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BOC Nº 009. Miércoles 15 de Enero de 2003 - 189

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

189 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de noviembre de 2002, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra los mismos, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que le han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN

Visto el expediente nº: 35/32/2002.

Responsable: Servicios Miguel GR, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35652486.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de noviembre de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Micronorte, propiedad de Servicios Miguel GR, S.L., sito en la calle Drago, 11, término municipal de Gáldar; y mediante acta levantada al efecto nº 6470 procedieron a llevar a cabo la Campaña Nacional de Inspección 2001-2002 de Servicios de Asistencia Técnica (S.A.T.) y a cumplimentar el Protocolo anexo de la misma que forma parte integrante del acta levantada y del cual una vez rellenado se entregó fotocopia junto a la copia correspondiente del acta.

Al respecto se comprobaron los siguientes extremos: 1) No se confeccionaba siempre, salvo renuncia expresa del usuario por escrito, el preceptivo presupuesto previo por escrito, el compareciente en la inspección manifestó en relación a este asunto que los presupuestos se dan verbalmente, que sólo se dan por escrito a instancias del usuario y ésto ocurre muy raramente.

2) Respecto a los resguardos de depósito, se incumplían la obligación de conservar la documentación durante un plazo mínimo de 6 meses, el compareciente manifestó que éstos se entregan siempre, pero que una vez se devuelve el equipo reparado se destruyen.

3) Respecto a la información que deben facilitar al usuario se comprobaron los siguientes extremos:

- No figuraban expuestos los precios aplicables por hora de trabajo, ni los de otros servicios ofertados en su caso, no se informaba de los gastos de transporte o desplazamiento, de los posibles recargos, ni se indicaba la inclusión en el precio del I.G.I.C. o la no inclusión con expresión del concepto y tipo aplicable.

- No exhibían de forma visible al público las preceptivas leyendas informativas que recogen el derecho del usuario a la elaboración de presupuesto por escrito, garantía de las reparaciones, disponibilidad de hojas de reclamaciones y obligación de pago del presupuesto elaborado y no aceptado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículos 3 y 8 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Servicios Miguel GR, S.L. la sanción de multa de 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de agosto de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

2) RESOLUCIÓN

Visto el expediente nº: 35/108/2002.

Responsable: Estudios Inmobiliarios de Lanzarote, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35688779.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de enero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Inmobiliaria Lanzarote, propiedad de Estudios Inmobiliarios de Lanzarote, S.L., sito en la calle San Borondón, s/n, término municipal de San Bartolomé; y mediante acta levantada al efecto nº 6660 procedieron a cumplimentar la Campaña Nacional de Inspección de Vivienda 2001-2002 y a rellenar el protocolo adjunto de la Campaña, el cual consta de cinco (5) hojas numeradas que se unen al acta como parte inseparable de la misma formando un solo cuerpo, y por tanto, un solo documento.

Al respecto se comprobaron los siguientes extremos acerca de la promoción, publicidad y venta de cinco apartamentos en la calle Cordel de Playa Honda-Lanzarote:

1.- Respecto a la información sobre licencias, autorizaciones y obligaciones de la vivienda, la empresa no tenía a disposición del público o de las autoridades competentes la preceptiva información referente a:

- Estatutos y normas de funcionamiento de la Comunidad de propietarios.

- Extracto de cuentas y obligaciones de la vivienda.

- Precio total de la venta incluyendo los honorarios del agente comercial y el impuesto de transmisiones patrimoniales, el I.G.I.C. y el 0,5 de actos jurídicos documentados.

- Nombre de la entidad garante y nombre banco o caja donde ingresar las cantidades anticipadas.

- Cláusula en la que conste la devolución de las cantidades anticipadas más los intereses en caso de no formalizarse el contrato.

- En el aplazamiento de pago faltaba la información relativa al tipo de interés aplicable, las cantidades y fechas de vencimiento del principal e intereses así como los medios de pago admisibles para las cantidades aplazadas.

- En la subrogación del consumidor en operación de crédito no concertada por él con garantía real sobre la vivienda faltaba la información relativa al notario autorizante de la escritura y la fecha y formalización de la escritura.

2.- Respecto a la información en el contrato, la empresa no tenia a disposición del público o de las autoridades competentes la información relativa a:

- Las referencias que deben constar específicamente a los artículos 1279 y 1280.1º del Código Civil.

- El propio período de validez de la información.

- Una redacción de los documentos clara y sencilla sin referencia o remisión a textos o documentos que no se facilitasen previa o simultáneamente a la celebración del contrato.

3.- Respecto a la información en folletos que se entregan al consumidor no se hacían constar los datos claros y detallados respecto al precio total de venta y su forma de pago y no constaba documento en el que se formalizasen las garantías entregadas a cuenta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril (B.O.E. nº 117), sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Estudios Inmobiliarios de Lanzarote, S.L. la sanción de multa de 1.200 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

3) Resolución

Visto el expediente nº: 35/128/2002.

Responsable: T Shirt Lanzarote, S.C.P.

D.N.I. o N.I.F.: G35137629.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de enero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en BabyÕs Club, propiedad de T. Shirt Lanzarote, S.C.P., sito en el Centro Comercial Arrecife, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 6659 comprobaron que, en el momento de la inspección, no se encontraba expuesto en lugar visible, el preceptivo cartel anunciador de las hojas de reclamaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a T Shirt Lanzarote, S.C.P. la sanción de multa de 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

4) RESOLUCIÓN

Visto el expediente nº: 35/151/2002.

Responsable: Mimoun Salem.

D.N.I. o N.I.F.: X1408338W.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de febrero de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en FishÕh Chips Pizzas, propiedad de Mimoun Salem, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, local 448, término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 6773 comprobaron que, en el momento de la inspección, no exponían en lugar visible el preceptivo cartel anunciador de la existencia y disponibilidad de las hojas de reclamaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Mimoun Salem la sanción de multa de 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

5) RESOLUCIÓN

Visto el expediente nº: 35/207/2002.

Responsable: Autos Juan Suárez Noroeste, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35587419.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de marzo de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Autos Juan Suárez Noroeste propiedad de la interesada sito en Médico Martinón León, 13, bajo, término municipal de Gáldar; y mediante acta levantada al efecto nº 7136, comprobaron que, en el momento de la inspección, el establecimiento no tenía expuesto en lugar visible el preceptivo cartel anunciador de la existencia de hojas de reclamaciones.

Asimismo, se comprobó que el apartado de las hojas de reclamaciones reservado para los datos de identificación de la empresa, no estaba previa y debidamente cumplimentado tal y como es preceptivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Autos Juan Suárez Noroeste, S.L. la sanción de multa de 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

6) RESOLUCIÓN

Visto el expediente nº: 35/220/2002.

Responsable: Electrónica Hermanos Cabrera, S.C.P.

D.N.I. o N.I.F.: G35295088.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de marzo de 2002, inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Electrónica Hermanos Cabrera propiedad de la interesada sito en el Centro Comercial Eurocenter, local 159 y 168, Avenida de Moya, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 6970 comprobaron los siguientes extremos:

- El establecimiento carecía del preceptivo cartel o leyenda indicativa al usuario de la existencia de hojas de reclamaciones a su disposición.

- No exhibía los precios aplicables por tiempo de trabajo.

- En los resguardos de depósito no figuraban los preceptivos datos referentes a la fecha prevista de entrega del aparato o el plazo de entrega del mismo. Igualmente se comprobó que los mismos no estaban firmados ni por el usuario ni por la persona autorizada o responsable del SAT. Un modelo de resguardo de depósito fue adjuntado al acta como muestra.

- En los presupuestos observados no aparecían desglosados los precios a cobrar por mano de obra y piezas, ni aparecían la fecha prevista de entrega ni el tiempo de validez del propio presupuesto.

- En las facturas no se indicaba el tiempo empleado con la mano de obra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5, 6 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 3, 5 y 8 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE:el día 9 de agosto de 2002, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Manifiesta que desea expresar su sorpresa por lo expuesto en él, no entiendo como habiendo calificado la infracción como leve, acto seguido se sanciona con la cantidad indicada. Máxime cuando nuestra tranquilidad en cuanto a cumplir con la normativa se debía a que tiempo atrás habíamos recibido la visita de otro inspector de consumo y no observo ninguna anomalía, o al menos no la comunico, salvo que se actualizara la fecha de la lista de precios de las reparaciones.

De hecho todos los puntos que él observó y comentó que debían corregirse, ya se han corregido, como es el cartel de existencia de hojas de reclamación.

Igualmente se han confeccionado nuevos talonarios de factura y de recogida de aparatos con las correcciones indicadas.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, los hechos objeto de este expediente, se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección, en su momento levantada y firmada.

Estos hechos son claros y como tales han sido transcritos al acuerdo de iniciación notificado, lo cierto es que, en el momento de la inspección, existían diversas irregularidades en cuanto al cartel de hojas de reclamaciones, precios aplicables, resguardos de depósito, presupuestos y facturas.

Los hechos referidos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expuestos y la interesada es responsable en su comisión, en tanto y cuanto, ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

En lo relativo a la cuantía de la sanción, la misma, previa calificación de la infracción como leve, respeta y se adecua al principio de proporcionalidad y resto de criterios referidos en el acuerdo notificado, en atención al carácter básico de los derechos del consumidor afectados y a la multitud de hechos infractores, todo ello dentro de un margen legal extensible a los 3.000 euros.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Electrónica Hermanos Cabrera, S.C.P. la sanción de multa de 600 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

7) RESOLUCIÓN

Visto el expediente nº: 35/248/2002.

Responsable: C & A Modas, S.A. y Cía. S. en C.

D.N.I. o N.I.F.: D28757730.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de abril de 2002, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en C & A, propiedad de C & A Modas, S.A. y Cía. S. en C., sito en el Centro Comercial La Ballena, local 112 del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante actas levantadas a los efectos números 7476 y 7477 comprobaron que, en el momento de la inspección, no tenían expuesto el preceptivo cartel anunciador de la existencia y disponibilidad de las hojas de reclamaciones para con los clientes.

Asimismo, el apartado de las hojas de reclamaciones reservado para los datos de identificación de la empresa o establecimiento, no estaba previa y debidamente cumplimentado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE:el día 17 de septiembre de 2002, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

En cualquier caso, mencionar que hechos como el ahora imputado no son habituales en el proceder de mi representada, y que la alegada carencia o ausencia de cartel anunciador de las hojas de reclamaciones fue totalmente transitoria, y debida exclusivamente a que en dichas fechas, coincidentes con el inicio de la nueva temporada primavera/verano, se estaba procediendo a la renovación de toda la cartelería informativa de la tienda.

En definitiva, si bien en ese preciso momento no se disponía del cartel anunciador, si que se encontraban a disposición del público las preceptivas hojas de reclamaciones, y si bien es cierto que las mismas no estaban previamente cumplimentadas por la empresa, ello se debe a una ignorancia del personal de la tienda sobre este extremo.

De ello se desprende que mi representada cumple escrupulosamente la normativa de protección al consumidor.

De lo expuesto no puede sino deducirse el carácter de "anómalo" y "aislado" de los hechos por los que se pretende sancionar a mi representada.

Por ello, dada la escasa entidad o trascendencia del hecho imputando, y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, estimamos desproporcionada la sanción pecuniaria que se propone.

Estimamos, pues, que ha quedado acreditada la improcedencia de imponer sanción alguna a mi representada, máxime cuando, al día siguiente de ser levantadas las Actas origen del presente procedimiento, se procedió a subsanar las deficiencias detectadas en las mismas.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que los hechos objeto de este expediente, se recogen de forma clara y objetiva en las actas de inspección, en su momento levantadas y firmadas por el compareciente.

La normativa exige la exhibición al público del cartel anunciador de las hojas de reclamaciones, así como la cumplimentación de las mismas como garantía de que el consumidor recibe la correcta información sobre su legítimo derecho a reclamar.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expresados y la interesada es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a C & A Modas, S.A. y Cía. S. en C. la sanción de multa de 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

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