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BOC Nº 097. Miércoles 17 de Julio de 2002 - 1058

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Oposiciones y concursos - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1058 - ORDEN de 8 de julio de 2002, por la que se modifican parcialmente y se amplían determinadas bases de la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo B), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, especialidad Arquitectos Técnicos, convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica de 19 de diciembre de 2001 (B.O.C. nº 3, de 7.1.02).

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Habiéndose publicado la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo B), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, especialidad Arquitectos Técnicos, mediante Orden de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica de 19 de diciembre de 2001 (B.O.C. nº 3, de 7.1.02).

Advirtiéndose que en la convocatoria mencionada no se contempla el acceso a la función pública de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o nacionales de cualquiera de los Estados a los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Visto el Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.

Vistos los Informes de la Dirección General del Servicio Jurídico y de la Dirección General de la Función Pública.

Considerando que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3º del citado Real Decreto las personas incluidas en el ámbito de aplicación señalado en el artículo 2º podrán acceder en igualdad de condiciones que los españoles a todos los empleos públicos, salvo que impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones públicas.

Considerando que analizada la naturaleza de las tareas y de las responsabilidades propias de los puestos de trabajo objeto de la convocatoria, dichos requisitos no concurren en los mismos.

En atención a los principios de eficacia y economía procedimental y en el ejercicio de las competencias que legalmente tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

1º) Modificar el apartado a) de la base 2.1, quedando redactado con el siguiente texto:

"a) Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de cualquiera de los Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También serán admitidas aquellas personas a que hace referencia el artículo 2.2.1º del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo (B.O.E. nº 130, de 31.5.01)."

2º) Añadir dos nuevos apartados al punto 4 de la base 4, con el siguiente texto:

"Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o nacionales de cualquiera de los Estados a los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar una fotocopia del documento de identidad o pasaporte de su país de origen.

Los familiares de los anteriores deberán presentar una fotocopia del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención del visado y la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa del español, del nacional de la Unión Europea o del nacional de cualquiera de los Estados a los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores con el que existe este vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo."

3º) Modificar el apartado a) de la base 13.2, quedando redactado con el siguiente texto:

"a) Fotocopia autorizada o compulsada del Documento Nacional de Identidad o en el caso de no ostentar la nacionalidad española, el correspondiente documento oficial de acreditación de la identidad en el Estado de origen."

4º) Añadir un nuevo apartado a la letra d) de la base 13.2, con el siguiente texto:

"Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública."

5º) Abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes por un período de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, con sujeción a lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o bien, interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a que tenga lugar su publicación en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2002.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

Julio Bonis Álvarez.

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