Estás en:
No habiéndose podido notificar a Dña. Raquel Pérez Hernández en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, hoy Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 657/01-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. Raquel Pérez Hernández la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1703, de fecha 11 de septiembre de 2002, recaída en el expediente 657/01-U, y que dice textualmente:
"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a Dña. Raquel Pérez Hernández, por la ejecución de obras en suelo rústico, consistentes en la ampliación de una vivienda sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, en el lugar denominado "Inmediaciones del Camino La Escuela nº 3", en el término municipal de Breña Alta.
Vistos, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 10 de agosto de 2001, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución nº 1281, notificada el día 24 de agosto de 2001, por la que se acordó suspender las obras anteriormente descritas, proceder al precinto de las mismas, requerir al afectado para que en el plazo de tres meses instará la legalización de las obras objeto de este expediente, así como requerir al Ayuntamiento para que ejerciera las competencias municipales en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística vigente.
Segundo.- Con fecha 14 de marzo de 2002, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, ante la inactividad municipal en el ejercicio de sus competencias, por Resolución nº 515, notificada el día 26 de marzo, acordó incoar el oportuno expediente sancionador contra Dña. Raquel Pérez Hernández.
Tercero.- Por el Instructor del expediente se formuló como propuesta de resolución la imposición de una multa de cuarenta y cinco mil trescientos nueve euros con treinta y un céntimos de euro (45.309,31 euros) correspondiente al valor de la obra ejecutada a Dña. Raquel Pérez Hernández, como responsable de una infracción urbanística, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras en Suelo Rústico, objeto del expediente, así como acordar la demolición de las obras ilegalmente construidas.
Cuarto.- Con referencia al citado expediente, el día 10 de junio de 2002, la interesada presenta escrito de alegaciones en el que, sucintamente, expone que:
- Que la sanción debería ser impuesta en su grado mínimo conforme a lo establecido en el artículo 198 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, dado que se encuentra acreditado en el expediente la paralización de las obras y cese de la actividad de modo voluntario tras la inspección y pertinente advertencia del agente de la autoridad, sin que se cause daño grave a los intereses públicos afectados.
- Que se ha solicitado la Calificación Territorial ante el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, debiéndose dejar pendiente expresamente las medidas procedentes para el restablecimiento del orden jurídico infringido hasta que recaiga resolución en el procedimiento de legalización.
- Que las obras ejecutadas corresponden a un ampliación de la vivienda de 57,56 m2 y no una edificación de nueva planta de 97 m2.
- Que conforme al Plan General de Ordenación Urbana de Breña Alta en trámite, el suelo donde se ubica la edificación, tiene la calificación de Asentamiento Rural, permitiéndose la edificación de viviendas unifamiliares, por lo que podrá ser legalizable las obras ejecutadas.
- Que se tome en consideración la circunstancia atenuante, prevista en el artículo 198.a) del citado Decreto, la ausencia de intención de causar una daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados.
- Se solicita la prescripción de la infracción, ya que las obras estaban terminadas en junio de 1999, sólo pendiente de pintura exterior de la edificación, tal y como se acredita con las facturas que se adjuntan al presente escrito.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre de 2001, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo antes mencionado.
III.- Las alegaciones del interesado no pueden modificar la determinación inicial de los hechos, ni su calificación, toda vez que:
- Desde el momento que se ejecutaron las obras sin licencia ni calificación territorial, se produjo la infracción urbanística, independientemente de que las obras efectivamente ejecutadas consistieran en la edificación de nueva planta o en la ampliación de una vivienda ya existente pues ambas construcciones exigen los títulos habilitantes señalados de los que carece la interesada, pues sólo consta de licencia para obra menor de acondicionamiento.
- El hecho de que las obras pudieran ser en un futuro legalizable con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Breña Alta, en trámite, no evita la efectiva comisión de la infracción urbanística ya que las obras se ejecutaron sin contar con las autorizaciones preceptivas.
- En cuanto a la apreciación de la circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.a), la misma puede apreciarse porque la interesada pudo entender que las obras ejecutadas se amparaban en la licencia obtenida por lo se tendrá en cuenta en la determinación definitiva de la sanción.
- En cuanto a la prescripción de la infracción señalar que consta en el expediente administrativo, informe técnico en el que se señala que realizada visita de inspección el 13 de septiembre de 2001, la obra se encontraba recientemente terminada por lo que si tomamos como referencia dicha fecha, en ningún modo puede entenderse prescrita la infracción, pues el procedimiento sancionador se incoó el 14 de marzo de 2002, no habiendo aún transcurrido los dos años señalados por la ley. No pudiendo entenderse acreditada la antigüedad de la vivienda, y con ello la prescripción de la infracción por la mera presentación de las facturas, ya que no prueban cuando se acabaron efectivamente las obras sino cuando se realizó el pago de las mismas.
IV.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202.3.b) del reiterado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras.
V.- De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de seis mil diez euros con trece céntimos de euro, correspondiente al mínimo de la sanción exigida a Dña. Raquel Pérez Hernández en calidad de promotora-titular del suelo, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Acordar la demolición de las obras objeto de este expediente. Y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Esta medida queda expresamente en suspenso hasta que recaiga resolución en el procedimiento de legalización instado por el interesado, de conformidad con el artículo 179.2 de Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la interesada y al Ayuntamiento de Breña Alta.
La multa se deberá abonar en la Caja General de Ahorros de Canarias (CajaCanarias) en la cuenta corriente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 20650117381114000797 debiéndose presentar ante ese Organismo, el justificante del ingreso realizado, haciendo constar en el mismo el número del expediente, el nombre y apellidos del denunciado.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de 2002.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
© Gobierno de Canarias