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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la entidad mecantil Polska en Canarias, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Polska en Canarias, la Resolución de 20 de septiembre de 2002 (libro nº 1, folio 122, nº 94), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 099/02 (expediente nº 289/01), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 65, de fecha 18 de febrero de 2002.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2002.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso de alzada nº 099/02 interpuesto por D. Víctor Juan Chinea González, en representación de la entidad mercantil Polska en Canarias, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 099/02 formulado por D. Víctor Juan Chinea González, en representación de la entidad mercantil Polska en Canarias, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Agencia de Viajes Polska en Canarias", sito en Avenida Príncipe de España, 20, 2º, El Médano, término municipal de Granadilla de Abona, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 65, de fecha 18 de febrero de 2002, recaída en el expediente sancionador nº 289/01, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en "estar abierto al público el establecimiento de referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Agencia de Viajes".
Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de veinte mil ciento treinta y tres euros con noventa y un céntimos (20.133,91 euros), 3.350.000 pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando se proceda al archivo y sobreseimiento de las actuaciones realizadas, a tal fin se expone, en síntesis, el siguiente argumento:
Se niega el hecho infractor imputado toda vez que la entidad, ahora recurrente, nunca ha ejercido como Agencia de Viajes. El hecho infractor imputado no ha sido, en momento alguno, probado, siendo las actas insuficientes para tal acusación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución sancionadora de fecha 18 de febrero de 2002.
Teniendo en cuenta que el hecho constitutivo de la infracción sancionada consta acreditado en el expediente sancionador tramitado al deducirse de la denuncia formulada por la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Santa Cruz de Tenerife contra el establecimiento consignado y, directamente, de las Actas de Inspección números 5583 y 5515 levantadas, respectivamente, con fecha 10 y 11 de julio de 2001, actas cuyo valor probatorio viene amparado por lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Sin que tal hecho infractor en momento alguno haya sido desvirtuado por la entidad expedientada a través de las alegaciones realizadas o mediante la aportación de prueba fehaciente que destruya la presunción "iuris tantum" de veracidad que ampara a las aludidas Actas de Inspección. Existe, por tanto, una responsabilidad administrativa imputable a la entidad, ahora recurrente, en base a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias y ello habida cuenta que a tenor de lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias "las empresas y establecimientos, cualesquiera que sea su naturaleza y forma que adopten, deberán obtener las autorizaciones y cumplir los demás requisitos previstos en esta Ley, para el desarrollo de las actividades calificadas como turísticas por la misma, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación general y del sector", estando sometidas las empresas para el establecimiento y desarrollo de la actividad turística, entre otros deberes, al de "obtener de la Administración competente las autorizaciones previas al ejercicio de cualquier actividad turística que pretenda desarrollarse en el Archipiélago Canario", todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 13.2 b) de la mencionada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. En este sentido, de los artículos 4 y 5 en relación con el artículo 2 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las Agencias de Viajes, se desprende que con anterioridad al inicio de la actividad turística reglamentada de agencia de viajes se debe disponer de la preceptiva autorización de la Administración Turística competente para la apertura y desempeño de tal actividad. Obligación incumplida por la entidad expedientada como ha quedado probado en el expediente sancionador tramitado. Por cuanto antecede, considerando que el hecho infractor es subsumible en el artículo 75.1 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias que considera infracción muy grave a la disciplina turística "la actuación sin cualesquiera de las autorizaciones preceptivas para la entrada en servicio de establecimientos y el desempeño de actividades turísticas reglamentadas", si bien, atendiendo a las circunstancias concurrentes se calificó en el expediente sancionador tramitado como grave la infracción cometida en base a lo dispuesto en el artículo 76.18 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Habiendo sido fijada la sanción de multa impuesta con atención a la debida adecuación a la gravedad de los hechos constitutivos de infracción de conformidad con los criterios de intencionalidad y naturaleza de los perjuicios causados del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de la cuantía de la sanción de multa se establecen en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, habida cuenta la calificación de la infracción y las circunstancias concurrentes. Por tanto, de conformidad con el informe emitido con fecha 8 de mayo de 2002 por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, procede confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción de multa impuesta.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 55/02-C, emitido con fecha 13 de septiembre de 2002 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso de alzada nº 099/02 promovido por D. Víctor Juan Chinea González, en representación de la entidad mercantil Polska en Canarias, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Agencia de Viajes Polska en Canarias", sito en Avenida Príncipe de España, 20, 2º, El Médano, término municipal de Granadilla de Abona y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 65, de fecha 18 de febrero de 2002, recaída en el expediente sancionador nº 289/01, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de veinte mil ciento treinta y tres euros con noventa y un céntimos (20.133,91 euros), 3.350.000 pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante la Sala correspondiente en función a la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La secretaria general técnica, p.d. Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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