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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de procedimiento de reintegro citado en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado, se procede conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Athenea 84, S.A. de la Resolución de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 20570, de fecha 12 de julio de 2002 cuyo tenor literal es el siguiente:
"Examinado el expediente administrativo nº 89-253, iniciado por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo a la citada entidad, referente a reintegro de subvención concedida, resultan los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución nº 151, de fecha 18 de enero de 1990, del Instituto Canario de Formación y Empleo se concedió a Athenea 84, S.A., una subvención por importe de diez mil setecientos tres euros con cuarenta céntimos (10.703,40 euros), dentro del programa "subvenciones para el fomento del empleo", de conformidad con lo establecido en el Decreto 46/1989, de 6 de abril, y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era el fomento del empleo con carácter indefinido de jóvenes y de parados de larga duración, tratando de incidir en los grupos de trabajadores más desfavorecidos. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión y en las normas reguladoras, quedó establecida en los siguientes términos: artículo 3.1 y siguientes del Decreto 46/1989, de 6 de abril, así como en la propia Resolución de Concesión, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y demás normativas de pertinente y general aplicación.
Tercero.- Mediante Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro nº 6234, de 1 de agosto de 1997, notificado al interesado el 21 de septiembre de 1997, se inició procedimiento para el reintegro de la subvención, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en el citado acuerdo se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.
Cuarto.- Mediante escrito de 27 de octubre de 1997 y registro de entrada nº 12962, el beneficiario ha presentado alegaciones, manifestando su oposición al procedimiento de reintegro iniciado, y presentando documentación sobre la que pretende hacer basar su derecho.
Quinto.- Entendiéndose que, de la documentación que obra en el expediente de referencia, se desprende la justificación parcial del expediente, se procede a emitir informe en tal sentido a la Intervención Delegada del ICFEM, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29.4 del Decreto 6/1995 citado, en relación con el artículo 14 del Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora, la cual, a través de informe de fecha 16 de octubre de 2001, con número de registro de entrada 295434, procede a dar por justificada parcialmente la subvención que nos ocupa, en los siguientes extremos:
De la documentación aportada se desprende el cumplimiento por parte de la empresa de la justificación por dos de los tres puestos de trabajo por los que se recibió la subvención, los de Dña. María del Rosario Quintana Ponce y Dña. María Cecilia Perdomo Arvelo.
Con relación al tercer puesto de trabajo debe continuarse con el correspondiente expediente de reintegro según lo establecido en el artículo 35 y 36 del Decreto 337/1997.
Sexto.- Como consecuencia de dicho Informe, mediante Resolución del Director del ICFEM nº 20250, de fecha 9 de julio de 2002, se procede a dar por justificada parcialmente la subvención de referencia.
A estos Antecedentes son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El órgano competente para acordar el reintegro parcial de la subvención concedida a Athenea 84, S.A., mediante Resolución de fecha 18 de enero de 1990, registrada al nº 151, es el Director del ICFEM, a tenor de lo previsto en el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se regula el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), en relación directa con la Disposición Transitoria 1ª del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se regula actualmente el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Segundo.- En los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, citado, y las contenidas en la normativa reguladora de la respectiva Convocatoria, Decreto 46/1989, de 6 de abril.
Tercero.- Visto el expediente de referencia y observadas las disposiciones mencionadas, procede acordar el reintegro parcial de la subvención concedida, por cuanto de la documentación obrante en el expediente que nos ocupa se deriva el incumplimiento parcial de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones (Decreto 46/1989, de 6 de abril), y ha quedado probado en los siguientes términos:
Mediante escrito de 30 de julio de 1997, con nº r.s. 6234, de 1 de agosto de 1997, notificado a la empresa el 21 de septiembre de 1997, se inicia el procedimiento de reintegro por haber incumplido las condiciones establecidas por el Decreto 46/1989, de 6 de abril, en sus artículos 4, 8 y 9, donde se establecía el compromiso de tener cubierto el puesto de trabajo y mantener el nivel de empleo durante 3 años, sustituir el trabajador si se extinguiera el contrato antes de ese período y la obligación de prestar la colaboración que se precise para la comprobación por la Administración de la Comunidad Autónoma de que se cumpla con los fines a que está destinada.
El día 27 de octubre de 1997, con número de registro de entrada en este Instituto 12.962 el interesado presenta escrito de alegaciones en el que se aporta documentación de las trabajadoras Dña. Teresa Díez Cabrera, y Dña. Candelaria García Díaz, ambas sustitutas del puesto de trabajo inicialmente subvencionado por la contratación de Dña. Carmen Dolores García Izquierdo.
Con fecha 3 de marzo de 1998, con número de registro 1.193, de 4 de marzo de 1998, este Instituto requiere a la empresa Athenea 84, S.A. en relación con las alegaciones presentadas como consecuencia del acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro.
De la documentación aportada por la empresa se desprende el cumplimiento por parte de la empresa de la justificación de la subvención por dos de los tres puestos de trabajo por los que se recibió la subvención: los de Dña. María del Rosario Quintana Ponce y Dña. María Cecilia Perdomo Arvelo.
Respecto al tercer puesto de trabajo, la sustitución del puesto subvencionado por Dña. Candelaria García Díaz, no puede aceptarse como tal, dado que la trabajadora inicialmente subvencionada, Carmen García Izquierdo, con 21 años de edad en el momento de su contratación, fue sustituida, dos meses después, por Teresa Díez Cabrera, de 27 años de edad, perteneciendo por tanto a otro grupo de desempleados, incumpliendo así el artículo 8 del Decreto 46/1989, de 6 de abril, donde se exigía al beneficiario en el caso de la extinción del contrato que daba origen a la subvención, a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador, contratado con sujeción a las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma, y a su comunicación inmediata a la Dirección General de Trabajo.
Vistos los antecedentes mencionados, el Decreto 46/1989, de 6 de abril, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), el Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (B.O.E. nº 234, de 29.9.88) y las demás disposiciones de general y pertinente aplicación, en ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, citado,
PROPONE:
Primero.- Acordar el reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Athenea 84, S.A., mediante Resolución del Instituto Canario de Formación y Empleo, de fecha 18 de enero de 1990, registrada al nº 151, al haber incurrido el beneficiario en las causas de incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones, que han resultado probadas y descritas en los Fundamentos de Derecho de la presente.
Segundo.- Comunicar al interesado que la cantidad a reintegrar asciende a tres mil quinientos sesenta y siete euros con ochenta céntimos (3.567,80) más cuatro mil cincuenta euros con sesenta y siete céntimos (4.050,67 euros), en concepto de intereses legales de demora, en aplicación del artículo 33 del Decreto 6/1995, citado, en relación con el artículo 3, apartado 6º, punto d) de la Orden de 13 de septiembre de 1993, sobre tramitación de reintegros y pagos (B.O.C. 126, de 1.10.93), y devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de propuesta de la presente Resolución, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución, hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
Tercero.- Fijar que la obligación de reintegro establecida en esta Resolución, no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento denunciado y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- Adjuntar a la presente documentos cobratorios (carta de pago y talón de cargo), para efectuar el ingreso de la deuda, conforme con los plazos descritos en el artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que establece:
- Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
- Recibida la notificación entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Dicho ingreso se realizará en las entidades financieras siguientes:
Para la provincia de Las Palmas:
Entidad: Caja Insular de Ahorros de Canarias CCC 2052 8130 24 3510002204.
Para la provincia de Santa Cruz de Tenerife:
Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias CCC 2065 0118 81 1114001822.
Efectuado el ingreso se remitirá a la Tesorería del ICFEM el documento cobratorio (talón de cargo), con la certificación o diligencia del pago realizado en la entidad correspondiente.
El vencimiento de estos plazos, sin haberse satisfecho la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, exigiéndose la deuda con el recargo de apremio y de los intereses de demora hasta la fecha de ingreso.
Quinto.- Comunicar asimismo al interesado que, conforme al artículo 48 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, citado, la deuda podrá aplazarse o fraccionarse, previa solicitud que habrá de presentarse en la Tesorería del Instituto Canario de Formación y Empleo, conforme a los modelos de solicitudes que se adjuntan a la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer el recurso de alzada al que aluden los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio, caso de ser desestimado, de establecer nueva cuantía en los intereses legales de demora que se establezcan en la Resolución subsiguiente y sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente, en aplicación de la normativa legal vigente."
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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