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Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de imposición de multa coercitiva, recaída en el expediente sancionador L-7/99, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada en dicho procedimiento y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre, R. 1992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a Dña. Amparo Ramón Rodríguez, la imposición de multa coercitiva de fecha 18 de enero de 2002, obrante en el expediente de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
"Habiendo sido desatendida por Vd., la ejecución de las obras correctoras impuestas por Resolución firme de esta Dirección General de fecha 15 de mayo de 2001, recaída en el expediente de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 23 de noviembre de 1940, y artº. 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en imponerle multa coercitiva por importe de 150,25 euros (25.000 pesetas) cuyo pago deberá hacer efectivo en el plazo de ocho días, ante la Sección de Régimen Económico, Habilitación y Pagaduría de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, o en su caso en cualesquiera de las entidades bancarias que tengan suscrito Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias, manifestándosele que, de no hacerlo así en el plazo señalado, se procederá a la expedición de certificación de descubierto para su exacción por la vía de apremio.
Igualmente se le significa que, de persistir en el incumplimiento de lo ordenado en la citada Resolución, se le podrán imponer sucesivas multas coercitivas hasta su total ejecución.
Estas multas coercitivas, como actos de impulsión de procedimiento, no tienen carácter resolutorio y por tanto, no son recurribles en ulterior instancia."
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2002.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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