Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 13 de agosto de 2002 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:
Resolución del Presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo y, por delegación de éste, del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones, incoado a la entidad Construcciones y Promociones Marolanza, S.L.
Examinado el expediente administrativo nº 96-8319, iniciado por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo a la citada entidad, referente a reintegro de subvención concedida, resultan los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución 224, de fecha 5 de marzo de 1998, del Director del Instituto Canario de Formación de Empleo se concedió a Construcciones y Promociones Marolanza, S.L., una subvención por importe de diez millones quinientas diecisiete mil cuarenta (10.517.040) pesetas (63.208,68 euros), de las cuales, 1.168.560 pesetas fueron por la conversión de 2 puestos de trabajo temporal en indefinido, con cargo a la aplicación presupuestaria 103.322 C.J.470.00. L.A. 23426202 (Contratación de Jóvenes), y 9.348.480 pesetas, lo fueron por la conversión de 12 puestos de trabajo temporales en indefinidos, con cargo a la aplicación presupuestaria 103.322C.I.470.00 L.A. 23426102 (Contratación de Mayores), de conformidad con lo establecido en el Decreto 69/1996 de 18 de abril (B.O.C. nº 55, de 6.5.96) y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la conversión de puestos de trabajo temporales en indefinidos. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos: resuelvos 5º y 6º de la resolución de concesión, en concordancia con lo establecido en el Decreto 69/1996, de 18 de abril, ambos citados, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el Régimen General de Ayudas y Subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), y demás normativas de pertinente y general aplicación.
Tercero.- Mediante Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro nº 01-35/2694, de 19 de octubre de 2002, publicado por ignorado domicilio en el Boletín Oficial de Canarias nº 89, de fecha 1 de julio de 2002, y el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote por un período de 15 días, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se inició procedimiento para el reintegro de la subvención, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en el citado acuerdo se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.
Cuarto.- El interesado, al día de la fecha, no ha presentado alegaciones ni ningún tipo de documentación justificativa, en los términos establecidos en la Resolución de concesión y normativa aplicable.
A estos antecedentes, son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El órgano competente para acordar el reintegro de la subvención concedida a Construcciones y Promociones Marolanza, S.L., mediante Resolución nº 224, de 5 de marzo de 1998, es el Director del ICFEM, a tenor de lo previsto en el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, citado, en la relación directa con la Disposición Transitoria 1ª del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se regula actualmente el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Segundo.- En los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, citado, y las contenidas en la normativa reguladora de la respectiva convocatoria, Decreto 69/1996, de 18 de abril, y la propia Resolución de concesión.
Tercero.- Visto el expediente de referencia y observadas las disposiciones mencionadas, procede acordar el reintegro de la subvención concedida, por cuanto de la documentación obrante en el expediente que nos ocupa se deriva el incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones (Decreto 69/1996 y Resolución de concesión), y ha quedado probado en los siguientes términos:
Del examen de la documentación obrante en el expediente de referencia, se deriva que el interesado ha incumplido la prevención establecida en el resuelvo sexto apartado b) de la Resolución de concesión, que establece la obligación, por su parte, de "presentar, ante el ICFEM, anualmente y durante los tres años siguientes a la fecha de contratación objeto de la subvención, certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste la relación de trabajadores por los que ha cotizado la empresa, con sus tipos de contrato, junto con copia del libro de matrícula de personal, compulsada con su original", resultando que el interesado no ha aportado la documentación descrita, en la forma y plazos establecidos, de forma y manera que no se ha podido contrastar el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la subvención concedida, entre las que cabe mencionar, el mantenimiento de los puestos de trabajo subvencionados y el mantenimiento del nivel de empleo estable, todas ellas establecidas en el sexto apartado a) y c) de la Resolución de concesión.
Vistos los antecedentes mencionados, el Decreto 69/1996, de 18 de abril, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), el Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (B.O.E. nº 234, de 29.9.88) y las demás disposiciones de general y pertinente aplicación, en ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, citado,
PROPONE:
Primero.- Acordar el reintegro de la subvención concedida a la entidad Construcciones y Promociones Marolanza, S.L., mediante Resolución del ICFEM, de fecha 5 de marzo de 1998, registrada al nº 224, al haber incurrido el beneficiario en las causas de incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones, que han resultado probadas y descritas en los Fundamentos de Derecho de la presente.
Segundo.- Comunicar al interesado que la cantidad a reintegrar asciende a sesenta y tres mil doscientos ocho con sesenta y ocho céntimos de euro (63.208,68), más doce mil seiscientos diecisiete con cuarenta y nueve céntimos de euro (12.617,49), en concepto de intereses legales de demora, en aplicación del artículo 33 del Decreto 6/1995, citado, en relación con el artículo 3, apartado 6º, punto d) de la Orden de 13 de septiembre de 1993, sobre tramitación de reintegros y pagos (B.O.C. nº 126, de 1.10.93), y devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de propuesta de la presente Resolución, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación, de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución, hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
Tercero.- Fijar que la obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento denunciado y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- Adjuntar a la presente los documentos cobratorios (carta de pago y talón de cargo), para efectuar el ingreso de la deuda, conforme con los plazos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que establece:
- Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
- Recibida la notificación entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Dicho ingreso se realizará en las entidades financieras siguientes:
Para la provincia de Las Palmas:
Entidad: Caja Insular de Ahorros de Canarias CCC 2052 8130 24 3510002204.
Para la provincia de Santa Cruz de Tenerife:
Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias CCC 2065 0118 81 1114001822.
Efectuado el ingreso, se remitirá a la Tesorería del ICFEM el documento cobratorio (talón de cargo), con la certificación o diligencia del pago realizado en la entidad correspondiente.
El vencimiento de estos plazos, sin haberse satisfecho la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, exigiéndose la deuda con el recargo de apremio y de los intereses de demora hasta la fecha de ingreso.
Quinto.- Comunicar asimismo al interesado que, conforme al artículo 48 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, citado, la deuda podrá aplazarse o fraccionarse, previa solicitud que habrá de presentarse en la Tesorería del Instituto Canario de Formación y Empleo, conforme a los modelos de solicitudes que se adjuntan a la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer el recurso de alzada al que aluden los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio, caso de ser desestimado, de establecer nueva cuantía en los intereses legales de demora que se establezcan en la Resolución subsiguiente, y sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente, en aplicación de la normativa legal vigente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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