BOC - 2002/123. Lunes 16 de Septiembre de 2002 - 2959

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

2959 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de julio de 2002, relativa a notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra los mismos, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº: 35/675/2001.

Responsable: Majoventura, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35475375.

MOTIVACIÓN

Referencia de hechos: el día 5 de julio de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Cyber Play, propiedad de Majoventura, S.L., sita en el Centro Comercial Castillo, local 12 B, Caleta de Fuste, del término municipal de Antigua; y mediante acta levantada al efecto nº 2112, procedieron a cumplimentar diligencias respecto al acta 1019 de 2 de febrero de 2001, levantada a esa misma empresa en la que se comprobó que en esa fecha el establecimiento no tenía a disposición de los clientes las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exhibía el cartel anunciador de las mismas.

Se procedió a verificar e identificar fiscalmente a la empresa mediante su nombre o denominación social y C.I.F., habida cuenta que en el anterior acta de fecha 2 de febrero de 2001, se solicitó copia del I.A.E. a fin de acreditar estos extremos y la misma no fue aportada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Majoventura, S.L. la sanción de multa de 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº: 35/36/2002.

Responsable: Galerías Perera, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35598580.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de noviembre de 2001, inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Galerías Perera, propiedad de Galerías Perera, S.L., sito en la calle Luis Morote, 1, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6475 procedieron a llevar a cabo la Campaña Nacional de Inspección 2001-2002 de Servicios de Asistencia Técnica (S.A.T.) y a cumplimentar el Protocolo anexo de la misma que forma parte integrante del acta levantada y del cual una vez rellenado se entregó fotocopia junto a la copia correspondiente del acta.

Al respecto se comprobaron los siguientes extremos:

1) No tenían a disposición de los usuarios las preceptivas Hojas de Reclamaciones.

2) No facilitaban al usuario la preceptiva información en los siguientes aspectos:

- No exhibían de forma visible el horario de prestación de servicios.

- No figuraban expuestos los precios aplicables por hora de trabajo.

- No exhibían de forma visible al público las preceptivas leyendas informativas que exige el artículo 8.1.2 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero, regulador de la actividad (derecho a presupuesto previo por escrito, derecho al cobro del mismo únicamente cuando habiendo sido elaborado no sea aceptado, existencia de Hojas de Reclamaciones y garantía de las reparaciones).

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 7 y 8 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 29 de abril de 2002, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Que la actividad que se desarrolla en el mencionado local es la destinada a bazar de electrónica.

Que el compareciente, empleado de la entidad, entendió extensivo a la reparación de equipos que se viene desarrollando como servicio de asistencia técnica en atención a la clientela que adquiere equipos y demás accesorios de informática y que se presta en la entidad comercial que gestionamos.

Que reconoce la responsabilidad en cuanto a la inexistencia de cartel y Hojas de Reclamaciones, motivo éste que se debe a la reciente apertura del local, cuya justificación se acredita con la documentación adjunta.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones de la interesada no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, los hechos objeto de este expediente se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección y protocolo anexo en su momento levantados y firmados por el compareciente.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expuestos y la interesada es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

No obstante, previo análisis de las circunstancias expuestas y en aras al principio de proporcionalidad que debe presidir el procedimiento sancionador, acordamos reducir la cuantía de la sanción inicialmente propuesta quedando la misma establecida en la cantidad de 240 euros.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Galerías Perera, S.L. la sanción de multa de 240 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de junio de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº: 35/69/2002.

Responsable: Euro Servic Telecom, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35554889.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de diciembre de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Euro Servic Telecom, propiedad de Euro Servic Telecom, S.L., sita en la calle Colón, 25, Playa de Arinaga, del término municipal de Agüimes; y mediante acta levantada al efecto nº 6554 procedieron a diligenciar la reclamación con número de registro de entrada en esta Dirección General 1824 de 4 de octubre de 2001, interpuesta por D. Patricio de Soto, se puso en conocimiento del compareciente el motivo de la reclamación que versaba en líneas generales acerca del cobro de una comisión por usar la tarjeta de crédito y no facilitarle las Hojas de Reclamaciones.

El compareciente en la inspección manifestó que era cierto que cobraba a sus clientes comisión por usar las tarjetas de crédito y que advertía de este extremo verbalmente a sus clientes.

Posteriormente se comprobó en inspección que el establecimiento carecía de las preceptivas hojas de reclamaciones a disposición de los clientes y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.6 y 3.2.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con el artº. 8 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), que regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor y con los artículos 2 y 3 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Euro Servic Telecom, S.L. la sanción de multa de 480 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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