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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a la entidad Guarasoca, S.L. de la Orden nº 342, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Visto el recurso de alzada formulado por D. Juan Carlos Acosta Quintero, en representación de Guarasoca, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en la Carretera Santa Cruz-La Laguna, 375, La Laguna-38320, registrado de entrada en las dependencias del ICFEM el día 13 de febrero de 2001, contra la Resolución nº 32, de 10 de enero de 2001, del Director del ICFEM, declarando procedente el reintegro de la subvención concedida en el expediente nº 12.625/96, y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 3 de octubre de 1996 D. Juan Carlos Acosta Quintero y D. Idelfonso C. Luis González, en representación de la entidad Guarasoca, S.L., formularon solicitud de subvención al amparo del "Programa de fomento a la creación de puestos de trabajo estable en las empresas radicadas en Canarias. Subvención a la conversión de puestos de trabajo temporales en indefinidos", previsto en la Sección 3ª, del Capítulo I, Decreto 69/1996, de 18 de abril, por el que se regulan los Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social.
Segundo.- Mediante Resolución nº 3222, de 29 de diciembre de 1997, del Director del ICFEM, se concedió a la entidad interesada una subvención por importe de setecientas setenta y nueve mil cuarenta (779.040) pesetas, por la conversión de un puesto de trabajo temporal en indefinido.
Tercero.- Mediante resolución nº 2735, de 29 de septiembre de 2000, del Director del ICFEM, se dictó Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro por incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de la subvención, supuesto de reintegro previsto en el apartado b) del artículo 32.1 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya aplicación al presente caso resulta de lo dispuesto en su Disposición Transitoria Primera en concordancia con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, que sustituye al anterior.
Efectivamente, de la documentación aportada al expediente, a efectos de justificación, se infiere que el trabajador D. José Antonio Yanes Pérez, que ocupaba el puesto de trabajo por cuya conversión en indefinido el día 3 de septiembre de 1996 se concedió la subvención, causó baja en la empresa el día 28 de septiembre de 1997, y no fue sustituido hasta el día 9 de enero de 1998, fecha de conversión en indefinido del contrato suscrito con D. Sergio Martín Molina, transcurrido, por tanto, el plazo máximo de un mes previsto en el artículo 15 del Decreto regulador. A su vez, este trabajador causó baja el día 26 de noviembre de 1998 y no fue sustituido hasta el 10 de febrero de 1999, transcurrido nuevamente el plazo máximo de un mes antes aludido.
Cuarto.- Concedido un plazo de diez días para que pudiera comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista en el mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tuviera por conveniente, el beneficiario presentó un escrito poniendo de manifiesto, en síntesis:
"(...) Primera.- Que el tiempo en que debía mantener el puesto de trabajo se ha cumplido al ser los tres años el tiempo total, desde septiembre del año 1996, siendo la primera contratación el día 3 de septiembre de 1996, siendo la baja el 28 de septiembre de 1997, siendo reemplazado por D. Sergio Martín Molina desde el día 9 de enero de 1998 al 26 de noviembre de 1998; siendo nuevamente sustituido por D. Texenen Hidalgo Álvarez, desde el día 10 de febrero de 1999 y hasta el 9 de mayo de 1999, por último Dña. María Esther Fuentes Rodríguez, desde el 14 de mayo de 1999 hasta el 9 de septiembre de 2000. Lo que hace un total de 42 meses y días, por lo que se ha cumplido con los plazos descritos en el Decreto de condiciones.
Segunda.- Que se han realizado las comunicaciones pertinentes con la única excepción de la primera, donde no se pudo conseguir trabajador alguno, realizando una consulta en ese Instituto a una Srta. Administrativa, Dña. Silvia Martínez Sánchez, la cual me comunicó de forma verbal el no tener problema alguno con los plazos, si se mantenía el empleo y que se presentara al conseguir otro trabajador (...)".
Quinto.- Mediante Resolución nº 32, de 10 de enero de 2001, del Director del ICFEM, se declaró procedente el reintegro de la subvención toda vez que a pesar de las alegaciones formuladas resultaba evidente el incumplimiento de obligaciones que incumbían al beneficiario en caso de que la relación laboral que había dado origen a la subvención se extinguiera antes de los tres años contados desde la fecha en que comenzó a surtir efectos (artº. 15 del decreto 69/1996).
Sexto.- Notificada la citada resolución con fecha 4 de septiembre de 2000, el interesado interpuso recurso de alzada contra la misma en tiempo y forma alegando, en síntesis:
"(...) 1º) Que se ha fomentado la contratación de jóvenes durante más de tres años y que desde el principio se cumplieron los requisitos formales y materiales para su contratación establecidos para ello, en el Decreto 69/1996, de 18 de abril, tal como demuestra la resolución de concesión.
Por lo que se cree que no es la principal causa que determine este reintegro ya que todo se ha limitado al mero cumplimiento de los plazos sin tener en cuenta otras circunstancias de la empresa, como es el encontrar aquella persona adecuada para el puesto que tenía que sustituir y que requería experiencia la cual no era fácil encontrar. La empresa nunca intentó incumplir directamente con dichos requisitos ni obrar de mala fe, y que siempre y como se demuestra con los escritos presentados todas las contrataciones tuvieron lugar, por lo que el destino de esos fondos públicos se reservó para costes de seguridad social, salarios, liquidaciones ... justificándolo siempre ante ese Organismo por medio de las certificaciones de la Seguridad Social.
2º) Que el plazo en el que se puede comparecer para tomar audiencia y presentar alegaciones no se ha tenido en cuenta por parte de este Organismo, ya que como se reitera en el recurso ya presentado en fecha 24 de octubre de 2000 se personó el interesado dándole por lo tanto más plazo para la sustitución, sin obligarle a presentar nada por escrito y por lo tanto confiando en la funcionaria que le dio la información (Dña. Silvia Martínez Sánchez).
(Este caso fue en la baja de Sergio Martín Molina- 26 de noviembre de 1998 hasta la nueva alta de Texenen Hildalgo 10 de febrero de 1999).
3º) Que la subvención se solicitó en octubre del 96, por lo que si el trabajador José Antonio Yanes Pérez causó baja en la empresa el día 28 de septiembre de 1997 antes de concederse la subvención fue una causa que la empresa no podía prever, ya que siempre intentó mantener el puesto de trabajo.
4º) Que al causar baja voluntaria en la empresa el trabajador objeto la subvención, José Antonio Yanes Pérez el día 28 de septiembre de 1997 se intenta buscar un nuevo trabajador que lo sustituya pero al no haber aún resolución del ICFEM, la empresa espera hasta saber si va a recibir la subvención para convertir a indefinido el contrato de Sergio Martín Molina, por lo que no se puede decir que la empresa era beneficiaria de la subvención por un trabajador que no estaba trabajando en el momento de la concesión y que la sustitución que se llevó a cabo incumplió con los artículos 7 y 15 del Decreto 69/1996 ya que la resolución se recibió el día 8 de enero de 1998 convirtiéndose a indefinido el contrato de Sergio Martín Molina el día 9 de enero de 1998, y comunicándolo por tanto al ICFEM el 16 de enero de 1998 (...)".
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Concurren en la presenta impugnación los requisitos formales mínimos para la admisión a trámite del recurso en cuestión, a saber:
A) Legitimación activa del recurrente, apreciada a tenor de lo dispuesto en el artículo 31.1.a) en relación con el artº. 32 de la LRJ-PAC.
B) Tiempo hábil de la impugnación, en cuanto se ha interpuesto dentro del plazo de un mes establecido en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuya redacción modificó la Ley 4/1999, de 13 de enero.
C) Competencia, por cuanto que el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales es el órgano formalmente competente para entrar a conocer del recurso que nos ocupa, según recoge el artículo 114 de la LRJ-PAC, en relación con el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, este último en concordancia con los artículos 2.2 del Decreto 329/1995, de 24 de noviembre (B.O.C. nº 159, de 15.12.95), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, así como con el artículo 10, apartado 3, de la Ley 6/1996, de 30 de diciembre (B.O.C. nº 8, de 17.1.97), de modificación de la Ley 7/1992, de 26 de noviembre, de creación del ICFEM.
Segundo.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 69/1996, de 18 de abril, "los beneficiarios de las subvenciones (...) quedan obligados a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención durante los 3 años siguientes como mínimo (...)".
Por su parte, el artículo 15 dispone que, "Uno.- Si la relación laboral que dio origen a la subvención se extinguiera antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzó a surtir efecto, el beneficiario de la subvención estará obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador contratado por tiempo indefinido. Dos.- Los beneficiarios de la subvención deberán comunicar inmediatamente al ICFEM la extinción del contrato, así como proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes contado desde que dicha extinción haya tenido lugar y presentar la documentación que acredite haberla realizado dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga efecto la nueva contratación".
En el caso que nos ocupa, la entidad solicitó la subvención por la conversión en indefinido con fecha 3 de septiembre de 1996 del contrato temporal suscrito con el trabajador José Antonio Yanes Pérez. Como quiera que dicho trabajador causó baja el día 28 de septiembre de 1997 y la subvención se concedió con fecha 29 de diciembre de 1997, ciertamente en aquella fecha la entidad no ostentaba la condición de beneficiaria y podría interpretarse que no le era de aplicación lo dispuesto en el referido artículo 15. Sin embargo, de considerar que la conversión subvencionada realmente fue la del contrato suscrito con el trabajador Sergio Martín Molina, y realizada el día 9 de enero de 1998, igualmente resulta evidente el incumplimiento del citado precepto toda vez que el susodicho trabajador causó baja con fecha 27 de noviembre de 1998 y fue sustituido el 10 de febrero de 1999, es decir, transcurrido el plazo máximo de un mes.
En consecuencia, vistos los textos legales citados y demás normas de pertinente aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso ordinario formulado por D. Juan Carlos Acosta Quintero, en representación de Guarasoca, S.L., contra la resolución nº 32, de 10 de enero de 2001, del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, por encontrarla ajustada a derecho.
Segundo.- Notifíquese la presente al interesado en el expediente, con la indicación de que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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