Con el fin de regular las medidas de actuación previstas en el Plan de Vivienda 2002-2005, tomado en consideración por el Gobierno de Canarias en su sesión de 20 de mayo de 2002, se han dictado diversos Decretos en los que se atribuyen distintas competencias al Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
En ese sentido, cabe mencionar el Decreto 70/2002, de 20 de mayo, por el que se regula la gestión por la Comunidad Autónoma de Canarias de las medidas de financiación protegida en materia de vivienda y suelo para el Plan 2002-2005, previstas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero; el Decreto 69/2002, de 20 de mayo, por el que se establece y regula el programa canario de viviendas de protección oficial de régimen especial destinadas a satisfacer el déficit de vivienda en determinados municipios con desarrollo turístico; el Decreto 75/2002, de 3 de junio, por el que se regula y auxilia la autoconstrucción de viviendas; y el Decreto 76/2002, de 3 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de viviendas de nueva construcción que se califiquen como protegidas al amparo del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.
Considerando que el elevado número de expedientes que se pueden tramitar al amparo de los citados Decretos, aconseja, por razones de celeridad y de eficacia, que se deleguen en el Director General de Vivienda diversas competencias que en los mismos se atribuyen al Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
R E S U E L V O:
1º.- Delegar en el Director General de Vivienda las siguientes competencias:
- Las contempladas, respectivamente, en el artículo 12.1 y en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 70/2002, de 20 de mayo, por el que se regula la gestión por la Comunidad Autónoma de Canarias de las medidas de financiación protegida en materia de vivienda y suelo para el Plan 2002-2005, previstas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, para calificar o declarar una actuación como protegida y reconocer el derecho a acceder a las distintas modalidades de financiación, y para autorizar a los adquirentes, adjudicatarios y promotores de actuaciones protegidas a quienes se haya concedido préstamos cualificados, con la conformidad del Ministerio de Fomento, al amparo del Real Decreto 1.186/1998, de 12 de junio, desde el 9 de junio de 2001, para acogerse a las disposiciones del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, por lo que respecta a los precios máximos de venta y renta y condiciones de la financiación cualificada.
- Las previstas en el Decreto 69/2002, de 20 de mayo, por el que se establece y regula el programa canario de viviendas de protección oficial de régimen especial destinadas a satisfacer el déficit de vivienda en determinados municipios con desarrollo turístico, para otorgar la calificación provisional y definitiva de las viviendas, para resolver las solicitudes de subvención que se presenten y acordar, en su caso, el abono anticipado de las mismas, así como para ampliar, a instancia del promotor, el plazo de ejecución de las obras.
- Las señaladas en el Decreto 75/2002, de 3 de junio, por el que se regula y auxilia la autoconstrucción de viviendas, para reconocer cualquiera de las formas de financiación cualificada establecidas en dicho Decreto y otorgar la calificación provisional y definitiva de las viviendas autoconstruidas.
- La establecida en el Decreto 76/2002, de 3 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de viviendas de nueva construcción que se califiquen como protegidas al amparo del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, para resolver las solicitudes de subvención que se presenten y acordar, en su caso, el abono anticipado de las mismas.
2º.- Las resoluciones administrativas que se adopten en uso de la presente delegación indicarán expresamente dicha circunstancia.
3º.- Las funciones delegadas por la presente Orden se ejercerán de acuerdo a las instrucciones que se dicten expresamente a tal fin por el órgano delegante.
4º.- La no adaptación a las instrucciones pertinentes conllevará la anulabilidad del reconocimiento de los derechos a los que se refiere esta Orden.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2002.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
VIVIENDA Y AGUAS,
Antonio Ángel Castro Cordobez.
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