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BOC Nº 078. Lunes 10 de Junio de 2002 - 1827

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

1827 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 10 de abril de 2002, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 16 de noviembre de 2001, por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro realizado a Cristóbal M. Morales Ventura, en ignorado domicilio.- Expte. nº 96-6770.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 16 de noviembre de 2001 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:

Resolución de convalidación de la Resolución nº 01-35/2713 por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro incoado a la entidad Cristóbal M. Morales Ventura.

Advertido defecto de forma en la Resolución nº 01-35/2713, de fecha 22 de octubre de 2001, por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro incoado a la entidad Cristóbal M. Morales Ventura, por cuanto el fundamento de derecho tercero debía contener las causas por las que se resuelve acordar el reintegro de la subvención concedida mediante Resolución de 30 de diciembre de 1996 y sin embargo, dicho apartado quedó vacío de contenido y considerando lo preceptuado en el artículo 67.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con el artículo 63.2 del mismo texto legal, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto 3/1998, de 9 de enero, resuelvo convalidar dicha Resolución subsanando el vicio de que adolece.

Así, el apartado tercero de los fundamentos de derecho de la Resolución nº 01-35/2713 debe tener el siguiente contenido:

Visto el expediente de referencia y observadas las disposiciones mencionadas, procede acordar el reintegro de la subvención concedida, por cuanto de la documentación obrante en el expediente que nos ocupa se deriva el incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones (Decreto 69/1996, de 18 de abril), y ha quedado probado en los siguientes términos:

El trabajador Manuel León Medina, que ocupó el puesto de trabajo subvencionado en sustitución del trabajador inicial, fue dado de baja en la empresa el día 31 de enero de 1997 y sustituido a su vez por Miguel Romero García el día 5 de abril de 1997, fuera el plazo de un mes contado desde la baja de Manuel León, por lo que el interesado ha incumplido lo dispuesto en el artículo 15.2 del Decreto 69/1996, de 18 de abril, que establece que los beneficiarios de las subvenciones deberán comunicar inmediatamente al Instituto Canario de Formación y Empleo la extinción del contrato, así como proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes contado desde que dicha extinción haya tenido lugar y presentar la documentación que acredite haberla realizado dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga efecto la nueva contratación.

Subsanado el vicio, el resto de la Resolución nº 01-35/2713, de fecha 22 de octubre de 2001, por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro incoado a la entidad Cristóbal M. Morales Ventura, sigue siendo válida en todos sus extremos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición al que aluden los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), ante el Presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación y sin perjuicio, caso de ser desestimado, de establecer nueva cuantía en los intereses legales de demora que se establezcan en la Resolución siguiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.

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