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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 28 de noviembre de 2002 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:
Orden por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por D. Blas Brito Cañada, en nombre y representación de la empresa Representaciones Bicej, S.L., contra la Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 35/0756, de 12 de abril de 2000.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Blas Brito Cañada, en nombre y representación de la empresa Representaciones Bicej, S.L., con C.I.F. nº B-35105915 y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle San Sebastián, 3, código postal 35500, Arrecife de Lanzarote, el día 1 de mayo de 2000 en la Oficina de la ACE de Arrecife de Lanzarote, teniendo entrada en el ICFEM el día 25 de mayo de 2000, registro de entrada nº 4.880, contra la Resolución nº 35/0756 de 12 de abril de 2000, del Director del ICFEM relativa al expediente 10.728/96/S (anexo IV)-Conversión de puestos de trabajo temporales en indefinidos. En aplicación de la normativa vigente resulta:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución nº 1626, de 4 de diciembre de 1997, del Director, se concedió a la entidad Representaciones Bricej, S.L., una subvención de setecientas setenta y nueve mil cuarenta (779.040) pesetas, por la creación de un nuevo puesto de trabajo con carácter indefinido, con cargo a la aplicación presupuestaria 103.322C.J.470.00, Línea de Actuación 23.4261.02, denominada "Acciones que propicien el fomento del empleo (contratación de jóvenes)", de conformidad con lo establecido en el Decreto 69/1996, de 18 de abril, por el que se regulan los Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social (B.O.C. nº 55, de 6.5.96) y demás normas reguladoras de subvenciones públicas.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de las subvenciones concedidas era la Conversión de un puesto de trabajo con carácter indefinido. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos: artículo 14 y siguientes del Decreto 69/1996, de 18 de abril, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones para 1996, según los establecido en el punto sexto de la Resolución de concesión y el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tercero.- Mediante Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro, de fecha 17 de noviembre de 1999, se inició de oficio procedimiento para el reintegro de subvención, al haber incurrido el beneficiario en las causas determinantes del reintegro que en le citado acuerdo se mencionaban, con la indicación de que, en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.
Cuarto.- El 16 de diciembre de 1999, el beneficiario presentó alegaciones manifestando su oposición al procedimiento de reintegro por los siguientes motivos: "no haber incumplido la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones", aportando documentación acreditativa de sus alegaciones.
Tras el examen de las mismas se le requiere para que complete la documentación aportada en un principio, cosa que hace mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2000. No obstante, el interesado no presenta toda la documentación requerida, restándole por presentar copias compulsadas del Libro de Matrícula del Personal de la empresa subvencionada y Certificado de Inem del trabajador D. Francisco J. Robayna Callero, acreditativo de encontrarse en el desempleo en el momento de su contratación.
Quinto.- Por Resolución nº 35/0756, de 12 de abril de 2000, notificada el día 28 de abril de 2000, se acuerda el reintegro de la subvención concedida, al quedar probado el incumplimiento por parte del interesado de la prevención contenida en el artículo 14 del Decreto 69/1996, de 18 de abril, citado supra "Los perceptores de las subvenciones deberán presentar, al objeto de justificar los fondos recibidos anualmente y durante los tres años siguientes a la fecha de contratación (o conversión), ante el ICFEM, certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste la relación de trabajadores por los que ha cotizado la empresa (V.I.L.E.), junto con la copia del Libro de Matrícula compulsada con su original", resultando que,
1.- El interesado no ha presentado copias compulsadas del Libro de Matrícula de personal.
2.- Asimismo, de la documentación aportada por el interesado, se desprende que en fecha 7 de enero de 1998, se procede a la baja de Bladimir Pérez Cubas, siendo presuntamente sustituido por Francisco J. Pérez Robayna. No obstante, el alta de este trabajador es de fecha 5 de enero de 1998, esto es, antes de la baja del anterior, con lo que no estaríamos ante una verdadera sustitución. Por otra parte, no se aporta Certificación del Inem, acreditativo de que Francisco J. Robayna se encontraba en el desempleo en el momento de su contratación.
Sexto.- El 17 de mayo de 2000 el interesado interpuso recurso de alzada contra la citada Resolución nº 596, de 22 de febrero de 1999 en la Oficina de la AZCE de Arrecife de Lanzarote, teniendo entrada en el ICFEM el día 25 de mayo de 2000, con registro de entrada nº 4.880, en el que, en síntesis, realiza las siguientes alegaciones:
- Que la no aportación del Libro de Matrícula de la empresa y la certificación del Inem de que el trabajador D. Francisco Javier Robayna Callero se encontraba inscrito en sus oficinas en la fecha de la contratación no puede ser constitutivo de una falta tan grave como para hacer perder la subvención concedida en su día, documentos que además son totalmente intrascendentes. En todo caso, aportan copia compulsada del Libro de Matrícula del Personal de la empresa y Certificado del Inem de períodos de inscripción del trabajador Francisco Javier Robayna Callero.
- Que la sustitución del trabajador Bladimir Pérez Cubas fue correcta. La Baja de éste y el Alta de Francisco Javier Robayna Callero se produjeron el mismo día, 5 de enero de 1998. Ahora bien, como estaba por medio el día 6 de enero, festividad de la Reyes Magos, cuando se da baja al sustituido, Bladimir Pérez Cubas, se hizo con fecha 7 de enero, sin duda por error de la Gestoría actuante, al no pensar en la trascendencia que ello originaría; de la misma manera que en la certificación del Inem se dice que el trabajador sustituto, Francisco Javier Robayna Callero, estuvo inscrito hasta el día 7 de enero, fecha en que se comunicó al Inem la contratación de esta persona, con efectos del 5 de enero, pero que sin duda el Inem lo dio de baja en sus archivos con efectos del día 7 de enero.
A los anteriores Antecedentes de Hecho le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente para conocer del presente recurso el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, conforme a lo dispuesto en el artº. 29.1.e) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el artº. 2.2 del Decreto 329/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y con el artº. 10, apartado 3, de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación del Instituto Canario De Formación y Empleo modificada por la Ley 6/1996, de 30 de diciembre.
Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 69/1996, de 18 de abril, por el que se regulan los programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social, los perceptores de las subvenciones deberán presentar, al objeto de justificar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo anterior, anualmente y durante los tres años siguientes a la fecha de contratación objeto de la subvención, ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste la relación de trabajadores por los que ha cotizado la empresa, junto con copia del Libro de Matrícula compulsada con su original. Por tanto, el Libro de Matrícula no es un documento intrascendente, como señala el recurrente, sino uno de los dos documentos que debe aportar el interesado anualmente y durante tres años para justificar la subvención concedida. En este sentido, el interesado no sólo no aportó dicha documentación justificativa anualmente y durante tres años, sino que ni siquiera la presentó cuando por parte del ICFEM se le inició Procedimiento de Reintegro mediante Resolución nº 2.776, de 17 de noviembre de 1999. Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1, párrafo 2º de la Ley 30/1992, de 13 de enero, no se tendrá en cuenta en la resolución del presente recurso la copia del Libro de Matrícula aportada junto al escrito de interposición del recurso.
Tercero.- El artículo 15 del Decreto 69/1996, de 18 de abril, establece que en caso de que la relación laboral que dio origen a la subvención antes de los tres años, el beneficiario deberá cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador contratado por tiempo indefinido. Asimismo señala que la sustitución debe realizarse en el plazo máximo de un mes contado desde la extinción del contrato anterior. Por tanto, la normativa exige que la sustitución sea posterior a la baja del contrato inicial, de tal manera que el nuevo contrato se realice para cubrir el puesto de trabajo que ha quedado vacante. Por consiguiente, la sustitución del trabajador Bladimir Pérez Cubas, cuya baja se produjo el día 7 de enero de 1998, por Francisco Javier Robayna Callero, el cual fue dado de alta el día 5 de enero de 1998, no es correcta, pues el alta del sustituto es anterior a la baja del inicial. Se contrató a Francisco Javier Robayna Callero para ocupar un puesto de trabajo que no estaba vacante, sino ocupado por Bladimir Pérez Cubas. Así lo reconoce el propio recurrente, cuando señala que fue un error de la gestoría.
Visto los preceptos legales citados y las demás normas de general y pertinente aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Blas Brito Cañada, en nombre y representación de la empresa Representaciones Bricej, S.L. contra la Resolución nº 35/0756, de 12 de abril de 2000, del Director del ICFEM relativa al expediente 10.728/96-Conversión de puestos de trabajo temporales indefinidos.
Segundo.- Establecer el reintegro de la subvención concedida en cuantía de cuatro mil seiscientos ochenta y dos con doce céntimos (4.682,12 euros) más setecientos cincuenta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos (754,82 euros), en concepto de intereses legales de demora, devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de la Orden y calculadas aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta Orden no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento denunciado y que se exigirá, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- El reintegro, que deberá efectuarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la presente Orden, y ser comunicado al ICFEM, deberá efectuarse en la cuenta corriente que se indica:
Caja Insular de Ahorros de Canarias 2052 8130 24 3510002204.
A fin de cumplimentar la obligación de comunicación del reintegro, se acompaña a la presente modelo de "Comunicación de Reintegro de Subvención", que deberá presentarse en el ICFEM, adjuntando la fotocopia del documento de "abonaré" emitido por el Banco o Caja donde se haya realizado el ingreso.
La falta de pago en los plazos señalados motivará la apertura del procedimiento recaudatorio por la vía de apremio. La deuda en descubierto se incrementará con el recargo de apremio, intereses de demora y costas que en cada caso sea exigibles.
Notifíquese la presente al interesado con la indicación de que contra la misma, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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