No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra los mismos, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
RESOLUCIÓN
Visto el Expediente nº: 38/765/2001.
INSTRUIDO A: José Javier Ayllon Felipe.
D.N.I.-N.I.F.: 03101159T.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de octubre de 2001 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Infinity System Canarias del que es titular José Javier Ayllón Felipe, con domicilio en la calle García Morato, 9, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 3491 para comprobar la reclamación nº 1359/01 formulada por Almudena Villalonga Duarte, con D.N.I. nº 14.958.579, relativa a la negativa a facilitarle una hoja de reclamaciones que había solicitado tras las reiteradas averías que presentaba un ordenador portátil que había adquirido en esa empresa.
Personado el Inspector actuante comprueba la veracidad de las alegaciones vertidas por el reclamante, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por carecer de las referidas hojas de reclamaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable lo establecido en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 63, de fecha 17 de mayo de 2002, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a José Javier Ayllon Felipe la sanción de multa de doscientos cuarenta euros con cuarenta céntimos (240,40 euros), cuarenta mil (40.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE nº: 38/692/2001.
INSTRUIDO A: Insular S.A.T., S.L. S.A.T.
D.N.I.-N.I.F.: B38319539.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de agosto de 2001 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de servicio de asistencia técnica del que es titular Insular S.A.T., S.L., con domicilio en Avenida de Los Majuelos, 51, Taco, del término municipal de La Laguna y extiende el acta 3464 para comprobar la reclamación nº 983/01 formulada por Giuseppe Cattarossi Clemente, con documento de identidad nº X-0235162-X, relativa a la reparación de una lavadora, sin elaborar presupuesto previo, no extendiéndole factura por los trabajos realizados.
De las actuaciones Inspectoras llevadas a cabo se comprueba que el resguardo de depósito extendido por el prestador del servicio carece de número de orden correlativo y fecha prevista de entrega, bien del presupuesto previo solicitado, bien del aparato ya reparado, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 3.11 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 63, de fecha 17 de mayo de 2002, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 31 de mayo de 2002, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Insular S.A.T., S.L. la sanción de multa de doscientos setenta (270) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía Administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de agosto de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE nº: 38/39/2002.
INSTRUIDO A: Estilo Janat, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38505095.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de noviembre de 2001 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Calzados Jana del que es titular Estilo Janat, S.L., con domicilio en la Rambla de Pulido, 36, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 5534 para comprobar la reclamación nº 1448/01 formulada por Dña. María Martínez Ramírez, con documento de identidad nº X-2661392-L, relativa la negativa a devolverle el importe del precio de unos zapatos adquiridos al establecimiento -8.975 pesetas-, una vez que le habían extendido un vale y no encontrar otro artículo para canjearlo.
Personado el Inspector actuante comprueba que este establecimiento carece de hojas de reclamaciones y no figura expuesto el cartel anunciador de su disponibilidad, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable lo establecido en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 21 de marzo de 2002 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Estilo Janat, S.L. la sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
RESOLUCIÓN
Visto el EXPEDIENTE nº: 38/147/2002
INSTRUIDO A: C. & I. Servicios del Gas, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B07974801.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de diciembre de 2001 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Compañía Insular del Gas, S.L., con domicilio en Pasaje 2ª Rabina, 2, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y extiende el acta nº 5564 procediendo a comprobar la reclamación nº 836/01, formulada por Dña. Jorgina Melián Toledo, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa al no entregarle presupuesto previo, obligándole a firmar el mismo y la factura una vez realizado el trabajo.
Personado el Inspector actuante se constata que el establecimiento reclamado no tiene consignados sus datos identificativos en las Hojas de Reclamaciones que tiene a disposición de los consumidores, siendo este hecho constitutivo de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable lo establecido en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 4 de junio de 2002 por personal al servicio de esta Dirección General, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a C. & I. Servicios del Gas, S.L. la sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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