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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución de Acuerdo de inicio de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 28 de noviembre de 2002 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:
Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de reintegro incoado a la entidad Consulting y Desarrollos Informáticos (Cursos Individualizados 96).
Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado que por parte de la entidad Consulting y Desarrollos Informáticos, beneficiaria de una subvención de once millones ciento ochenta y cuatro mil (11.184.000) pesetas, concedida mediante Resolución nº 1.316, de 29 de agosto de 1996, del Director, por la que se resuelve la Orden de 12 de julio de convocatoria para la aprobación de determinadas medidas de actuación dirigidas a la Formación Profesional Ocupacional y para la concesión de las correspondientes subvenciones en el año 1996 (B.O.C. nº 85, de 15.7.96), se ha incurrido en las siguientes causas de reintegro de la referida subvención, incoándose el presente procedimiento con base en los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante Orden de 12 de julio de 1996, se convoca la aprobación de determinadas medidas de actuación dirigidas a la F.P.O. y la concesión de las correspondientes subvenciones en el año 1996 (B.O.C. nº 85, de 15.7.96).
Segundo.- Por Resolución nº 1316, de 29 de agosto de 1996, del Director, por la que se resuelve la Orden de 12 de julio de 1996, de convocatoria para la aprobación de determinadas medidas de actuación dirigidas a la F.P.O. y para la concesión de las correspondientes subvenciones en el año 1996 (B.O.C. nº 85, de 15.7.96), se le asigna a la entidad referenciada los siguientes cursos:
Cuarto.- Liquidada la subvención correspondiente a los cursos impartidos, en función de los gastos efectivamente subvencionables, se le abonó la cantidad de 2.648.370 pesetas.
Quinto.- La entidad presentó los informes de auditoría en cumplimiento a lo establecido en el resuelvo séptimo, párrafo 3, de la citada Resolución nº 1316, de 29 de agosto de 1996.
Sexto.- Sin embargo, no se facilita al auditor la documentación referente a "controles de asistencia", por no haberse quedado el Centro con fotocopias de la documentación entregada al ICFEM. Una vez examinada dicha documentación por este Centro Gestor, se advierte que para el curso número 35961143, denominado "Operador de Ordenadores", el número total de horas realizadas ascendería a 165, y el número total de alumnos finalizados resultarían 8, con lo cual la liquidación por este curso atendería al siguiente detalle:
Nº curso: 35961143.
Gastos parte A: 339.240.
Gastos parte B: 407.880 .
GDJ: 0.
Total: 747.120.
Séptimo.- Teniendo en cuenta que en su día se liquidó este curso por un total de 1.005.216 pesetas, atendiendo al certificado de gastos presentado por la entidad, donde figuraban 222 horas realizadas, resultaría un total a reintegrar por la entidad de 258.096 pesetas, cantidad que se corresponde con la diferencia entre 1.005.216 y 747.120 pesetas.
Octavo.- El citado Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de reintegro fue notificado mediante correo certificado con acuse de recibo, no pudiendo practicar la notificación dado que el Servicio de Correos extendió diligencia donde recogió "se ausentó sin dejar señas".
Noveno.- Transcurrido el plazo para resolver el expediente incoado a la entidad se procedió a declarar la caducidad mediante resolución nº 02-35/3565, de fecha 17 de octubre de 2002.
Por todo lo expuesto, se dicta este Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo, según establece el artº. 69.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPAC) (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), con base a los siguientes:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El régimen jurídico aplicable se establece en la base específica 2ª de la referida Orden de Convocatoria de 12 de julio de 1996, y es el que a continuación se relaciona:
La aprobación de las medidas de actuación y la concesión de las subvenciones se regirán por lo dispuesto en los artículos 52 y 52 bis de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los Decretos 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. de 13 de febrero), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 70/1996, de 18 de abril, por el que se regulan las medidas de actuación dirigidas a la formación profesional ocupacional en la Comunidad Autónoma de Canarias, y en las bases generales aprobadas por Orden de esta Consejería nº 246, de 10 de julio de 1996 (en adelante, bases generales).
En cuanto al régimen sustantivo de las acciones, serán aplicables, igualmente, el Real Decreto 631/1993, y la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994 (B.O.E. de 28), por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, citado, modificada por la de 20 de septiembre de 1995 (B.O.E. de 14 de octubre).
Y las demás normas de general y pertinente aplicación.
Segundo.- Las supuestas deficiencias podrían dar lugar al reintegro que asciende a un importe de 258.096 pesetas, con base a lo establecido en el artº. 32.1.b) y c) del citado Decreto 6/1995, de 27 de enero, donde se recoge que, "No será exigible el abono de la ayuda o subvención o, en su caso, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono de la ayuda o subvención, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: b) El incumplimiento del destino de los fondos públicos a la realización de la actividad o adopción de la conducta o de las condiciones establecidas en la resolución de concesión. c) El incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en concepto de subvención".
Por cuanto antecede, de conformidad con los citados artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, en relación con lo dispuesto en el artº. 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el artº. 81 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (B.O.E. de 29 de septiembre de 1988) y en uso de las competencias atribuidas a esta Dirección por los artículos 14 y 25.1 del Decreto 198/1994, de 30 de septiembre y por el artº. 33.2 del citado Decreto 6/1995.
R E S U E L V O:
Primero.- Iniciar procedimiento de reintegro por importe de doscientas cincuenta y ocho mil noventa y seis (258.096) pesetas a la entidad Consulting y Desarrollos Informáticos, en relación con la citada subvención, por las causas mencionadas, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Abrir trámite de audiencia, según establece el artº. 84 de la LPAC, y el artº. 33.2 del citado Decreto 6/1995, de 27 de enero, para que en el plazo de diez días, computados a partir del día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, el interesado en el expediente de referencia pueda tomar audiencia y vista del expediente y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinente.
Notifíquese este Acuerdo al interesado en el expediente respectivo, con la indicación de que contra el mismo, por ser acto de trámite no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la LPAC, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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