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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la entidad mercantil Sodeho, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Estefanía, la Resolución de 10 de junio de 2002 (Libro nº 1, Folio 120, número 68), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 079/02 (expediente nº 300/01), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 22, de fecha 25 de enero de 2002.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Arona (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2002.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso de alzada nº 079/02 interpuesto por D. José Juan Quevedo Alba, en representación de la entidad mercantil Sodeho, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 079/02 formulado por D. José Juan Quevedo Alba, en representación de la entidad mercantil Sodeho, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Estefanía, sito en Urbanización Águilas del Teide, término municipal de Arona, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 22, de fecha 25 de enero de 2002, recaída en el expediente sancionador nº 300/01, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en "deficiencias manifiestas y generalizadas en el decoro y funcionamiento de los locales".
Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de cinco mil doscientos cincuenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos (5.258,86 euros) 875.000 pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando que se revoque la misma por otra más ajustada a Derecho, a tal fin se expone, en síntesis, el siguiente argumento:
Durante la tramitación del expediente sancionador se le ha ocasionado indefensión toda vez que a la entidad , ahora recurrente, no le consta recepción de notificación alguna lo que le ha imposibilitado el realizar las correspondientes alegaciones y aportar los diferentes medios de prueba a fin de desvirtuar el contenido del Acta de Inspección, de fecha 23 de julio de 2001, se estima, en consecuencia, que en aras del principio de tutela judicial efectiva se ha de retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la presunta notificación de la Resolución de inicio a fin de poder aportar y proponer cuantas pruebas considere que le asisten a sus legítimos intereses.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución sancionadora de fecha 25 de enero de 2002.
Teniendo en cuenta que el hecho constitutivo de la infracción sancionada consta acreditado en el expediente sancionador tramitado al deducirse, directamente, del Acta de Inspección nº 5599, levantada con fecha 23 de julio de 2001, acta cuyo valor probatorio viene amparado por lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Sin que tal hecho, en momento alguno, haya sido desvirtuado a través de las alegaciones realizadas por la entidad recurrente, no pudiendo estimarse la alegación efectuada por ésta relativa a la existencia de defectos en el procedimiento sancionador toda vez que de la documentación obrante en el expediente administrativo se constata que el procedimiento se sustanció de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, tal y como se recoge en el Fundamento de Derecho Tercero de la presente Resolución, figurando incorporado en el expediente sancionador a efectos de acreditación de las notificaciones efectuadas, los correspondientes acuses de recibo de las notificaciones realizadas a la entidad expedientada de la Resolución de Inicio y Propuesta de Resolución que fueron recepcionadas, respectivamente, con fecha 24 de septiembre y 13 de noviembre de 2001 por Dña. Inés Reyes Díaz con D.N.I. nº 42.172.960. Por tanto no concurre causa que pueda conllevar a la anulabilidad según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no habiéndose ocasionado, en momento alguno, indefensión a la entidad interesada que ha podido efectuar cuantas alegaciones estimara pertinentes así como hacer uso de los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico para hacer valer sus intereses. En consecuencia, considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, los establecimientos alojativos deberán conservar siempre las instalaciones y ofrecer los servicios, al menos con la calidad que fue tenida en cuenta para concederles las autorizaciones turísticas pertinentes. Obligación incumplida por la entidad expedientada como ha quedado probado en el expediente sancionador tramitado. Por cuanto antecede, dado que el hecho infractor, plenamente acreditado, es subsumible en el artículo 76.3 de la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y habiendo sido fijada la sanción de multa impuesta con atención a la debida adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de infracción de conformidad con los criterios de intencionalidad y naturaleza de los perjuicios causados del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de la cuantía de la sanción de multa se establecen en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, habida cuenta la calificación de la infracción como grave y las circunstancias concurrentes. Por tanto, de conformidad con el informe emitido con fecha 15 de abril de 2002 por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, procede confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción de multa impuesta.
Visto el dictamen HAB.I.TUR. 33/02-C emitido con fecha 31 de mayo de 2002 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso de alzada nº 079/02 promovido por D. José Juan Quevedo Alba, en representación de la entidad mercantil Sodeho, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Estefanía, sito en Urbanización Águilas del Teide, término municipal de Arona y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 22, de fecha 25 de enero de 2002, recaída en el expediente sancionador nº 300/01, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de cinco mil doscientos cincuenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos (5.258,86 euros), 875.000 pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante la Sala correspondiente en función a la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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