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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Leonard Alan Brownless, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Parque Santiago I-Brownless, la Resolución de 16 de mayo de 2002 (Libro nº 1, Folio 120, nº 53), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 058/02 (expediente nº 211/01), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 804, de fecha 5 de noviembre de 2001.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Adeje (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de septiembre de 2002.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso de alzada nº 058/02 interpuesto por D. José Carlos García Méndez, en representación de D. Leonard Alan Brownless.
Visto el recurso de alzada nº 058/02 formulado por D. José Carlos García Méndez, en representación de D. Leonard Alan Brownless, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Parque Santiago I-Brownless, sito en la Avenida Rafael Puig, Playa de las Américas, Arona, Tenerife, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 804 de fecha 5 de noviembre de 2001, recaída en el expediente sancionador nº 211/01, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en explotar turísticamente 29 unidades alojativas del establecimiento consignado, el cual consta de 273 unidades, incumpliendo el principio de unidad de explotación, legalmente establecido.
Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de diecisiete mil cuatrocientos veintinueve euros con treinta y cinco céntimos (17.429,35) (2.900.000 pesetas).
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando el archivo del expediente sancionador y la anulación de la sanción impuesta.
A tal fin se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:
1º) Que la actividad principal es la limpieza y mantenimiento, según pudo acreditar mediante la correspondiente alta fiscal durante la visita de la Inspección. Dicha actividad ha sido, desde hace tres años, la única que viene realizando D. Alan Brownless en ese y otros complejos extrahoteleros, puesto que los propietarios envían los clientes que son recibidos por él.
2º) Que anteriormente a la fecha de aplicación del principio de unidad de explotación, tuvo autorización de unas unidades en el complejo citado, de las cuales perdió la documentación en un incendio acaecido en sus oficinas. Que propuso a los propietarios llegar a un acuerdo con los responsables de la explotación mayoritaria, a efectos de cumplir con la legalidad vigente. Acuerdo que no se llevó a cabo ante las condiciones impuestas por dicha empresa. Razón por la cual siguió con su actividad de limpieza y mantenimiento.
3º) Que se quiere dejar constancia del error administrativo cometido al no solicitar en su momento la baja de las unidades que figuraban en el Registro del Cabildo a su nombre, hecho éste que puede ser razón para que se le impute la explotación de dichas unidades, pero que no prueba la comisión de la infracción y por lo tanto que se haya acreditado suficientemente la misma, haciéndole acreedor de la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución sancionadora de fecha 5 de noviembre de 2001.
En relación con el hecho constitutivo de la infracción imputada, hay que señalar primeramente que la Exposición de Motivos de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, establece que "Una de las mayores aspiraciones de la ordenación turística de Canarias llevada a cabo por la Ley 7/1995, de 6 de abril, es la consecución del principio de unidad en la explotación de los establecimientos, edificaciones y complejos alojativos turísticos. Este principio exige el sometimiento a una única titularidad empresarial de la explotación, gestión, administración y dirección de la totalidad de unidades alojativas de dichos establecimientos, como garantía de responsabilidad y calidad en la prestación de los servicios que ofrezcan a los usuarios turísticos".
De este modo, el artículo 38 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en su redacción dada por la Ley 5/1999, de 15 de marzo, dispone respecto del principio de unidad de explotación, que "1.- La explotación turística de los establecimientos alojativos, en sus distintas modalidades, deberá efectuarse bajo el principio de unidad de explotación. 2.- A los efectos de esta Ley, se entiende por unidad de explotación el sometimiento a una única empresa de la actividad de explotación turística alojativa en cada uno de los establecimientos, conjunto unitario de construcciones, edificios o parte homogénea de los mismos, cuyas unidades alojativas habrán de estar destinadas en su totalidad a la actividad turística a la que quedan vinculadas, procediendo la constancia registral de esta vinculación en los casos y términos previstos en la legislación específica sobre la materia. 3.- A los efectos previstos en el presente artículo, la explotación turística comprende el desarrollo de todas aquellas actividades de gestión, administración y dirección comercial propias de la prestación del servicio de alojamiento turístico".
A este respecto cabe decir que la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, determina, en su apartado primero que los establecimientos alojativos que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran autorizados para el ejercicio de la actividad turística "estarán sujetos al principio de unidad de explotación, con las siguientes especialidades: Deberán estar destinadas a la explotación turística más del 50% de las unidades alojativas del inmueble de que se trate". Y en su apartado segundo dispone, también para los establecimientos alojativos que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran autorizados para el ejercicio de la actividad turística, que "dispondrán del plazo de un año para cumplimentar el principio de unidad de explotación en los términos expresados. A estos efectos, en aquellos establecimientos en los que concurrieren en la explotación turística dos o más empresas, de no alcanzar éstas un acuerdo para hacer efectiva la unidad de explotación, sólo será considerada, en su caso, como empresa explotadora aquella que tuviera a su cargo más del 50 % de las unidades alojativas del inmueble destinadas a la actividad turística alojativa".
En el Acta de Inspección nº 5363, levantada con fecha 25 de abril de 2001 en los Apartamentos "Parque Santiago I-Brownless", ante D. Leonard Alan Brownless, titular, se constata que "el complejo donde se ubica dicho establecimiento se compone de un total de 273 unidades alojativas, de las cuales el compareciente, como titular de la explotación del establecimiento visitado, explota 29 unidades. En el momento de la visita el establecimiento está abierto al público y dispone de la oportuna autorización administrativa para el ejercicio de su actividad de alojamiento turístico", teniendo en cuenta el valor probatorio de tales actas en base al artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, el cual dispone que "Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados", en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, que recoge que "Las actas son documentos públicos que acreditan, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos a los que se refiere".
En fecha 30 de abril de 2001, se realiza por el Instructor actuante un Informe Técnico en el que se detalla la identidad de los titulares que explotan el referido complejo, así como el número de unidades alojativas que explota cada una de ellas y el porcentaje que éstas representan en relación al total de unidades del complejo, siendo así que en el complejo denominado "Parque Santiago I", están destinados a la explotación turística 29 unidades alojativas de las 273 unidades que lo componen, y que D. Leonard Alan Brownless explota las 29 unidades alojativas, las cuales representan el 10,6% del total de unidades que conforman el complejo.
De lo anteriormente expuesto se constata que, a fecha de 25 de abril de 2001, en el complejo "Parque Santiago I" no se cumple con lo dispuesto en el apartado primero de la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, al no estar destinadas a la explotación turística más del 50% de las unidades alojativas que lo componen, siendo así que el porcentaje destinado a dicha explotación es el 10,6%, siendo D. Leonard Alan Brownless quien explota las 29 unidades alojativas, por lo que no se ha cumplimentado el principio de unidad de explotación en el plazo de un año concedido en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo,
El apartado quinto de la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, dispone que "El incumplimiento o imposibilidad de la adaptación establecida en los apartados anteriores, supone la aplicación de las consecuencias previstas en el artículo 42 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias". Dicho artículo 42, además de recoger una serie de consecuencias por no seguir el principio de unidad de explotación en su apartado primero, establece en el segundo que "El incumplimiento del principio de unidad de explotación y de sus requisitos y condiciones se considerará infracción y será sancionado con arreglo a esta Ley".
Se produce por tanto una infracción a la normativa turística por cuanto se está realizando en fecha 25 de abril de 2001 una actividad de explotación turística incumpliendo el principio de unidad de explotación y de sus requisitos y condiciones, habiendo transcurrido el plazo de un año concedido para su cumplimentación de acuerdo con la normativa referenciada.
Tal infracción viene tipificada en el artículo 76.13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que dispone que constituye infracción grave a la normativa turística "El incumplimiento de las normas de esta Ley respecto al principio de unidad de explotación de establecimientos alojativos". En este sentido, el artículo 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, añade una Disposición Adicional Quinta, en la que establece el régimen sancionador aplicable al incumplimiento del principio de unidad de explotación, según el cual "1.- Las empresas explotadoras de establecimientos turísticos de alojamiento que, resultándoles de aplicación la Disposición Transitoria²nica de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, no hayan procedido al cumplimiento del principio de unidad de explotación en los términos previstos en dicha disposición, serán sancionadas conforme al siguiente régimen: a) Si persistiere el incumplimiento de este principio el 24 de marzo de 2001, será incoado el correspondiente procedimiento sancionador, imponiéndosele, en el caso de derivarse responsabilidad, multa en cuantía de 601,012 euros (100.000 pesetas) por unidad alojativa que exploten hasta el límite previsto en el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias". De este modo, en la Resolución de Iniciación de expediente sancionador nº 670, de 6 de junio de 2001, se determina como sanción que pudiera corresponderle la de multa en cuantía de dos millones novecientas mil pesetas. A este respecto, la parte interesada no ha presentado alegaciones en contestación a la Resolución de Iniciación ni a la Propuesta de Resolución, y tampoco ha aportado hecho alguno distinto de los ya tenidos en cuenta por el Instructor actuante durante al tramitación del expediente, por lo que la Resolución Sancionadora nº 804, de 5 de noviembre de 2001, procede a imponer la sanción de multa propuesta.
El artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, establece la escala correspondiente a las multas a imponer por la comisión de infracciones a la normativa turística, determinando que ante la comisión de infracciones graves corresponden multas de 250.001 a 5.000.000 de pesetas. El que se haya impuesto sanción de multa en cuantía de dos millones novecientas mil pesetas (17.429,35 euros), por la infracción grave, probada en el presente expediente, tiene como fundamento el haberse aplicado, con atención a la debida adecuación a la gravedad de los hechos constitutivos de infracción, los criterios del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como los criterios establecidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en el artículo 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, anteriormente referenciado.
Por último, respecto a las alegaciones realizadas por la parte hoy recurrente en su escrito de recurso de alzada referentes a que el hecho de no solicitar en su momento la baja de las unidades que figuraban en el Registro del Cabildo a su nombre no prueba la comisión de la infracción, ni se le puede hacer acreedor de la sanción impuesta, cabe decir que el artículo 16 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre ordenación de apartamentos turísticos, dispone que "El cese en la explotación turística de los alojamientos deberá comunicarse por el titular de la explotación, en el plazo de un mes, al órgano administrativo autorizante del alta o apertura, procediéndose, de inmediato, a tramitar la cancelación en el Registro turístico regional correspondiente", por lo que ante una falta de la comunicación obligatoria del cese de la explotación turística ante la Administración turística competente, no consta a ningún órgano administrativo que se haya producido el mismo, siguiendo en vigor la situación de explotación por la entidad titular autorizada. A mayor abundamiento, tanto en el Acta de Inspección nº 5363, de 25 de abril de 2001, como en el Informe Técnico de Inspección de 30 de abril de 2001, se constata que D. Leonard Alan Brownless es el titular y explota las 29 unidades alojativas. De este modo, D. Leonard Alan Brownless incurre en la responsabilidad que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, se le determina por la comisión de la infracción anteriormente especificada.
Por cuanto antecede procede, de conformidad al informe propuesta emitido con fecha de 25 de enero de 2002 por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a derecho los pronunciamientos contenidos en la misma manteniendo la sanción de multa impuesta.
Visto el dictamen nº 14/02-C HAB.I.TUR. emitido con fecha 7 de mayo de 2002 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso de alzada nº 058/02 promovido por D. José Carlos García Méndez, en representación de D. Leonard Alan Brownless, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos "Parque Santiago I-Brownless", sito en la Avenida Rafael Puig, Playa de las Américas, Arona, Tenerife, y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 804 de fecha 5 de noviembre de 2001, recaída en el expediente sancionador nº 211/01, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de diecisiete mil cuatrocientos veintinueve euros con treinta y cinco céntimos (17.429,35 euros) (2.900.000 pesetas), manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante la Sala correspondiente en función a la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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