BOC - 2002/078. Lunes 10 de Junio de 2002 - 1824

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Economía, Hacienda y Comercio

1824 - Junta Electoral de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 17 de mayo de 2002, del Presidente, por el que se procede a la notificación del recurso interpuesto por D. Cristóbal González Espinosa, contra presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Descargar en formato pdf

Intentada la notificación del recurso interpuesto por D. Cristóbal González Espinosa, por presuntas irregularidades en el proceso electoral de las elecciones para la renovación del pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, e intentada su notificación en la forma prevista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar ésta, es por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la misma, se procede a la publicación de la Resolución de 27 de marzo de 2002, del Presidente de la Junta Electoral de Santa Cruz de Tenerife, en los siguientes términos:

"Visto el recurso presentado por D. Cristóbal González Espinosa, ante la Junta Electoral en fecha 12 de marzo de 2002, relativo a presuntas irregularidades en el proceso electoral, basándose:

Primero.- Que la voluntad del voto por correo que contenga una tachadura, enmienda o añadido, es nula de pleno derecho.

Segundo.- El añadido de un apartado de correos en el modelo supone una enmienda o tachadura y que por tanto debe ser anulado.

Tercero.- La copia con el añadido está siendo entregada por el personal de la propia Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife.

Cuarto.- Solicita que al producirse irregularidades se dirija oficio por la Junta Electoral al Jefe de Correos o al responsable de Correos y Telégrafos a fin de determinarse quién es titular del apartado de correos.

Quinto.- Finaliza su escrito manifestando que en base a las alegaciones vertidas se proceda a suspender el proceso electoral y en caso improbable de no hacerlo, adoptar las medidas tendentes a que se cese en tal proceder, así como declarar nulas aquellas solicitudes que contengan añadidos respecto al modelo normalizado.

A los siguientes hechos, son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece:

"1) Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o el territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivo de infracción penal o se dicta como consecuencia de ésta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente por una disposición de rango legal.

2) También serán nulos de pleno las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución y las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos."

Teniendo en cuenta las alegaciones inferidas en el citado escrito, la Junta Electoral entiende que no se da ninguno de los supuestos del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que no puede considerarse el presente acto como nulo de pleno derecho.

Segundo.- El artículo 70.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece: "Las solicitudes que se formulen deberán contener: nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación de medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificación".

Por tanto en aplicación del referido artículo nada impide al interesado fijar como domicilio a efectos de notificaciones un apartado de correos, por lo que en consecuencia, en aplicación del reiterado artículo la Junta no tiene la obligación de comprobar a quién pertenece o no una determinado apartado de correos, al ser este libremente fijado por el empresario.

Tercero.- Por lo que respecta a que dichas solicitudes estaban siendo repartidas por el propio personal de la Cámara a los posibles votantes, mediante escrito del Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación ésta niega tales extremos.

Por todo lo anteriormente expuesto, procede desestimar la solicitud de D. Cristóbal González Espinosa, en todos sus términos.

Contra la presente solicitud podrá interponer el interesado recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Comercio en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el apartado 3.4 de la Orden de 4 de febrero de 2002, de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio (B.O.C. nº 23, de 18.02.02) y el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2002.- El Presidente, Cándido Manuel Santana Rodríguez.



© Gobierno de Canarias