Habiendo sido intentada la notificación del citado recurso en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 21 de marzo de 2002 fue efectuada notificación del recurso anteriormente mencionado, del tenor literal siguiente:
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por D. Cristóbal Castro Henríquez, en representación de la entidad Asociación de Centros de formación ocupacional, continua y no presencial Didage Et Labora, contra la resolución del Director del ICFEM de 25 de octubre de 2000.
Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Cristóbal Castro Henríquez, en nombre y representación de la entidad Asociación de Centros de formación ocupacional, continua y no presencial Didage Et Labora, de fecha 21 de noviembre de 2000, contra la resolución del Director del ICFEM de 25 de octubre de 2000 (Registro nº 00-35/2298) por el que se acuerda el reintegro de subvención y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 11 de diciembre de 1997, con registro nº 1.862, se concedió a la entidad A.C.F.P. Ocupacional Didage Et Labora una subvención de las previstas en el Título II, Capítulo II, del Decreto 69/1996, de 18 de abril, por el que se regulan los Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), "Programa de formación y promoción de la economía social: Actividades de Fomento", por importe de tres millones doscientas veintitrés mil cuatrocientas noventa y cinco (3.223.495) pesetas.
Segundo.- Que en el apartado cuarto de la resolución de concesión se indica que la entidad beneficiaria vendrá obligada:
1) A realizar la actividad objeto de subvención en el plazo de ocho meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión.
2) A justificar la utilización de los fondos públicos en el plazo de un mes desde la fecha de realización de la acción cuyo coste asciende a tres millones doscientas veintitrés mil cuatrocientas noventa y cinco (3.223.495) pesetas, presentando ante el Instituto Canario de Formación y Empleo documentación justificativa del gasto y memoria de las acciones realizadas. Dicha memoria justificativa será remitida a estos efectos por el Instituto Canario de Formación y Empleo.
Tercero.- La entidad beneficiaria aporta el 17 de julio de 1998 y el 23 de febrero y 9 de abril de 1999, memoria de la actividad realizada, que en su momento fue remitida a tales efectos por el Instituto Canario de Formación y Empleo, acompañada de diversas facturas, todo ello previos requerimientos efectuados por este Organismo.
Cuarto.- Examinada la documentación justificativa aportada en las fechas citadas, se procede a realizar requerimiento a efectos de subsanar los errores detectados en la misma, mediante escrito de fecha 30 de junio de 1999, con registro de salida nº 5.487, otorgándole un plazo de diez días, bajo el apercibimiento de que si así no lo hiciera se procedería a iniciar el correspondiente expediente de reintegro. Dicho escrito fue recibido por la entidad el 7 de julio de 1999, según acuse de recibo que obra en el expediente.
Quinto.- El 19 de julio del mismo año (R.E. nº 9.680), la entidad solicita ampliación del plazo para presentar la documentación requerida, sin aportar la documentación justificativa requerida conforme con lo establecido en los Antecedentes de Hecho anteriores.
Sexto.- De acuerdo con el procedimiento previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica en el Boletín Oficial de Canarias nº 92, de 26 de julio de 2000, el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro de la subvención, al haber incurrido el beneficiario en las causas de reintegro consignadas en el mismo, con indicación del derecho que le asistía a formular alegaciones, presentar documentos y pruebas que estimara por convenientes, en el plazo de diez días, todo ello de conformidad con lo establecido en el artº. 36.2 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, puesto en relación con el artículo 84 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Séptimo.- Se aporta por la entidad documentación justificativa el 22 de septiembre de 2000 (R.E. nº 41.694), la cual se remite a la Intervención Delegada en el ICFEM al objeto de que se proceda a su fiscalización.
Octavo.- La Intervención Delegada mediante informe nº 2.788, de 13 de octubre de 2000, especifica que de la documentación aportada por la entidad beneficiaria, concretamente la factura nº 06/032/003098 de la empresa Bureau Congress, C.B., por importe de 102.070 pesetas, se desprende que no es un gasto subvencionable, por lo que procedería el reintegro de dicha cantidad.
Noveno.- Por Resolución de fecha 25 de octubre de 2000 se acuerda, por el Director del ICFEM, el reintegro parcial de la subvención en la cuantía de ciento dos mil setenta (102.070) pesetas más los intereses devengados que, hasta la fecha de la propuesta de la resolución, ascendían a la cantidad de trece mil ciento nueve (13.109) pesetas. La indicada resolución fue notificada el 31 de octubre de 2000.
Décimo.- Por escrito de fecha 21 de noviembre de 2000, presentado el 22 del mismo mes y año, se interpone por el representante de la Asociación, Recurso de reposición sobre la base de los motivos que en el mismo se consignan y que, por razones de economía procedimental, se dan por reproducidos.
A los anteriores Antecedentes de Hecho le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Que el Presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo es competente para conocer y tramitar el presente expediente a tenor de lo establecido en los artículos 3 y 5.a del Decreto 111/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Instituto Canario de Formación y Empleo, puesto en relación con lo previsto en el artículo 13.1 y 2.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo.- El recurrente entiende plenamente justificada la subvención concedida a la entidad sobre la base de que los apartados objeto de justificación son los indicados en la Resolución de concesión y no sobre la base de las partidas presupuestadas en la solicitud de subvención o a cualquier otro criterio ajeno.
Como punto de partida conviene aclarar que el procedimiento de concesión de la subvención no es un proceso iniciado de oficio sino a instancia de parte, donde el solicitante aporta la documentación exigida, obrando en ella memoria explicativa de la actividad a realizar, así como previsión de ingresos y gastos de la misma y facturas proforma. Es decir, no es la administración la que determina la actividad a desarrollar, ni el coste de la misma desglosado por conceptos, sino que es la entidad beneficiaria la que lo hace.
Así, en el apartado ponentes, la entidad solicitante desglosa los conceptos siguientes: honorarios, billetes de avión ponentes, alojamiento y dietas. En consecuencia, los gastos deben sujetarse a los conceptos desglosados y plasmados en la memoria aportada por el solicitante.
Tercero.- La cuestión se centra en determinar si los gastos de atenciones a los ponentes, almuerzos y cenas a ponentes e invitados así como los regalos son subvencionables en función del presupuesto aportado y desglosado por conceptos.
El recurrente estima que los gastos originados de atención a los ponentes deben considerarse como dietas a ponentes, concepto éste que sí viene desglosado en la memoria de la actividad a desarrollar en el apartado "coste de la actividad".
Pero esta formulación, en ningún caso puede ser acogida favorablemente, toda vez que tiene la consideración de "dietas" aquella cantidad que se devenga en concepto de manutención, ya que los gastos por alojamiento se desglosan en otro concepto del presupuesto, deviniendo por tanto en no subvencionable el gasto realizado conforme señala el informe de la Intervención Delegada del ICFEM, de fecha 13 de octubre de 2000.
Cuarto.- En relación con lo expuesto conviene reseñar que, en el punto segundo del escrito de alegaciones que presentó la entidad ante el ICFEM con fecha 18 de agosto de 2000, registro de entrada nº 34.407, se reconoce que no se hizo efectivo el pago en concepto de dietas, destinando la cantidad presupuestada a determinadas atenciones a los ponentes. En este sentido, tanto el artículo 27, letra d), del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, el artº. 19.b) del Decreto 6/1995, de 27 de enero, este último vigente en el momento de concesión de la subvención, establecen la obligación de comunicar al órgano concedente la alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en la concesión de la subvención (extremos que no cumplió la entidad beneficiaria). Incumpliendo, por tanto, la normativa de aplicación a la subvención otorgada.
Vistos los antecedentes expuestos y de acuerdo con las normas y preceptos de general y pertinente aplicación,
R E S U E L V O:
Único.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Cristóbal Castro Henríquez, en nombre y representación de la entidad "Asociación de Centros de formación ocupacional, continua y no presencial Didage Et Labora", confirmando en todos sus extremos la Resolución impugnada, por ajustarse plenamente a derecho.
Notifíquese la presente Resolución al interesado, con la indicación de que, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2002.- El Director, p.d., el Jefe de Servicio de Promoción a la Economía Social (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), Adolfo Faleh Pérez.
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