Providencia de 4 de septiembre de 2002, del Jefe de Servicio de Carreteras, Vivienda y Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-43789-O-00.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-43789-O-00.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 10 de mayo de 2002, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:
Visto escrito presentado por D. Celestino Padrón Domínguez, en nombre y representación de la entidad mercantil: Hernández Sánchez e Hijos, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha: 8 de noviembre de 2001 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando que con fecha y hora: 20 de octubre de 2000, 12,35 por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: TF-7993-BZ, del que es titular: Hernández Sánchez e Hijos, S.L. por: circular con el vehículo desde el Puerto de la Cruz, procedente de varios complejos hoteleros hacia La Orotava transportando 20 botellas de 35 Kgs cada una de ellas de butano C Mezcla Comercial A, o Propano con nº materia 1965 nº peligro 23, careciendo de la correspondiente carta de porte en vacío del A.D.R.
Resultando que el día: 13 de septiembre de 2001 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-43789-O-2000.
Resultando que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 8 de octubre de 2001 que venía a sancionar a: Hernández Sánchez e Hijos, S.L. con multa que ascendía a: 1.502,53 euros (250.000 pesetas), por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.b) Ley 16/1987, de 30.7, artº. 197.b) Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 y artº. 33 Real Decreto 2.115/1998 y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.
Notificándose dicha Resolución en fecha: 16 de octubre de 2001.
Resultando que con fecha: 31 octubre de 2001, D. Celestino Padrón Domínguez, en nombre y representación de la entidad mercantil: Hernández Sánchez e Hijos, S.L., interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que la calificación dada a esa infracción por el órgano de Transportes se base en el artículo 140.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que se refiere a la realización de transporte de mercancías "en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas, por entrañar peligro grave y directo para las mismas", entienden que este artículo es inaplicable, por cuanto lo que aquí se reclama es la carencia de un documento exigido reglamentariamente (carta de porte), y no que el transporte realizado amenace a la integridad de las personas por cuanto se cumplían todas las medidas de seguridad en el mismo. Esta infracción, carencia de carta de porte, se haya expresamente recogida dentro del artículo 142.l) del propio texto, calificada como infracción leve. Que todos los vehículos de la empresa, al cargar en el depósito las botellas llenas antes de iniciar el reparto, siempre llevan la correspondiente carta de porte. Lo que ocurre es que el chófer a medida que hace los cambios de botellas nuevas por vacías, le es imposible elaborar una nueva carta de porte cada vez que se desprende de una botella, y reseñar en cada documento del día cuántas transporta llenas y cuántas vacías. Por tanto, en el momento de la denuncia, el vehículo denunciado sí llevaba carta de porte, pero aquella que se le confeccionó por la mañana a la salida del depósito después de cargar las botellas que iba a repartir.
Considerando que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: a tenor de lo preceptuado en el artículo 21 del Decreto 2.115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera "La carta de porte, con los datos exigidos en el A.D.R., así como las instrucciones escritas para el conductor deberán ser entregadas a éste antes de iniciarse el transporte. El cargador podrá firmar, por delegación del expedidor, la carta de porte y deberá hacer constar en la misma, o en declaración aparte, que la mercancía se admite al transporte por carretera y que su estado y acondicionamiento y, en su caso, el envase y etiquetaje responden a las prescripciones del A.D.R., en idéntico sentido se pronuncia el marginal 2002 (9) del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (A.D.R.) hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, con las enmiendas en vigor a partir del 1 de enero de 1999. Los intermediarios, continúa el artículo 21, en el contrato de transporte deberán recabar del expedidor la documentación obligatoria, que transmitirán al transportista juntamente con la carta de porte que suscriban".
Asimismo, el marginal 2002 (3) del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (A.D.R.) hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, con las enmiendas en vigor a partir del 1 de enero de 1999, establece el contenido mínimo de la carta de porte, añadiendo que, en caso de destinos múltiples, el nombre y dirección de los destinatarios, así como las cantidades expedidas que permitan evaluar la naturaleza y las cantidades transportadas en cualquier momento, podrán indicarse en otros documentos que hayan de utilizarse o en cualesquiera otros documentos obligatorios, en virtud de otras reglamentaciones particulares y que deban hallarse a bordo del vehículo. El expedidor comunicará por escrito estos datos al transportista.
Concretamente, en referencia a la mercancía transportada, botellas de butano, el marginal 2237 del A.D.R. dispone las indicaciones que deben figurar en tal caso en la carta de porte en el supuesto de los envases vacíos.
Considerando: habida cuenta que del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo TF-7993-BZ realizaba en el momento de ser denunciado un transporte de mercancía peligrosa, careciendo del documento de acompañamiento de la mercancía, carta de porte en vacío, constituyendo una infracción muy grave a la normativa de transporte vigente, debidamente tipificada en los artículos ya consignados en la resolución sancionadora impugnada; habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; habida cuenta, que en el presente supuesto, la infracción a la normativa de transporte consiste, tal como dispone el artículo 33.10 del Real Decreto 2.115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera, en "no llevar los documentos de acompañamiento de la mercancía o no indicar en ellos, o indicar inadecuada o erróneamente la mercancía peligrosa transportada, o la falta de declaración del expedidor sobre la conformidad de la mercancía y el envase para el transporte", pudiendo la omisión de dicho documento afectar a la seguridad de las personas, dado que en casos de accidente, avería, es en la carta de porte donde se describe la cantidad y clase de las mercancías peligrosas transportadas, en orden a las medias a adoptar en esos casos, de ahí la gravedad de la infracción consistente en carecer del referido documento.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Celestino Padrón Domínguez, en nombre y representación de la entidad mercantil: Hernández Sánchez e Hijos, S.L., confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha: 8 de octubre de 2001, que determinó la imposición de una sanción de: 1.502,53 euros (250.000 pesetas), manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de septiembre de 2002.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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