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BOC Nº 157. Miércoles 27 de Noviembre de 2002 - 3851

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3851 - ANUNCIO de 29 de octubre de 2002, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en expediente sancionador nº TF-43244-O-00 en materia de transportes.

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Providencia de 3 de septiembre de 2002, del Jefe de Servicio de Carreteras, Vivienda y Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-43244-O-00.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-43244-O-00.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 3 de septiembre de 2002, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:

"Visto escrito presentado por D. Jacinto Hidalgo Hoyos, en nombre y representación de la entidad mercantil Alexcar Canarias, S.A., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 8 de enero de 2002 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora: 16 de junio de 2000, 16,50 por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: TF-4667-BB, del que es titular Alexcar Canarias, S.A. por:

Circular con el vehículo destinado al servicio de alquiler sin conductor, transportando ocho viajeros, realizando excursión formando caravanas "las denominadas safaris" careciendo de la correspondiente autorización administrativa de transportes. La excursión la forman tres vehículos del mismo titular. El conductor no guarda relación alguna con el resto de ocupantes. Contrato de alquiler nº 002996, N.I.F. A38218889.

Resultando: que el día 26 de junio de 2001 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-43244-O-2000.

Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que no es cierto que realizara un transporte de jeep safari careciendo de autorización el día de la denuncia, y que sólo se dedicaba al arrendamiento de vehículos sin conductor, según se desprende de su alta en el I.A.E. y en los modelos TC-1 y TC-2 de la fecha de la denuncia, y confirmado por las cláusulas 1ª, 8ª y 9ª de los contratos suscritos, y que la infracción debía haberse calificado, según el artículo 142.a) como leve, puesto que el último párrafo del artículo 140.a) dispone claramente que cuando el infractor cumpla los requisitos exigidos para el otorgamiento de la correspondiente autorización administrativa, la que podía haber sido obtenida por el mismo, la carencia de dicha autorización se sancionará conforme a lo previsto en el artículo 142.a) como infracción leve y que realmente no ejerce la actividad denunciada, ya que no se da el requisito fundamental de tener un conductor o un guía enviado por parte de la empresa arrendadora, nulidad de pleno derecho por infracción del artículo 25.1 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, y que se infringe el principio de proporcionalidad y el principio de legalidad, al no recoger la notificación ninguna de las circunstancias del artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, por lo que se debe imponer la sanción en su grado mínimo.

Que el presente expediente es copia idéntica de incoados con anterioridad, vulnerándose el principio non bis in idem, por todo ello, se impone aventurar que, como tal duplicidad se produce en un órgano de una misma Administración, habrá de buscarse una solución, que puede ser: bien la suspensión del procedimiento más moderno, bien la del procedimiento donde se esté enjuiciando una infracción de mayor entidad.

La supuesta infracción ha prescrito, al haber transcurrido más de 12 meses entre la misma y la notificación de la denuncia, sin que se haya recibido ninguna notificación en el domicilio de su representación, que pueda considerarse haya interrumpido válidamente el plazo de tres meses conforme a los artículos 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 203 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Que concurre en el sustituto del instructor causa de inhabilidad específica, tipificada en el artículo 210 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, al ser la persona encargada de dictar la resolución sancionadora. El artículo 134.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común impone la obligación de separar debidamente al órgano de la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos, todo ello, en aras del cumplimiento del derecho constitucional de legalidad, seguridad jurídica, no indefensión, al que ha de acatarse cualquier actuación de la Administración, en cumplimiento del artículo 103 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Un calco de ello se ha realizado en el artículo 210 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. En el presente procedimiento por el órgano instructor se ha obviado dar cumplimiento total del contenido del artículo 210 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y más concretamente, en lo relativo a dar "traslado de la identidad del órgano encargado para resolver el procedimiento sancionador". En efecto, menciona únicamente quien es el órgano instructor y su sustituto, pero infringe el procedimiento establecido al no mencionar el órgano sancionador. Llama la atención que quien firma la notificación de incoación del presente procedimiento sancionador sea D. Pedro Campos Albarrán, Jefe de Servicio, quien, seguramente, y por casualidad, ejercerá durante todo el procedimiento su auto-nombramiento de sustituto de Soledad Gómez Fernández. Obviamente, esta táctica obscurantista ha de ser subsanada antes de dictar propuesta de resolución para que se cumpla, conforme a lo establecido en la legalidad vigente, los principios constitucionales que todo administrado posee en todo procedimiento sancionador.

Resultando: que fue solicitado informe complementario del Agente denunciante el cual se afirmaba y ratificaba en los hechos denunciados.

Resultando: que se confirió período de audiencia al interesado, remitiéndole el informe emitido por el agente denunciante, siendo cumplimentado por el mismo, aportando escrito de fecha 28 de diciembre de 2001.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 8 de enero de 2002 que venía a sancionar a: Alexcar Canarias, S.A. con multa que ascendía a: 1.502,53 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, artº. 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, 28 de septiembre (8.10.90), Decreto 125/1995, de 11 de mayo de 1995 (B.O.C. de 19.6.95) y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha: 23 de enero de 2002.

Resultando: que con fecha 21 de febrero de 2002, D. Jacinto Hidalgo Hoyos, en nombre y representación de: Alexcar Canarias, S.A. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: determinando el artículo 42.2 y la Disposición Transitoria Primera, segundo apartado, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución en un procedimiento será de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea; siendo de aplicación, si se sobrepasase dicho plazo lo previsto en el punto 2 del artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto que la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92; figurando técnicamente comprendido dicho espacio temporal entre la fecha de la resolución de iniciación del procedimiento sancionador de transportes y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora que lo finaliza. Teniendo en cuenta que el expediente que analizamos, según constancia documental en el mismo, se incoó en fecha: 13 de junio de 2001 y que el acuse de recibo de la resolución sancionadora tiene fecha de: 23 de enero de 2002, se estima superado el plazo citado, a los efectos de entender el procedimiento sancionador caducado.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en declarar la caducidad del procedimiento sancionador, ordenando el archivo de las actuaciones, y, en consecuencia, estimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Jacinto Hidalgo Hoyos, en nombre y representación de la entidad mercantil: Alexcar Canarias, S.A. dejando sin efecto la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha: 8 de enero de 2002.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2002.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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