Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 19 de junio de 2002 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:
Resolución del Presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo y, por delegación de éste, del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones, incoado a la entidad Carlos Javier Graefenhain.
Examinado el expediente administrativo nº 98-7066, iniciado por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo a la citada entidad, referente a reintegro de subvención concedida, resultan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución nº 2, de fecha 11 de enero de 1999, del Instituto Canario de Formación y Empleo se concedió a Carlos Javier Graefenhain, una subvención por importe de siete mil doscientos doce euros con quince céntimos (7.212,15 euros) (1.200.000 pesetas), con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s 23.103.322CJ.470.00 L.A./P.I. 23426202, dentro del programa "Programa B: Fomento a la conversión de contratos temporales en puestos de trabajo de carácter indefinido de menores de 25 años, colectivos con especiales dificultades de inserción laboral y mujeres en aquellas profesiones en las que se encuentren subrepresentadas", de conformidad con lo establecido en la Resolución de 20 de agosto de 1998, del Presidente, y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la creación de puestos indefinidos. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos: resuelvo quinto de la Resolución de concesión, la Resolución de 20 de agosto de 1998, del Presidente, el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y demás normativas de pertinente y general aplicación.
Tercero.- Mediante Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro nº 01-35/3580, de 17 de diciembre de 2001, notificado al interesado el 12 de enero de 2002, se inició procedimiento para el reintegro de la subvención, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en el citado acuerdo se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.
Cuarto.- Mediante escrito de 14 de febrero de 2002 y registro de entrada nº 51026, el beneficiario ha presentado alegaciones, manifestando su oposición al procedimiento de reintegro iniciado, y presentando documentación sobre la que pretende hacer basar su derecho.
A estos antecedentes, son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El órgano competente para acordar el reintegro de la subvención concedida a Carlos Javier Graefenhain, mediante Resolución de fecha 11 de enero de 1999, registrada al número 2, es el Presidente del ICFEM, competencia delegada en el Director del ICFEM, a tenor de lo establecido en el apartado 6º de la Resolución del Presidente del ICFEM de 27 de julio de 2001 (B.O.C. nº 101, de 6.8.01), en relación con los artículos 35 y 36 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, citado.
Segundo.- En los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, citado, y las contenidas en la normativa reguladora de la respectiva convocatoria, Resolución de 20 de agosto de 1998, del Presidente.
Tercero.- Visto el expediente de referencia y observadas las disposiciones mencionadas, procede acordar el reintegro de la subvención concedida, por cuanto de la documentación obrante en el expediente que nos ocupa se deriva el incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones (Resolución de concesión, y Resolución de 20 de agosto de 1998, del Presidente), y ha quedado probado en los siguientes términos:
Del examen de la documentación obrante en el expediente de referencia, se observa el incumplimiento frontal de la normativa de justificación aplicable a este tipo de subvenciones, y concretamente la contemplada en el resuelvo quinto apartado j), que establece la obligación por parte del beneficiario, de presentar ante el ICFEM, a los nueve y a los dieciocho meses a contar desde la fecha de concesión de la subvención (en este caso, desde 11 de enero de 1999 hasta el 11 de julio de 2000), de Certificado de la Seguridad Social acreditativo de encontrarse al corriente y sin deudas con la citada entidad, Relación Nominal de trabajadores, con sus tipos de contrato, por los que haya cotizado la empresa durante los 18 meses referidos, así como copia compulsada del Libro de Matrícula de Personal, actualizado, resultando que el interesado ha presentado Certificado de a Seguridad Social acreditativo de mantener deudas con dicha entidad, a fecha 25 de enero de 2002, por un importe global de 4.109,60 euros, lo que supone un flagrante incumplimiento de la normativa mencionada, normativa, por lo demás, conocida perfectamente por el interesado, y que supone una obligación fundamental en el aspecto justificativo de la subvención.
Por otra parte, consta la baja de uno de los trabajadores subvencionados, David Rentero Melián, quien es sustituido por varios trabajadores, el último de los cuales es Javier Bethencourt Sánchez, quien causa alta indefinida el 2 de junio de 1999 y baja el 31 de octubre de 1999, sin constar mas sustituciones, cuando el período justificativo finalizaba el 11 de julio de 2000, por lo que se incumple la prevención establecida en el resuelvo quinto, apartado i), en relación con los apartados k) y l), de la Resolución de concesión, que obligan al interesado a cubrir el puesto de trabajo subvencionado, en el plazo de dos meses, debiendo cumplir el sustituto, los mismos requisitos que el trabajador que dio origen a la subvención. A este respecto, se hace mención expresa, entre otros elementos, al "grupo de edad", debiendo señalar que el trabajador Javier Bethencourt Sánchez, no reúne este requisito, toda vez que nació en mayo de 1971 y, por lo tanto, en la fecha de la solicitud (30 de septiembre de 1998), no tenía 25 años o menos, por lo que no es un trabajador aceptable como sustituto del subvencionado, según exige la base 12ª de la Resolución del Presidente del ICFEM de 20 de agosto de 1998.
Por último, es de destacar que el interesado no ha aportado el contrato indefinido a tiempo completo del trabajador subvencionado Andrés Valdivia Cabrera, obrando en el expediente, solo el contrato indefinido a tiempo parcial de 23 de enero de 1998.
Vistos los antecedentes mencionados, la Resolución de 20 de agosto de 1998, del presidente, el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), el Real Decreto Legislativo 1.091/ 1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (B.O.E. nº 234, de 29.9.88), y las demás disposiciones de general y pertinente aplicación, en ejercicio de las competencias que me atribuye el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, citado,
PROPONE:
Primero.- Acordar el reintegro de la subvención concedida a la entidad Carlos Javier Graefenhain, mediante Resolución del Instituto Canario de Formación de Empleo, de fecha 11 de enero de 1999, registrada al número 2, al haber incurrido el beneficiario en las causas de incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones, que han resultado probadas y descritas en los fundamentos de derecho de la presente.
Segundo.- Comunicar al interesado que la cantidad a reintegrar asciende a siete mil doscientos doce euros con quince céntimos (7.212,15 euros), más novecientos cinco euros con cincuenta y siete céntimos (905,57), en concepto de intereses legales de demora (lo que suma un total de 8.117,72 euros), en aplicación de los apartados 4º y 5º del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, citado, y devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de propuesta de la presente Resolución, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución, hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
Tercero.- Fijar que la obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento denunciado y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- Adjuntar a la presente los documentos cobratorios (carta de pago y talón de cargo), para efectuar el ingreso de la deuda, conforme con los plazos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que establece:
- Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
- Recibida la notificación entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Dicho ingreso se realizará en las entidades financieras siguientes:
Para la provincia de Las Palmas:
Entidad: Caja Insular de Ahorros de Canarias CCC 2052 8130 24 3510002204.
Para la provincia de Santa Cruz de Tenerife:
Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias CCC 2065 0118 81 1114001822.
Efectuado el ingreso, se remitirá a la Tesorería del ICFEM el documento cobratorio (talón de cargo), con la certificación o diligencia del pago realizado en la entidad correspondiente.
El vencimiento de estos plazos, sin haberse satisfecho la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, exigiéndose la deuda con el recargo de apremio y de los intereses de demora hasta la fecha de ingreso.
Quinto.- Comunicar asimismo al interesado que, conforme al artículo 48 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, citado, la deuda podrá aplazarse o fraccionarse, previa solicitud que habrá de presentarse en la Tesorería del Instituto Canario de Formación y Empleo, conforme a los modelos de solicitudes que se adjuntan a la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo con sede en Santa Cruz de Tenerife o, potestativamente, ante el mismo órgano jurisdiccional, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición al que aluden los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación y sin perjuicio, caso de ser desestimado, de establecer nueva cuantía en los intereses legales de demora que se establezcan en la Resolución subsiguiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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