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BOC Nº 170. Lunes 23 de Diciembre de 2002 - 4136

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

4136 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de octubre de 2002, sobre notificación de Órdenes a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Órdenes que figuran como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

A N E X O

Orden de fecha 11 de junio de 2002, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Dña. María Gisela Delgado, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de 12 de marzo de 2001, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por Dña. María Gisela Delgado, expte. nº 35-680/2000, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 12 de marzo de 2001, por la que se impone al recurrente una sanción de 40.000 pesetas (cuarenta mil pesetas) 240,40 euros (doscientos cuarenta euros con cuarenta céntimos) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de fecha 12 de marzo de 2001, del Director General de Consumo, se acuerda sancionar a Dña. María Gisela Delgado, con la imposición de una multa de 40.000 pesetas (cuarenta mil pesetas) 240,40 euros (doscientos cuarenta euros con cuarenta céntimos) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.

Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 1 de junio de 2000, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 2767, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes:

Personados los Inspectores en el establecimiento del recurrente comprobaron que, en el momento de la inspección, el establecimiento carecía de las preceptivas hojas de reclamación y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Por Dña. María Gisela Delgado, se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 12 de marzo de 2001, alegando, en síntesis lo siguiente:

Que el día señalado en la fecha hizo acto de presencia un Inspector del Departamento anteriormente mencionado en el local de mi propiedad solicitando las Hojas de Reclamaciones de las que carecíamos en ese momento por no localizarlas en nuestros archivos, por lo cual el Sr. Inspector nos comentó que por ser la primera vez de la no disponibilidad de las mismas, no habría ningún tipo de sanción y advirtiéndonos tenerlas para próximas visitas.

Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.

Debe tomarse en consideración que el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la obligación del vendedor de verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa siguiente para el ejercicio de la actividad comercial.

La recurrente reconoce en su escrito de recurso los hechos objeto de sanción.

Cuarto.- Los hechos sancionados resultan subsumibles en los tipos legales contenidos en las siguientes normas:

Artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. María Gisela Delgado, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 12 de marzo de 2001, por la que se impone al recurrente una sanción de 40.000 pesetas (cuarenta mil pesetas) 240,40 euros (doscientos cuarenta euros con cuarenta céntimos), por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.

Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2002.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

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