chaquetas de piel, para nuestras clientas.

Los mecheros que no estaban etiquetados en idioma oficial, ni tenían el precio expuesto, era una mercancía que acababa de llegar y no se había procedido a su marcado. Así mismo ese producto ya se ha retirado del establecimiento porque había sido un error de pedido.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que los hechos objeto de este expediente, se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección en su momento levantada y firmada por el compareciente.

Lo cierto es que, en el momento de la inspección, tenían para su venta artículos que carecían de sus preceptivos precios y etiquetados. Ambos extremos son de obligado cumplimiento en aras a una correcta información del consumidor.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales referidos y la interesada es responsable en su comisión en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

IMPONER A: Modas París, S.C.P.

LA SANCIÓN DE MULTA DE: 1.200 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de noviembre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

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