BOC - 2002/093. Lunes 8 de Julio de 2002 - 2202

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

2202 - ANUNCIO de 20 de mayo de 2002, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador nº TF-41161-O-00 en materia de transportes.

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Providencia de 20 de mayo de 2002, del Jefe de Servicio de Carreteras, Vivienda y Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41161-O-00.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita, el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41161-O-00.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente sancionador y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de esta Corporación, personalmente o por correo. Por ello dispondrá de un plazo, en el supuesto de recibir la notificación de la presente resolución entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, hasta el día 5 del mes siguiente. Caso de recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.

La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 5 de septiembre de 2001, ha dictado entre otros el siguiente Decreto:

"Visto escrito presentado por D. Antonio José Vera Mesa, en nombre y representación de la entidad mercantil Comercial Anfrabar, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 15 de marzo de 2001 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando que con fecha 30 de marzo de 2000 y hora 17:18:00, por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-7616-N, del que es titular Comercial Anfrabar, S.L. por circular con camión tractor destinado al servicio privado de mercancía "bloques" con dirección Guargacho al puerto de Los Cristianos, con exceso de peso. se adjunta ticket de pesaje.

Resultando que el día 21 de febrero de 2001 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-41161-O-2000.

Resultando que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que desconoce la realidad de los hechos, ya que desde hace bastante tiempo ha dado órdenes a todos sus transportistas para que vigilen la carga de los camiones para que no sobrepasen el peso máximo, por lo que en principio niega los hechos y que en todo caso sería responsable el conductor, sin que pueda hacerse una interpretación extensiva de lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, pues la responsabilidad de la empresa titular no es exigible en todo y cualquier caso, pues habría que hacer exclusión previamente del cargador y transportista, y que la báscula no cumple lo ordenado en la Orden de 27 de abril de 1999, ya que carece de las etiquetas identificativas y de verificación en vigor, estando prohibido su uso conforme al artículo 11 de dicha Orden y que la sanción es desproporcionada al no concurrir causas para su agravación.

Resultando que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 15 de marzo de 2001, que venía a sancionar a Comercial Anfrabar, S.L. con multa que ascendía a 400.000 pesetas, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.c) Ley 16/1987, de 30.7, artº. 197.c) Real Decreto 1.211/1990 (B.O.E. de 8.10.90) y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 del Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha 2 de abril de 2001.

Resultando que con fecha 16 de abril de 2001, D. Antonio José Vera Mesa, en nombre y representación de Comercial Anfrabar, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que se reiteran las alegaciones formuladas en escrito de fecha 28 de febrero pasado, toda vez que, contrariamente a lo que se dice en la resolución notificada, ni el artículo 138 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres ni los artículos 193 y 194 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, autorizan la sanción a la empresa que representa, pues ello viene vedado por lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, en cuanto consagra el principio de culpabilidad como manifestación del de legalidad, que prescribe la sanción de una conducta real y efectivamente cometida por otra persona, pues los señalados preceptos legal y reglamentarios han de interpretarse, como todo el ordenamiento jurídico, a la luz de lo que la norma fundamental establece, y desde luego, interpretación que desde esta Administración se hace de los citados preceptos no casa con la reiterada doctrina del T.C. respecto del principio de culpabilidad, por lo que desde ese punto la resolución sancionadora vulnera el precepto constitucional antedicho, lo que la vicia de nulidad absoluta. Además no se han respetado todos los trámites del procedimiento sancionador, toda vez que se ha omitido la propuesta de resolución y su notificación al interesado, trámite esencial cuya ausencia anula el procedimiento, conforme al Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora. No ha resultado acreditada la comisión de la infracción imputada, a la vez que no se ha respetado el principio de proporcionalidad de las sanciones.

Considerando que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente e interposición en plazo.

Considerando que en relación con las argumentaciones del recurrente en relación con la nulidad por falta de notificación de la propuesta de resolución, el artículo 212 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la redacción efectuada por el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, ha previsto la audiencia del interesado, cuando sea necesario, según el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras lo cual se elevará la propuesta de resolución y se notificará al interesado la resolución del procedimiento sancionador. El trámite de audiencia no es preceptivo en todos los casos a tenor del artículo 13.2 (de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento) y 19.2 (cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado) del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sino cuando en fase instructora resulten [artículo 13.1.b)] nuevos hechos fácticos o normativos (artículo 16.3) distintos de los alegados por los interesados. En el presente caso, notificada la resolución de incoación, la parte actora solicitó el archivo del expediente alegando exención de responsabilidad, dictándose a continuación la propuesta de resolución y seguidamente la resolución sancionadora contra la que se interpuso el oportuno recurso de alzada. En consecuencia, habiendo tenido el recurrente sobradas oportunidades para el ejercicio de su derecho de defensa, no se aprecia motivo de anulación alguno en el expediente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Considerando que a tenor del ticket de báscula móvil perteneciente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, unido al boletín de denuncia, que motivó la incoación del presente expediente sancionador, resulta suficientemente acreditado que en la fecha de la denuncia el vehículo matrícula TF-7616-N circulaba con un peso total en carga de 53.950 kg, estando autorizado para 38.000 kg, lo que supone un exceso de 15.950 kg, que representa un 41% más de su peso máximo autorizado. En virtud, asimismo, de los hechos consignados en el boletín de denuncia formulado por Agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, a los que la jurisprudencia y la ley (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), atribuyen la presunción de legalidad y veracidad "iuris tantum" que, como tal, cede cuando frente a ella se alce suficiente y eficaz prueba en contrario, y, en el caso que nos ocupa, el agente actuante no sólo era competente para formular la denuncia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sino que por el sancionado no se han presentado durante la instrucción del expediente, ni en fase de recurso, pruebas fehacientes que desvirtúen los términos de dicha denuncia, dado que el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, se halla en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y habida cuenta que la estimación minuciosa de la culpabilidad choca frontalmente con las exigencias de celeridad que demanda el procedimiento administrativo sancionador. Resultando, en consecuencia, suficientemente probados los hechos infractores consignados en el mencionado boletín de denuncia, entre ellos el porcentaje de peso, que se corresponden con los determinados en el ticket de pesaje adjunto al mismo y figurando constancia documental suficiente de su imputación al recurrente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 138.1.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 193 y 194 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando que dada la gran peligrosidad que para la seguridad vial supone circular con un vehículo realizando transporte con sobrepeso que supera el 41% del P.M.A. del mismo, en una geografía tan accidentada como la del Archipiélago Canario y dada la fiabilidad de los datos de la pesada donde se computó el exceso, habida cuenta que la báscula empleada en el misma ha sido certificada por el Centro Español de Metrología el 29 de septiembre de 1999, acreditando su conformidad con los requisitos de la Directiva del Consejo 90/384 CEE modificada, constatada mediante los ensayos de verificación establecidos en el punto 8.2 de la norma europea EN 45501, cumpliendo lo previsto en la Orden de 22 de diciembre de 1994, por la que se regula el control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, cuya copia se adjunta documentalmente al expediente, garantizándose, en consecuencia, que siendo su funcionamiento correcto y fiables las pesadas realizadas en dicha báscula, resultando, por tanto, conforme a Derecho las sanciones impuestas en base a las infracciones cometidas por exceso de peso computados en la misma, en correspondencia, por tanto, a la gravedad de la infracción cometida, debidamente tipificada en los artículos 140.c) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 197.c) de su reglamento, y en aplicación del principio de proporcionalidad inherente al actuar administrativo sancionador (artº. 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres), procede la confirmación de la resolución sancionadora impugnada, por ser conforme y ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Antonio José Vera Mesa, en nombre y representación de la entidad mercantil Comercial Anfrabar, S.L., confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 15 de marzo de 2001, que determinó la imposición de una sanción de cuatrocientas mil (400.000) pesetas (2.404,05 euros), manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2002.- El Jefe de Servicios de transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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