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BOC Nº 081. Lunes 17 de Junio de 2002 - 1889

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Economía, Hacienda y Comercio

1889 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública Resolución de 11 de junio de 2002, que acuerda la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo relativo a la Orden de 4 de febrero de 2002, por la que se convocan elecciones para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, y se emplaza a los interesados en el Procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales nº 398/2002.

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Vista la Resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Esta Secretaría General Técnica, en ejercicio de sus atribuciones,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo por vía especial del Procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales nº 398/2002, seguido a instancia de Centro de Especialidades Médicas de Tacoronte.

Segundo.- Ordenar, a los efectos de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el emplazamiento de los interesados en el Procedimiento de Protección de los Derechos Fundamentales nº 398/2002, promovido por Centro de Especialidades Médicas de Tacoronte, así como darles traslado del escrito de interposición del recurso, que figura en el anexo de la presente.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, al efecto de emplazamiento para que puedan comparecer como demandados ante dicha Sala en el plazo de nueve días a partir de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de 2002.- El Secretario General Técnico, Jesús Velayos Morales.

A N E X O

A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Dña. Concepción Santana Padrón, Procuradora de los Tribunales en nombre y representación de Centro de Especialidades Médicas de Tacoronte, según designación Apud Acta a realizar ante esa Sala en la que comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE:

Que por medio del presente escrito, se persona y muestra parte, en la representación ostentada, debiendo entenderse con la misma las sucesivas diligencias y notificaciones e interponer recurso contencioso-administrativo por la vía especial del procedimiento para la protección de los derechos de la persona contra el acto de constitución de Mesas Electorales y celebración de las votaciones llevados a cabo el día 25 de marzo de 2002, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 de la Orden de 4 de febrero de 2002, de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 23, de 18.2.02), por la que se convocan elecciones para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, cuya fotocopia se adjunta al presente escrito como doc. nº 1 y ello por entender que dicho acto vulnera lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 24 de CE.

Por lo expuesto, procede y

SUPLICO A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo con la documentación que lo acompaña y tener por personada y parte a la Procuradora que suscribe y por interpuesto recurso contencioso-administrativo del procedimiento especial de protección de los derechos de la persona y dar al mismo el curso que se establece en los artº. 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por ser todo ello de justicia que pide en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2002.

OTROSÍ DIGO: que interesa al derecho de esta parte que acuerde la suspensión cautelar de la ejecutividad del acto impugnado, basándose esta petición en los siguientes razonamientos:

Primero.- Que por Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias de fecha 4 de febrero de 2002, se convocan elecciones para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Con fecha 28 de febrero de 2002, presentó, por mi mandante ante la citada Consejería recurso de reposición contra la Orden de ese Departamento de fecha 4 de febrero anterior, por la que se convocan elecciones para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el que por medio de Otrosí se solicitaba la suspensión del acto impugnado de conformidad con lo previsto en el artº. 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Al efecto de acreditar lo manifestado aporta documento signado bajo el nº 2 consistente en el escrito de recurso de reposición interpuesto, sin que haya transcurrido el plazo legalmente establecido de tres meses para entenderlo desestimado.

Segundo.- Que de conformidad con lo dispuesto en el número 3 del mencionado artº. 111 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto" y como quiera que mi mandante formuló la suspensión de la Orden impugnada a que se hace referencia en el apartado anterior con fecha 28 de febrero de 2002, y el órgano encargado de resolver dicha suspensión no ha dictado resolución expresa al respecto o la misma no ha sido notificada en su domicilio, habiendo transcurrido en demasía el plazo de 30 días mencionada, la Orden de 4 de febrero de 2002 ha de entenderse suspendida con los efectos inherentes a tal suspensión.

Tercero.- Que por encontrarse suspendida la Orden de convocatoria de elecciones para la renovación de los plenos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se encuentra suspendido el acto de constitución de las distintas Mesas Electorales así como las votaciones a realizar ante las mismas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuación que se lleve a efecto en ejecución y/o desarrollo del acto impugnado, esto es, la Orden de 4 de febrero de 2002 ya mencionada, que se encuentra suspendida por imperativo legal y ello de conformidad con lo previsto en el artº. 62.1 de la citada Ley 30/1992, según su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Que, en consecuencia con lo anterior, y al haberse procedido a la constitución de las Mesas Electorales y llevar a cabo las votaciones del mencionado proceso electoral se han vulnerado derechos fundamentales de mi representada, tales como el artº. 9 que consagra el principio de legalidad al que se encuentran sometidos no sólo los ciudadanos sino también la Administración Pública; el artº. 10 que consagra el principio de seguridad jurídica así como el artº. 24 de la Constitución Española que consagra el derecho de defensa y tutela de los intereses legítimos.

Por lo expuesto, procede y

SUPLICO NUEVAMENTE A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: que teniendo por presentada esta solicitud y acuerde la suspensión de los efectos del acto impugnado, toda vez que no debió producirse al encontrarse la Orden en que se establece el calendario electoral suspendida por imperativo legal conforme se ha expuesto, con todo lo demás que legalmente corresponda.

Es de justicia que pide en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2002.

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