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Vista la Resolución de esta Dirección General de la Función Pública de fecha 16 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 65, de 22.5.02), por la que se anuncia la exposición de la lista provisional de admitidos y excluidos de las ayudas de estudio del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, correspondiente al expediente del curso 2000/2001.
Resultando que en la exposición de dicha lista se han observado errores al haberse omitido algunos trabajadores, que habiendo presentado su solicitud dentro del plazo concedido, no aparecen en la lista como admitidos ni excluidos.
Considerando que la Comisión de Actividades Socio-Culturales en su reunión del pasado día 31 de mayo de 2002, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Regulador de las Ayudas de Estudio (B.O.C. nº 7, de 17.1.00), ha acordado rectificar los errores detectados en la publicación de dicha lista provisional y solicitar a la Dirección General de la Función Pública la correspondiente resolución de corrección de errores,
R E S U E L V O:
Primero.- Publicar la presente Resolución, por la que se rectifican los errores detectados en la lista provisional de admitidos y excluidos de las ayudas de estudio para el personal laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, correspondiente al curso 2000/2001, Boletín Oficial de Canarias nº 65, de 22 de mayo de 2002, y se publica como anexo I y anexo II la lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos que, habiendo presentado su solicitud dentro del plazo concedido, no aparecieron en la lista a que se refiere la Resolución de fecha 16 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 65, de 22 de mayo).
Segundo.- Declarar abierto para los solicitantes afectados el plazo de subsanación durante los diez días hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2002.- La Directora General de la Función Pública, Cristina de León Marrero.
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