Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Órdenes que figura como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
A N E X O
Orden de fecha 4 de abril de 2002, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Dña. Inés Blanco Marrero, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 2 de febrero de 2000, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.
Visto el recurso de alzada interpuesto por Dña. Inés Blanco Marrero, expediente 35-762/99, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 2 de febrero de 2000, por la que se impone al recurrente una sanción de 60.000 pesetas (sesenta mil pesetas) 360,61 euros (trescientos sesenta euros con sesenta y un céntimo) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución de fecha 2 de febrero de 2000, del Director General de Consumo, se acuerda sancionar a Dña. Inés Blanco Marrero, con la imposición de una multa de 60.000 pesetas (sesenta mil pesetas) 360,61 euros (trescientos sesenta euros con sesenta y un céntimo) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.
Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 10 de agosto de 1999, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 10444, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes:
Personados los inspectores en el establecimiento del recurrente comprobaron que tenían expuestos para su venta al público seis toallas que carecían de cualquier clase de etiquetado, 7 toallas en las que se consignaba el tejido y porcentajes de composición pero carecían de cualquier tipo de referencia respecto al fabricante, importador o en cualquier caso responsable de las prendas y por último 10 paños de cocina en los que igualmente no se consignaba el fabricante, importador o responsable.
Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una Resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.
Segundo.- Por Dña. Inés Blanco Marrero, se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 2 de febrero de 2000, formulando alegaciones, las cuales constan en el expediente.
Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.
Debe tomarse en consideración que el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su finalidad y con las normas que los regulan.
En concreto debe decaer la alegada prescripción de la infracción y la caducidad del expediente, al no haber transcurrido los plazos previstos en la normativa específica, Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que en su artículo 18 establece, respectivamente, un plazo de prescripción de cinco años para las infracciones en materia de defensa del consumidor, así como un plazo de caducidad de seis meses, sin que se hubiera incoado el expediente desde que se cometieron los hechos.
Cuarto.- Los hechos sancionados resultan subsumibles en los tipos legales contenidos en las siguientes normas:
Artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los puntos 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del artº. 6 del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 170), sobre etiquetado y composición de los productos textiles, y el artº. 6 del Real Decreto 396/1990, de 16 de marzo, que modifica el Real Decreto 928/1987 (B.O.E. nº 74).
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Inés Blanco Marrero contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 2 de febrero de 2000, por la que se impone al recurrente una sanción de 60.000 pesetas (sesenta mil pesetas) 360,61 euros (trescientos sesenta euros con sesenta y un céntimo) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.
Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 4 de abril de 2002.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.
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