BOC - 2002/122. Viernes 13 de Septiembre de 2002 - 2924

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

2924 - Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de julio de 2002, que notifica Resolución dictada por la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de 25 de febrero de 2002, por la que se acuerda imponer sanción a D. Carmelo Álvarez Bermúdez.

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Habiéndose dictado Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de 25 de febrero de 2002, recaída en el expediente sancionador de referencia MIN-LP 09/01, e intentada la notificación de la misma al imputado por dos veces consecutivas, sin éxito, es por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, esta Dirección General de Industria y Energía,

R E S U E L V E:

1.- Remitir la Resolución anexa al Ilmo. Ayun-tamiento de Tías para su publicación en el tablón de edictos.

2.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de 2002.- El Director General de Industria y Energía, Tomás Pulido Castro.

Vista la propuesta de Resolución del expediente sancionador, elevada por el Instructor del mismo, incoado a D. Carmelo Álvarez Bermúdez, con domicilio en calle Peña Blanca, 4, término municipal de Tías, en la isla de Lanzarote, por realizar presuntamente extracciones de áridos no autorizadas.

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 25 de mayo de 2001 tuvo entrada en la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, registro auxiliar nº 4, con número de registro 123.946, la denuncia formulada por los Agentes del Seprona, Lanzarote, contra D. Carmelo Álvarez Bermúdez por presunta infracción a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, por realizar extracciones de áridos sin autorización de la Dirección General de Industria y Energía.

Siendo las 13,05 horas del día 12 de mayo de 2001, los Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona Lanzarote), constataron que D. Carmelo Álvarez Bermúdez se encontraba en el paraje denominado Vega de San José del término municipal de Teguise, mediante pala excavadora Caterpillar número de chasis 4189045 extrayendo tierra vegetal y depositándola en el camión GC-4580-CG, conducido por el demandado, el cual manifestó que había adquirido la tierra al propietario del terreno.

Segundo.- Incoado expediente sancionador mediante Resolución 362/01, de 31 de octubre de 2001, que fue notificada el día 14 de noviembre de 2001, el imputado presenta alegaciones en escrito de 3 de diciembre de 2001.

Tercero.- Remitida Propuesta de Resolución del Instructor el 20 de diciembre de 2001, el imputado no ha presentado alegaciones a la misma.

Ante estos hechos procede considerar los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad del escrito de alegaciones a la incoación, debemos formular un pronunciamiento favorable, por cuanto el mismo se ha interpuesto dentro del plazo que se señala en el artº. 16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y que fue indicado en la Resolución de incoación.

Segundo.- La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1998 reconoce la presunción de veracidad a los hechos denunciados por el Seprona cuando actúan en el ejercicio de sus funciones salvo prueba en contrario.

De la denuncia de los Agentes queda demostrado de manera palmaria que el imputado realizaba extracción de tierra vegetal en el lugar conocido como Vega de San José a las 13,05 horas del día 12 de mayo de 2001 y así ha sido recogido en la denuncia nº 533 de los Agentes del Seprona.

Tercero.- La exclusión del ámbito de la Ley de Minas requiere tres condiciones simultáneas:

- Escasa importancia técnica y económica.

- Realizada por el dueño del terreno para su exclusivo uso.

- No utilizar técnica minera (uso de maquinaria).

Según la descripción de los hechos estos supuestos no se cumplían en sus puntos 2º y 3º, por ser realizada por persona distinta del propietario para uso no exclusivo y por utilizar maquinaria (excavadora CAT.4189045 y camión GC-4580-CG).

Por lo tanto no eran subsumibles los hechos en la excepción que señala el artículo 1.4 del Reglamento de Minas.

Cuarto.- El artº. 2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, declara a todos los recursos geológicos como bienes de dominio público.

El artículo 17 de la misma Ley establece que para su aprovechamiento deberá obtenerse, en todos los casos, la autorización de la Dirección General de Industria y Energía.

El artículo 19 de la citada Ley señala que el aprovechamiento de recursos mineros para los cuales no se haya obtenido la preceptiva autorización dará lugar a que se ordene la paralización de los mismos con independencia de la incoación del correspondiente expediente sancionador.

Quinto.- A la vista de los hechos denunciados y las alegaciones formuladas en su día por el interesado, resulta suficientemente probado en el expediente la vulneración de los artículos 17 y 19 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, sin que las alegaciones que formula no le eximan de obtener la preceptiva autorización de la Dirección General de Industria y Energía.

Sexto.- La citada vulneración de los artículos 17 y 19 citados queda tipificada como infracción administrativa en el artº. 31.2.b) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el cual establece que son infracciones graves: "La puesta en funcionamiento de instalación careciendo de la correspondiente autorización cuando ésta sea preceptiva de acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria".

Séptimo.- Para la determinación de la cuantía de la multa se tienen en cuenta la importancia del daño causado, el grado de participación, el beneficio obtenido y la capacidad económica del infractor valorándose en su grado mínimo de acuerdo con el artículo 34.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, tipificados en el artículo 31.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.

Octavo.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica es el Órgano competente para la iniciación y resolución de este expediente sancionador en virtud del Decreto 116/2001, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, y el artículo 11 del Decreto 212/1991, de organización de los Departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por todo ello, en virtud de las competencias concedidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O:

Imponer una sanción a D. Carmelo Álvarez Bermúdez, por importe de tres mil cinco euros con cero siete céntimos (3.005,07 euros) (500.001 pesetas) por la comisión de la infracción administrativa tipificada en el artº. 31.2.b) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Contra este acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica en el plazo de un mes, con independencia de cualquier otro que pudiera interponerse para la mejor defensa de sus derechos.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Rosendo Reboso Barroso.



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