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BOC Nº 094. Miércoles 10 de Julio de 2002 - 2221

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas

2221 - Dirección General de Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de junio de 2002, sobre notificación de Propuesta de Resolución en el expediente sancionador S-62/01 a Archipiélago de Viviendas, S.L.

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Habiendo sido intentada, mediante carta certificada con acuse de recibo la notificación al denunciante Archipiélago de Viviendas, S.L., de la Propuesta de Resolución que se tramita en el expediente sancionador S-62/01, y no teniendo constancia de su recepción y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), esta Dirección General

R E S U E L V E:

Notificar a Archipiélago de Viviendas, S.L., lo siguiente:

"PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SANCIONADOR S-62/01, INCOADO A LA PROMOTORA ARCHIPIÉLAGO DE VIVIENDAS, S.L. Y CONSTRUCTORA CASTROCÓN, S.L., POR DEFECTOS CONSTRUCTIVOS.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de entrada de 22 de mayo de 2001, D. Miguel Crespo Gutiérrez y Dña. María Inmaculada Herrera González, presentan denuncia como propietarios de la vivienda de protección oficial, sita en la calle Los Andes, 29, en Barranco Las Lajas, término municipal de Tacoronte, por presuntos defectos constructivos en la misma, expediente de V.P.O., nº 38-1E-0030/97-043, con fecha de calificación definitiva de 7 de julio de 1998.

Segundo.- Con fecha 6 de junio de 2001, se da trámite de vista y audiencia de la denuncia presentada al promotor y constructor, concediéndole un plazo de diez días a fin de que formule las alegaciones que estimase pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Con fecha 9 de julio de 2001, D. Agustín A. Nadaya Zuccolo y D. Sergio A. Varas Medina, Arquitectos, presentan escrito de alegaciones manifestando:

... En relación con los denominados como DESPERFECTOS.

a) EXTERIORES:

Las grietas que existen en la fachada son unas fisuras producidas por el lógico asentamiento del edificio en el solar que no representan riesgos que indiquen de manera alguna la necesidad de esa versión inferida por el citado como maestro albañil.

Por otra parte los testigos permanecen después de un año en el estado que se hicieron en su mayoría.

El descolgamiento del enlucido del solado de la puerta principal no es tal y se resuelve con una sencilla reparación.

El encalado de muro exterior en todo caso debería rematarse.

b) INTERIORES:

La humedad que en algún momento puede haber aparecido se soluciona con una simple reparación y repintado de los muros, así como las fisuras producidas por la posible retracción del encalado y yeso interiores.

En cuanto al plato de ducha oxidado deberá sustituirse por parte de la promotora, así como los tiradores de las ventanas; que en cualquier caso pueden ser causados por el desgaste natural o uso indebido de los mismos.

Cuarto.- Realizada inspección por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Vivienda, se emiten informes con fecha 2 de agosto de 2001, en los que se hace constar:

En relación con el escrito de denuncia, por deficiencias constructivas, presentado por D. Miguel Crespo Gutiérrez, de fecha 22 de mayo de 2001, registro de entrada nº 9087, y una vez realizada la correspondiente visita de inspección, se informa lo siguiente:

DATOS DE LA VIVIENDA:

La vivienda de referencia, unifamiliar adosada, promovida por la compañía mercantil Archipiélago de Viviendas, S.L., se encuentra acogida al Régimen Especial de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Privada, con cédula de calificación definitiva de fecha 7 de julio de 1988, expediente 38-1E-0030/97-043.

DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN LA VISITA:

En la visita ocular se observa que los desperfectos son del mismo tipo, en algunos casos de magnitud importante.

Tabiquería:

En las dos plantas de esta vivienda unifamiliar adosada se observa que la tabiquería, tanto de división como de cerramiento, presenta múltiples grietas y fisuras, que se transmiten al exterior y que se manifiestan en distintos sentidos.

En su momento se colocaron algunos testigos, algunos de los cuales, según se comprueba en la visita, han fisurado.

En la pared de fachada del salón se observan signos de humedad por capilaridad.

Agrietamiento en el encuentro con el paramento de las tejas del volado del porche.

Revestimientos:

Desprendimientos del enfoscado en volado del porche. Así mismo, se observa:

Solados:

En un dormitorio a fachada trasera se observan descuadres en la carpintería de aluminio que dificultan su normal funcionamiento.

POSIBLES CAUSAS:

Los desperfectos relacionados se manifiestan como consecuencia de asentamientos estructurales de origen desconocido que requieren, según el técnico que suscribe, la intervención inmediata del Arquitecto Director de las obras.

Según el escrito de alegaciones presentado por los Arquitectos Directores de la Obra, D. Agustín A. Nadaya Zuccolo y D. Sergio A. Vara Medina, de fecha 9 de julio de 2001, registro de entrada nº 13001, dicen, entre otras alegaciones, -... que las grietas existentes en la fachada son unas fisuras producidas por el lógico asentamiento del edificio en el solar que no representan riesgos ...-

OBRAS A EJECUTAR:

Por la constructora-promotora:

Bajo dirección de los Arquitectos Directores de la obra o de cualquier otro técnico cualificado, se debe proceder a ejecutar las obras necesarias de reparación, refuerzo, y de acabados para subsanar los desperfectos relacionados anteriormente.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días.

Es cuanto se puede informar.

Quinto.- Con fecha 28 de agosto de 2001, notificado a las partes, se remite orden de obra a la promotora y constructora, para ejecutar en el plazo de treinta días las obras ordenadas en el anterior informe técnico.

Sexto.- Con fecha 19 de octubre de 2001, D. Miguel Crespo Gutiérrez presenta alegaciones exponiendo que las obras no han sido realizadas.

Séptimo.- Con fecha 6 de noviembre de 2001, D. Miguel Crespo Gutiérrez, presenta escrito manifestando:

1º) Que con motivo de denuncia presentada que da origen al expediente con número de su referencia P-100/01, con fecha 19 de octubre de los corrientes, presentó escrito facilitando en esa Consejería en el cual se informa que las obras no han sido realizadas.

2º) Que para recibir dicha información tuvo que acudir a esas oficinas, ya que no se me había comunicado por escrito; ignorándose, por tanto, la realización de la notificación a la parte denunciada; tal y como previene la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 58, apartado 1, por lo que se solicita que se dé cumplimiento a dicho precepto y sean modificadas cuantas actuaciones sean realizadas por esa Administración.

3º) Que ante la no actuación de los denunciados, solicita que se dé cumplimiento al artículo 167 del Real Decreto 2.114/1968 del tenor literal siguiente: - Si el expediente no ejecutase las obras en el plazo señalado o en la prórroga concedida, en su caso, o se paralizasen sin causa justificada, se procederá a la ejecución subsidiaria de aquéllas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b), del artículo 104, de la Ley de Procedimiento Administrativo (actualmente y por concordancia artículo 98 de la LRJAPPAC), sin perjuicio de remitir si procediese, testimonio a la jurisdicción ordinaria por si estimara la concurrencia de responsabilidades de orden penal en la actuación del expedientado. El Director General del Instituto Nacional de la Vivienda ordenará la ejecución de las obras por dicho Organismo autónomo o delegará en una persona o Entidad la ejecución de las mismas.

En cualquiera de ambos casos las obras se realizarán por cuenta y a costa del promotor o propietario sancionado, pudiendo el Instituto Nacional de la Vivienda proceder a la exacción cautelar y anticipada, a reserva de la liquidación definitiva del importe de los gastos, daños y perjuicios.

Para determinar el importe de la exacción cautelar, los Servicios Técnicos del Instituto Nacional de la Vivienda o la persona encargada de la ejecución de las obras procederán a redactar un presupuesto de las que hayan de ser realizadas y una vez aprobado se exigirá su ingreso en la Caja del Instituto Nacional de la Vivienda, con aplicación de lo expuesto en el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo.-

Hechos también contemplados en el artículo 27 del Real Decreto 2.960/1976.

4º) Que conforme al artículo 155 del Real Decreto 2.114/1968 y al 36 del Real Decreto 2.960/1976 y dado que la calificación de la infracción se encuentra entre las muy graves, se proceda a la inhabilitación temporal por período de dos a diez años para intervenir en la formación de proyectos o en la construcción de viviendas de protección oficial en calidad de técnicos, promotores y constructores, dándose cuenta, según lo tipificado en el artículo 176 del Real Decreto 2.114/1968, a los Organismos sindicales, profesionales o corporativos en los que estén encuadrados o a los que pertenezcan los sancionados. Del mismo modo se comunicará a los órganos del Ministerio de la Vivienda que hayan de tramitar los expedientes de construcción de viviendas de protección oficial para que no permitan la intervención de tales expedientes a los infractores por el concepto en que hayan sido sancionados, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución.

5º) Que además de las sanciones prescritas en el párrafo anterior, se tengan en cuenta las sanciones pecuniarias establecidas en los artículos 155 del Real Decreto 2.114/1968 y 25 del Real Decreto 2.960/1976.

6º) Que lo expuesto en los párrafos 4º y 5º del presente, sea dirigido contra D. Alberto A. Nadaya Zuccolo y D. Sergio Varas Medina, en calidad de Arquitectos Directores de la obra, y Juan Carlos Magdaleno Hernández, con domicilio en la calle Unamuno, 2, portal 1, 4º izquierda, Santa Cruz de Tenerife, en calidad de Promotor.

7º) Que se informe si los vicios observados por el técnico que realizó la inspección ocular, pudieron ser originarios de peligro de derrumbe, toda vez que en el informe remitido por ese organismo se establece que se debe realizar intervención inmediata.

8º) Que se me remite informe conteniendo las tomas fotográficas realizadas en la visita del Técnico Inspector.

9º) Que al mismo tiempo solicita conforme a los artículos 35.a) y 37.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, copia del proyecto remitido por la empresa constructora Archipiélago de Viviendas y visado por esa Consejería, de la construcción de las viviendas, las cuales obtuvieron número de expediente 38-1E-0030/97-043.

Octavo.- Con fecha 20 de diciembre de 2001, se contesta escrito transcrito en el apartado anterior, comunicando:

En relación con el expediente anteriormente referenciado, visto escrito presentado por Ud. con fecha de entrada en esta Dirección General de Vivienda 6 de noviembre del año en curso, se informa cuanto sigue:

Que, en estas fechas se procede a la apertura de expediente sancionador.

Que, todas las actuaciones practicadas en el expediente se han notificado a todas las partes interesadas, tal como se desprende del mismo.

Que, la ejecución subsidiaria se contempla al amparo del artículo 98 de la Ley 30/1992, como una medida de compulsión, para cuya realización es necesario que el acto sea ejecutivo; que a tenor de lo previsto en el artículo 138.3 de la Ley 30/1992, al tratarse de un expediente sancionador, será cuando se ponga fin a la vía administrativa, que no es el caso.

Que, en informe técnico que le fue notificado el 25 de septiembre ya se especificaba que los facultativos de la obra habían manifestado -que las grietas existentes en la fachada son unas fisuras producidas por el lógico asentamiento del edificio en el solar que no representan riesgos ...-

Que, se acompañan copias de fotografías realizadas en la visita de inspección.

Que, en relación con la solicitud de copia del proyecto, se ha remitido a la sección de V.P.O., encargada de su tramitación.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Noveno.- Vistas las actuaciones practicadas, con fecha 7 de enero de 2002, notificado a las partes, se acuerda incoar expediente sancionador a las empresas promotora-constructora, Archipiélago de Viviendas, S.L. y Castrocón, S.L., D. Jorge Hosp Alonso, D. Sergio Varas Medina y D. Alberto A. Nadaya Zuccolo, facultativos, por la existencia de defectos constructivos en la vivienda de protección oficial, sita en la calle Los Andes, 29, en Barranco Las Lajas, término municipal de Tacoronte, expediente de V.P.O., nº 38-1E-0030/97-043. De acuerdo con el artículo 153.c).6 del Reglamento para la aplicación de la legislación de viviendas de protección oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, que la tipifica como infracción muy grave.

Décimo.- Con fecha 6 de febrero de 2002, D. Jorge Hosp Alonso, D. Agustín Nadaya Zuccolo y D. Sergio Varas Medina, presentan escrito argumentando indefensión, al ignorar los hechos que motivan la incoación del expediente sancionador.

Undécimo.- Con fecha 7 de febrero de 2002, el Instructor dicta Pliego de Cargos, dirigido a Archipiélago de Viviendas, S.L. y Castrocón, S.L., D. Jorge Hosp Alonso, D. Sergio Varas Medina y D. Alberto A. Nadaya Zuccolo, por la existencia de defectos constructivos en la vivienda sita en la calle Los Andes, 29, en Barranco Las Lajas, término municipal de Tacoronte, expediente de V.P.O. nº 38-1E-0030/97-043, con fecha de calificación definitiva de 7 de julio de 1998.

En concreto, los defectos son los siguientes:

Tabiquería.- En las dos plantas de esta vivienda unifamiliar se observa que la tabiquería, tanto de división como de cerramiento, presenta múltiples grietas y fisuras, que se transmiten al exterior y que se manifiestan en distintos sentidos.

En su momento se colocaron algunos testigos, algunos de los cuales, según se comprueba en la visita, han fisurado.

En la pared de fachada del salón se observan signos de humedad por capilaridad.

Agrietamiento en el encuentro con el paramento de las tejas del volado del porche.

Revestimientos.- Desprendimientos del enfoscado en volado del porche. Asimismo, se observa:

Solados:

En un dormitorio a fachada trasera se observa un ligero asentamiento del solado, con separación de zócalo. En el dormitorio principal, situado en planta alta, se observan algunas piezas de zócalo desprendidas.

Carpintería:

En hueco de ventana a fachada trasera se observan descuadres en la carpintería de aluminio que dificultan su normal funcionamiento.

Asimismo, en las notificaciones dirigidas a los facultativos, en relación con el escrito mencionado en el antecedente décimo de la presente resolución, se les informa fechas de las notificaciones de todas las actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El sistema de protección de las viviendas se configura como una normativa de fomento de la construcción que se concreta en una serie de medidas tendentes a facilitar la actividad constructiva, que entre otras, condiciona la observación de una norma básica de construcción, encaminadas a garantizar la calidad de las construcciones que se protegen y a evitar fraudes de una manera más acusada y determinante que la que resulta de la estricta aplicación del ordenamiento civil en materia de saneamiento por la posible existencia de defectos ocultos o no constatables de inmediato.

II.- Es competente para resolver el Ilmo. Sr. Director General de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, según el orden genérico de competencias que sobre la materia tiene atribuida la Comunidad Autónoma de Canarias por Real Decreto 1.626/1984, de 1 de agosto, y sus órganos específicos, en virtud de lo prevenido en el Decreto 642/1984, de 26 de septiembre (B.O.C. nº 100, de 3 de octubre), Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio (B.O.C. nº 100, de 3 de octubre), el Decreto 161/1996, de 4 de julio (B.O.C. nº 84, de 12 de julio), en relación con el artículo 10.12 del Decreto 68/1986, de 18 de abril (B.O.C. nº 56, de 14 de mayo), en concordancia con las prescripciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

III.- El artículo 111, párrafo 2º, del Reglamento de V.P.O., Decreto 2.114/1968, de 24 de julio (B.O.E. nº 216, de 7 de septiembre), dispone que "si en el transcurso de cinco años desde la calificación definitiva se manifestasen vicios o defectos de la construcción que hiciesen necesarias obras de reparación podrá imponerse su ejecución al Promotor o realizarlas a costa de éste". Y que asimismo, el artículo 153.c).6 del referido Reglamento, contempla como infracción muy grave, "la negligencia de los promotores, constructores o facultativos, durante la ejecución de las obras que diese lugar a vicios o defectos que afecten a la edificación, que se manifiesten dentro de los cinco años siguientes a la Calificación Definitiva de las Viviendas de Protección Oficial".

IV.- Ha resultado probado con informe técnico obrante en el expediente la existencia de defectos, localizados en la vivienda de protección oficial, sita en la calle Los Andes, 29, en Barranco Las Lajas, término municipal de Tacoronte, expediente de V.P.O. nº 38-1E-0030/97-043, con fecha de calificación definitiva de 7 de julio de 1998.

V.- Constatada la realidad de las deficiencias, se ha de depurar a cuál de las personas intervinientes en el proceso edificatorio le es imputable tal resultado en razón de un reproche de culpabilidad por su conducta negligente o dolosa. La vulneración al ordenamiento jurídico en la materia que nos ocupa puede dar lugar a distintas consecuencias, entre las cuales figuran la posible imposición de la ejecución de una sanción y la restauración del orden perturbado mediante la imposición de la ejecución de las reparaciones necesarias. STS 3ª, S 6 de octubre de 1998. Es más, como se recoge en la STS Sala 3ª, de 2 de noviembre de 1992 de los artículos 11 y 59, resulta claro que la obligación reparadora recae sobre el promotor, hasta tal punto, que en el párrafo siguiente del artículo 111, se les impone la constitución de un seguro bastante para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Así pues, los preceptos citados integran una responsabilidad objetiva del promotor, en situación especial frente a la Administración, en relación con la obligación de realizar las obras. Si bien, para la imposición de la sanción, en cuanto regida por los principios propios del Derecho Penal, tendrá que constar claramente la autoría de la infracción, con objeto de determinar la persona o personas que con su negligencia han desarrollado la conducta tipificada en el artículo 153.c).6 del Reglamento 2.114/1968.

En consecuencia, ha de precisarse que dada la naturaleza de los vicios responsabilidad de la Constructora en la correcta ejecución de las unidades de obras, de la contratación del material de acuerdo con lo definido en proyecto de ejecución y los facultativos en cuanto directores de las obras. La sanción se le impone a la empresa constructora y facultativos intervinientes en la obra, si bien la obligación de realizar las obras corresponde, solidariamente, a las entidades promotora-constructora y facultativos.

VI.- A tenor de lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 14, de 16.1.79), las infracciones muy graves al régimen legal de V.P.O. serán sancionadas con multa de 1502,53 a 6010,12 euros, graduándose su cuantía en función del daño producido y el enriquecimiento injusto obtenido.

VII.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente es el señalado al efecto por el ya citado Reglamento de V.P.O., Decreto 2.114/1968, de 24 de julio.

VIII.- El artículo 155 in fine del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, estipula que sin perjuicio de aplicar las sanciones procedentes en las resoluciones de los expedientes sancionadores podrá imponerse a los infractores la realización de las obras de reparación y conservación necesarias para acomodar la edificación al proyecto aprobado y a las Ordenanzas Técnicas y normas constructivas que sean aplicables.

Vistos: los preceptos legales citados y demás que sean de aplicación, el Instructor que suscribe eleva a V.I. la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

- Sancionar a Castrocón, S.L., D. Jorge Hosp Alonso, D. Sergio Varas Medina y D. Alberto A. Nadaya Zuccolo, con multa de mil quinientos dos con cincuenta y tres céntimos de euro (1.502,53 euros) como autora de una infracción muy grave al régimen legal de V.P.O., tipificada en el artículo 153.c).6 del Reglamento aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por defectos constructivos localizados en la vivienda de protección oficial sita en la calle Los Andes, 29, en Barranco Las Lajas, término municipal de Tacoronte, por presuntos defectos constructivos en la misma, expediente de V.P.O. nº 38-1E-0030/97-043, con fecha de calificación definitiva de 7 de julio de 1998.

- Requerir a Archipiélago de Viviendas, S.L. conforme a lo establecido en el artículo 111, y a Castrocón, S.L., D. Jorge Hosp Alonso, D. Sergio Varas Medina y D. Alberto Nadaya Zuccolo, al amparo del artículo 155 in fine del texto antes citado a fin de que en el plazo de treinta días, ejecute conforme al buen hacer de la construcción, las obras de reparación necesarias para subsanar las deficiencias sancionadas, bajo apercibimiento que de no proceder a ello, se le impondrán sucesivas multas coercitivas hasta el total cumplimiento de lo ordenado.

Las obras a realizar son las siguientes:

Por la constructora-promotora:

Bajo la dirección de los Arquitectos Directores de la obra o de cualquier otro técnico cualificado, se debe proceder a ejecutar las obras necesarias de reparación, refuerzo, y de acabados para subsanar los desperfectos relacionados anteriormente."

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2002.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

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