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BOC Nº 152. Viernes 15 de Noviembre de 2002 - 1630

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

1630 - DECRETO 155/2002, de 24 de octubre, por el que se modifica el Decreto 150/2001, de 23 de julio, que modifica los Decretos de adaptación de los procedimientos de concesión de determinadas subvenciones por el Instituto Canario de Formación y Empleo y se establecen normas procedimentales.

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En virtud del Decreto 150/2001, de 23 de julio, se establece la normativa aplicable a la concesión de subvenciones en materia de trabajo, empleo y formación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, excluidas del ámbito de aplicación de la normativa sobre régimen general de ayudas y subvenciones, en aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2000, y dado que la gestión de las actividades de fomento en dichos ámbitos fue traspasada a nuestra Comunidad por los Reales Decretos 150/1999, de 29 de enero (respecto a la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación), 250/1985, de 23 de enero (con relación a las funciones y servicios del Estado en materia de la extinta Unidad Administradora del Fondo Nacional de Protección del Trabajo) y 447/1994, de 11 de marzo (con relación a la gestión de la formación profesional ocupacional que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo), adaptándose los correspondientes procedimientos de concesión de las subvenciones referidas a dichos ámbitos mediante Decretos 3, 12 y 13 del año 2000, cuyo contenido fue refundido en el citado Decreto 150/2001.

Sin embargo, en la gestión de dichas subvenciones se aprecian determinados aspectos organizativos respecto a su justificación que se separan de los previstos con carácter general en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, en concreto, en los artículos 31.4 y 33.5, 6 y 7.

De esta forma, considerando que no existen razones para que el control de las acciones de fomento esté sujeto a requisitos distintos por la materia que constituye su objeto, resulta necesario armonizar los trámites organizativos de control exigidos por la normativa que resulta de aplicación a tales subvenciones con los establecidos en la normativa territorial sobre régimen general de ayudas y subvenciones.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Empleo y Asuntos Sociales y de Economía, Hacienda y Comercio y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 24 de octubre de 2002,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se adicionan los artículos 18 y 19 del Decreto 150/2001, de 23 de julio, por el que se modifican los Decretos de adaptación de los procedimientos de concesión de determinadas subvenciones por el Instituto Canario de Formación y Empleo y se establecen normas procedimentales, en los siguientes términos:

"Artículo 18.- Justificación.

1. A los efectos del presente Decreto, se entiende por justificación de las subvenciones la acreditación del empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad o en la adopción de la conducta subvencionada y la acreditación de la efectiva realización de la actividad o adopción de la conducta, así como su coste real.

2. La documentación justificativa de la realización de la actividad o adopción de la conducta subvencionada, de su coste real y, en su caso, del empleo de los fondos públicos recibidos presentada por los beneficiarios, con un informe del funcionario del órgano gestor responsable de su tramitación, o, en su defecto, del funcionario del departamento u organismo concedente, en el que expresamente se haga constar que aquélla se ajusta a las bases de la convocatoria o, cuando no proceda la misma, a la resolución de concesión, será remitida, en el plazo que se establezca por Orden del Consejero competente en materia de hacienda, para su fiscalización al órgano competente de la Intervención General, que podrá inspeccionar o auditar la aplicación de los fondos públicos recibidos en las obras, servicios o actividades para los que se concedió la subvención.

3. En los supuestos en que se produjesen discrepancias respecto al cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión, la aplicación de los fondos públicos a la actividad o conducta subvencionada, la efectiva realización de la actividad o adopción de la conducta objeto de subvención y el coste real de las mismas, así como acerca de los medios acreditativos del empleo de los fondos públicos, entre el órgano gestor y los órganos de la Intervención, se seguirá el procedimiento previsto en la normativa autonómica para la resolución de discrepancias con la Intervención General.

4. Emitido informe de fiscalización favorable o, en su caso, una vez resuelta la discrepancia a que se refiere el apartado anterior, el órgano gestor dictará resolución por la que se declare justificada total o parcialmente la subvención concedida, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación previstas en el artículo 17. En caso de que no se considere justificada la subvención de que se trate, el órgano gestor propondrá el inicio del expediente de reintegro, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal que resulte de aplicación, según las previsiones del presente Decreto.

Artículo 19.- Medios de justificación de las subvenciones otorgadas a Administraciones Públicas, empresas públicas, entidades corporativas y fundaciones.

1. En las subvenciones concedidas a otras Administraciones Públicas, Entes de Derecho Público dependientes de las mismas y Universidades, su justificación podrá realizarse mediante certificación expedida por el órgano de dichas entidades que tenga atribuidas las funciones de fiscalización o control de los fondos, previas las actuaciones de comprobación que éstos estimen necesarias.

2. En las subvenciones concedidas a las Corporaciones de Derecho Público, a los Colegios Profesionales y a las Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, su justificación podrá realizarse mediante certificación expedida por el órgano de dichas entidades que tenga atribuidas las funciones de control de los fondos.

3. En las subvenciones concedidas a empresas públicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, su justificación podrá realizarse mediante certificación expedida por el órgano de administración de la sociedad facultado a tal fin."

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Román Rodríguez Rodríguez.

EL CONSEJERO DE EMPLEO

Y ASUNTOS SOCIALES,

Marcial Morales Martín.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,

HACIENDA Y COMERCIO,

Adán Martín Menis.

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