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BOC Nº 134. Miércoles 9 de Octubre de 2002 - 3221

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

3221 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 3 de septiembre de 2002, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 2 de abril de 2002, por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro realizado a Cristalería Lanzarote, S.L., en ignorado domicilio.- Expte. nº 96-8321.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 2 de abril de 2002 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:

Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro parcial de subvenciones, incoado a la entidad Proveedora Lanzarote S.L. (antes: Cristalería Lanzarote, S.L.).

Examinado el expediente administrativo nº 96-8321, iniciado por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo a la citada entidad, referente a reintegro de subvención concedida, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución nº 2175, de fecha 22 de diciembre de 1997, del Instituto Canario de Formación de Empleo se concedió a Cristalería Lanzarote, S.L., una subvención por importe de nueve mil trescientos sesenta y cuatro euros con veinticinco céntimos (9.364,25 euros), con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s 103.322C.J.470.00 L.A./P.I. 23.4262.02, dentro del programa "Fomento a la creación de puestos de trabajo estables en las empresas radicadas en Canarias", de conformidad con lo establecido en el Decreto 69/1996, de 18 abril y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la conversión de puestos temporales en indefinidos. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión y en las normas reguladoras, quedó establecida en los siguientes términos: artículo 13 y siguientes de la Decreto 69/1996, de 18 abril, así como en la propia Resolución de concesión, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y demás normativas de pertinente y general aplicación.

Tercero.- Mediante Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro nº 1767, de 24 de junio de 1999, notificado al interesado el 28 de julio de 1999, se inició procedimiento para el reintegro de la subvención, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en el citado acuerdo se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.

Cuarto.- Mediante diversos escritos, que van desde el 9 de agosto de 1999, hasta noviembre de 2001 (tras varios requerimientos efectuados por el Centro Gestor, a fin de completar la documentación presentada), el beneficiario ha presentado alegaciones y documentación, manifestando su oposición al procedimiento de reintegro iniciado, y presentando documentación sobre la que pretende hacer basar su derecho.

Quinto.- Entendiéndose que, de la documentación que obra en el expediente de referencia, se desprende la justificación parcial del expediente, se procede a emitir informe en tal sentido a la Intervención Delegada del ICFEM, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29.4 del Decreto 6/1995, citado, en relación con el artículo 14 del Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora, la cual, a través de informe de fecha 12 de marzo de 2002, con nº de registro de entrada en el ICFEM 95783, procede a dar por justificada parcialmente la subvención que nos ocupa, en los siguientes extremos:

Respecto del trabajador Víctor Acosta Berriel, se cumple con la normativa aplicable, y por tanto se da por justificada la totalidad de la subvención concedida por este trabajador.

Respecto del trabajador José Martín Perera, este causa baja en fecha 16 de enero de 1998, no incorporándose a su puesto de trabajo hasta el día 3 de mayo de 1999, incumpliéndose por tanto la normativa aplicable, de lo que se desprende el reintegro de la subvención percibida por este puesto de trabajo (4682,12 euros), más los intereses legales de demora que correspondan.

Sexto.- Como consecuencia de dicho Informe, mediante Resolución del Director del ICFEM nº 02-35/0769, de fecha 27 de marzo de 2002, se procede a dar por justificada parcialmente la subvención de referencia.

A estos Antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para acordar el reintegro parcial de la subvención concedida a Cristalería Lanzarote, S.L., mediante Resolución de fecha 22 de diciembre de 1997, registrada al nº 2175, es el Director del ICFEM, a tenor de lo previsto en el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se regula el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), en relación directa con la Disposición Transitoria 1ª del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se regula actualmente el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- En los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, citado, y las contenidas en la normativa reguladora de la respectiva convocatoria, Decreto 69/1996, de 18 abril.

Tercero.- Visto el expediente de referencia y observadas las disposiciones mencionadas, procede acordar el reintegro parcial de la subvención concedida, por cuanto de la documentación obrante en el expediente que nos ocupa se deriva el incumplimiento parcial de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones (Decreto 69/1996, de 18 abril), y ha quedado probado en los siguientes términos:

De la documentación que obra en el expediente de referencia, se derivan lo siguientes incumplimientos:

- El interesado procede a la suspensión del contrato de trabajo suscrito con José Martín Perera, por la incorporación de este al Servicio Militar, lo que supone una causa válida de excedencia, contemplada, no solo por la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones, sino por el propio Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, esta excepcionalidad, solo se fundamenta por el deber que recae sobre el trabajador de realizar una tarea inexcusable, cual es el Servicio Militar, y, por lo tanto, solo perdurará mientras perdure dicho Servicio.

- A la vista del Certificado del Ministerio de Defensa presentado por el interesado, se establece que tal Servicio finalizó el 13 de noviembre de 1998, por lo que, a partir de esta fecha, finalizaba la causa que daba cobertura a la suspensión del contrato, y reaparecía la obligación que tiene el interesado de mantener el puesto de trabajo indefinido o, caso de baja del mismo, sustituirlo por otro trabajador indefinido, tal y como contempla el artículo 15 del Decreto 69/1996, de 18 de abril.

- No obstante, este trabajador vuelve a la empresa en fecha 3 de mayo de 1999, esto es, cinco meses después de haber finalizado el Servicio Militar, lo que supone incumplimiento frontal de la normativa referenciada, en criterio compartido por la propia Intervención Delegada del ICFEM.

Vistos los antecedentes mencionados, el Decreto 69/1996, de 18 abril, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), el Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (B.O.E. nº 234, de 29.9.88), y las demás disposiciones de general y pertinente aplicación, en ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, citado,

PROPONE:

Primero.- Acordar el reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Cristalería Lanzarote, S.L., mediante Resolución del Instituto Canario de Formación de Empleo, de fecha 22 de diciembre de 1997, registrada al nº 2175, al haber incurrido el beneficiario en las causas de incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones, que han resultado probadas y descritas en los Fundamentos de Derecho de la presente.

Segundo.- Comunicar al interesado que la cantidad a reintegrar asciende a cuatro mil seiscientos ochenta y dos euros con doce céntimos (4.682,12 euros), más trescientos dieciocho euros con treinta y cinco céntimos (318,35 euros), en concepto de intereses legales de demora, en aplicación del artículo 33 del Decreto 6/1995, citado, en relación con el artículo 3, apartado 6º, punto d) de la Orden de 13 de septiembre de 1993 sobre tramitación de reintegros y pagos (B.O.C. nº 126, de 1.10.93), y devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de Inicio del Procedimiento de Reintegro, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución, hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.

Tercero.- Fijar que la obligación de reintegro establecida en esta Resolución, no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento denunciado y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Cuarto.- Adjuntar a la presente documentos cobratorios (carta de pago y talón de cargo), para efectuar el ingreso de la deuda, conforme con los plazos descritos en el artículo 20 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que establece:

- Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

- Recibida la notificación entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Dicho ingreso se realizará en las entidades financieras siguientes:

Para la provincia de Las Palmas:

Entidad: Caja Insular de Ahorros de Canarias CCC 2052 8130 24 3510002204.

Para la provincia de Santa Cruz de Tenerife:

Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias CCC 2065 0118 81 1114001822.

Efectuado el ingreso se remitirá a la Tesorería del ICFEM el documento cobratorio (talón de cargo), con la certificación o diligencia del pago realizado en la entidad correspondiente.

El vencimiento de estos plazos, sin haberse satisfecho la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, exigiéndose la deuda con el recargo de apremio y de los intereses de demora hasta la fecha de ingreso.

Quinto.- Comunicar asimismo al interesado que, conforme al artículo 48 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, citado, la deuda podrá aplazarse o fraccionarse, previa solicitud que habrá de presentarse en la Tesorería del Instituto Canario de Formación y Empleo, conforme a los modelos de solicitudes que se adjuntan a la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer el recurso de alzada al que aluden los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio, caso de ser desestimado, de establecer nueva cuantía en los intereses legales de demora que se establezcan en la Resolución subsiguiente y sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente, en aplicación de la normativa legal vigente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.

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