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El artículo 9 de la Ley territorial 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador, ha introducido un nuevo artículo 67 bis en la Ley territorial 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que sujeta determinadas operaciones financieras de las sociedades mercantiles públicas y de las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma, a la autorización previa del Gobierno o del Consejero competente en materia de hacienda, según los casos.
La presente Orden establece el procedimiento de tramitación de las solicitudes de autorización de esas operaciones, que serán analizadas tanto en sus aspectos estrictamente financieros, como en cuanto a su posible repercusión en el endeudamiento de la Comunidad Autónoma. Todo ello, sin olvidar el parecer del Departamento al que estuviera adscrita la entidad interesada.
Con el acceso de España a la Unión Económica y Monetaria, en 1999, el equilibrio presupuestario se ha convertido en un objetivo preferente de la política presupuestaria y en la principal contribución de dicha política a la estabilidad macroeconómica.
De esta forma, el nuevo artículo 67 bis de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, citada, parece orientado a reforzar la coordinación de las operaciones de endeudamiento de las entidades que integran el sector público autonómico, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en la parte que corresponde a nuestra Comunidad Autónoma.
Atención especial reciben, en la Orden, los casos en que la realización de la operación de endeudamiento implica una modificación de los presupuestos de explotación y capital de la sociedad mercantil pública interesada, que precisa, a su vez, autorización previa con arreglo a la normativa vigente. En estos supuestos, la eficacia de la resolución de autorización de la operación de endeudamiento quedará condicionada a que el órgano competente autorice la correspondiente modificación presupuestaria.
Por todo ello, en ejercicio de la facultad que el apartado 5 del artículo 67 bis de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, citada, atribuye al Consejero de Economía, Hacienda y Comercio,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- Objeto.
La autorización de las operaciones de endeudamiento de las Entidades de Derecho público y las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 67 bis de la Ley territorial 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ajustará al procedimiento establecido en la presente Orden.
Artículo 2.- Presentación de la solicitud.
La solicitud de autorización se dirigirá al centro directivo competente en materia de política financiera.
Artículo 3.- Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud deberá estar suscrita por órgano competente de la entidad o sociedad interesada y especificará la operación de que se trate y sus principales características.
2. Junto con la solicitud, se presentará la siguiente documentación:
a) Informe del Departamento al que estuviera adscrita la entidad o sociedad interesada. En el supuesto de adscripción compartida, deberá acompañarse un informe de cada uno de los Departamentos afectados.
El informe mencionado en el párrafo anterior deberá especificar el programa u objetivo al que responde la operación financiera, en el conjunto de los presupuestos de la entidad de Derecho público o de los presupuestos de explotación y capital, y del programa de actuación, inversiones y financiación, de la sociedad mercantil interesada.
b) Certificación del acuerdo del órgano competente de la sociedad mercantil o entidad de Derecho público para disponer la realización de la operación.
c) Propuesta definitiva del contrato que haya de documentar la operación, suscrita por la entidad financiera correspondiente, y que deberá tener reconocida por ésta una vigencia no inferior a tres meses. Así mismo, se acompañarán las ofertas que hubieran presentado otras entidades financieras.
Cuando la operación tuviera por objeto la novación, modificación o sustitución de otra vigente, se deberá aportar, además de la documentación establecida en el párrafo anterior, el contrato en el que se documente esta última operación.
d) Memoria que describa la finalidad perseguida con la operación. Cuando esta última tuviera por fin la realización de una inversión, se acompañará, además, un estudio sobre la misma, debidamente razonado y justificado.
e) Cuando la operación consista en un empréstito, se aportará detalle de las características y condiciones de los valores, del procedimiento de colocación y adjudicación, así como del régimen jurídico aplicable a la emisión u oferta de valores.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el nº 2 anterior, las sociedades mercantiles públicas deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
a) La de carácter económico financiero que, con arreglo al calendario previsto en el anexo del Decreto 176/2000, de 6 de septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles (B.O.C. nº 129, de 27.9.00), y hasta la fecha de presentación de la solicitud de autorización, la sociedad interesada estuviera obligada a enviar al centro directivo competente en materia de política financiera, por exigencia del artículo 22.1 del Decreto citado.
No obstante, no será necesario que la solicitud venga acompañada de la documentación expresada en el párrafo anterior cuando la sociedad interesada acredite, de manera fehaciente, que dicha información ha sido presentada ya en el centro directivo competente en materia de política financiera.
b) Certificación comprensiva de los acuerdos adoptados por los órganos de la sociedad interesada relativos a variaciones anuales de los presupuestos de explotación y capital que no hayan precisado autorización administrativa con arreglo a lo establecido en la normativa vigente.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores del presente artículo, el órgano instructor del procedimiento podrá pedir la información complementaria que considere oportuna para un mejor fundamento de la resolución.
Artículo 4.- Órgano instructor.
La instrucción del procedimiento corresponderá al centro directivo competente en materia de política financiera.
Artículo 5.- Informes.
Sin perjuicio del informe a que se refiere la letra a) del número 2 del artículo 3, durante la tramitación del procedimiento deberán emitir informe preceptivo los siguientes órganos:
a) El centro directivo competente en materia de política financiera, con objeto de analizar los aspectos financieros de la operación correspondiente, así como la repercusión de ésta en el endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) El centro directivo competente en materia de presupuesto, con el fin de verificar si la operación se ajusta a los presupuestos de la entidad de Derecho público o a los presupuestos de explotación y capital, así como a los programas de actuación, inversiones y financiación de la sociedad mercantil interesada.
A efectos de lo dispuesto en esta letra b), el centro directivo competente en materia de presupuesto podrá solicitar de la entidad o sociedad interesada la documentación complementaria que precise para la emisión de su informe.
Artículo 6.- Resolución y notificación.
1. Concluida la instrucción del procedimiento, el centro directivo competente en materia de política financiera elevará la propuesta de resolución que corresponda al Consejero competente en materia de hacienda para que el mismo resuelva, o bien, disponga lo necesario para que la propuesta sea sometida al Gobierno de Canarias, a efectos de que éste adopte el correspondiente Acuerdo, con arreglo a lo previsto en el artículo 67 bis de la Ley territorial 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Cuando la realización de la operación de endeudamiento suponga una modificación de los presupuestos de explotación y capital de la sociedad mercantil pública, la eficacia de la resolución de autorización de aquélla quedará condicionada a la autorización que, para dicha modificación, requiera, en su caso, la normativa vigente.
3. La resolución de la solicitud deberá ser enviada al centro directivo competente en materia de política financiera, que procederá a notificarla a la entidad o sociedad interesada, al centro directivo competente en materia de presupuesto, así como al Departamento, o Departamentos, al que la entidad o sociedad estuviera adscrita.
Artículo 7.- Plazo de resolución y notificación.
1. La solicitud de autorización deberá ser resuelta y notificada dentro del plazo máximo de tres meses.
El plazo expresado en el párrafo anterior se computará desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro de la Consejería competente en materia de hacienda.
2. El plazo para resolver y notificar previsto en el nº 1 anterior podrá ser suspendido, de acuerdo con lo que establezca la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
Artículo 8.- Contenido de la resolución de autorización.
La resolución que autorice la operación deberá especificar las características de ésta y su destino o finalidad.
Artículo 9.- Formalización de la operación.
Sin excepción alguna, el contrato en el que se documente la operación, o la emisión u oferta de valores, deberá ajustarse, en todos sus términos, al contenido de la resolución de autorización.
Con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior, dentro del mes siguiente a la fecha de formalización de la operación, o de adjudicación final de los valores, la entidad o sociedad interesada deberá enviar al centro directivo competente en materia de política financiera el contrato correspondiente, o los resultados definitivos de la emisión u oferta de valores.
Disposición final única
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2002.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO,
Adán Martín Menis.
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