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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de 2002.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
RESOLUCIÓN QUE SE CITA:
1º) Libro nº 1 de Resolución de Viceconsejería de Turismo, folio 88, nº 422.
Resolución de 23 de septiembre de 2002, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 02/052 instruido a D. José Benito Salgueiro Martínez. Titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Taberna Gallega.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. José Benito Salgueiro Martínez, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 12 de marzo de 2002, como consecuencia del acta de inspección nº 13192 , de 18 de enero de 2001, 13750 de 25 de abril de 2001 e Informe de 1 de febrero de 2002.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) El 18 de enero de 2001 se realizó inspección turística al establecimiento de referencia, sito en calle Alféreces Provisionales, esquina Avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, levantándose al efecto el acta nº 13192, en la que esencialmente se hace constar que se encuentra abierto al público en general y realiza la actividad turística de restaurante, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración Turística canaria para la apertura y desempeño de tal actividad.
El 25 de abril de 2001, se visita nuevamente dicho establecimiento, levantándose acta nº 13750, mediante la que se le requiere para que en el plazo de diez días aporte, entre diversa documentación, la solicitud de autorización presentada ante el Patronato de Turismo.
Consultado el archivo del Patronato de Turismo, con fecha 1 de febrero de 2002, se informa que dicho establecimiento no figura autorizado.
2º) El 12 de marzo de 2002, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 02/052, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el 22 de abril de 2002.
3º) Con fecha 19 de junio de 2002 y habida cuenta que el titular consignado no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de cinco mil docientos cincuenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos de euros (5.258,86 euros).
4º) El expedientado no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
5º) El siguiente hecho: estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Restaurante.
se considera probado en virtud de las actas de inspección números 13192 y 13750 de 18 de enero y 25 de abril de 2001, e informe de 1 de febrero de 2002.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado en base al contenido de las actas de inspección números13192 y 13750 de 18 de enero y 25 de abril de 2001, e informe de 1 de febrero de 2002, sin que al órgano resolutorio le conste, al dictar la presente Resolución, que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
El hecho probado constituye la infracción prevista en el artículo 6º de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 75.1, en relación con el artículo 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Calificado como grave.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de cinco mil doscientos cincuenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos de euros (5.258,86 euros) a D. José Benito Salgueiro Benítez, con N.I.F. 35539590S, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Taberna Gallega.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El ingreso de la sanción recaída en el presente expediente deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio le remitirá a su propio domicilio.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 2002.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.
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