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BOC Nº 065. Miércoles 22 de Mayo de 2002 - 1585

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1585 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de abril de 2002, que notifica Resolución de este Centro Directivo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 158/01, interpuesto por D. Servando Miranda Díaz, en representación de la entidad mercantil Comercial Roser, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Comercial Roser, S.L. la Resolución de 17 de diciembre de 2001 (libro nº 1, folio 117, nº 148), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 158/01 (expediente nº 042/01), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 651, de fecha 20 de julio de 2001.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de abril de 2002.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso de alzada nº 158/01, interpuesto por D. Servando Miranda Díaz, en representación de la entidad mercantil Comercial Roser, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 158/01 formulado por D. Servando Miranda Díaz, en representación de la entidad mercantil Comercial Roser, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tosca, sito en calle San Juan, 1, término municipal de Puerto de la Cruz, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 651, de fecha 20 de julio de 2001, recaída en el expediente sancionador nº 042/01, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:

"1º) El cliente ocupó el apartamento 201 con vistas no orientadas al mar (falsa publicidad en el folleto informativo), sino a una calle trasera del establecimiento.

2º) Deficiencias en el apartamento 211, donde el cambio de ropa de cama se realiza una vez por semana (la normativa vigente es cada cuatro días); las lámparas de la cabecera de las camas se hallan muy deterioradas, con los bordes rotos o despegados. El mobiliario del dormitorio se encuentra envejecido con zonas de madera despintadas o descascarilladas en especial el armario y mesilla del televisor."

Hechos que determinaron la imposición de sanción de multas en cuantía de cuatro mil quinientos siete euros con cincuenta y nueve céntimos (4.507,59 euros) (750.000 pesetas) por el 1er hecho infractor y cuatrocientos ochenta euros con ochenta y un céntimos (480,81euros) (80.000 pesetas) por el 2º hecho infractor.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando que previo los trámites oportunos se proceda admitiendo las alegaciones realizadas a estimar el recurso y dejar sin efecto las sanciones impuestas, a tal fin se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:

1.- Por razones de economía procesal la entidad recurrente se reitera en los hechos y argumentaciones aducidos en los correspondientes pliegos de descargos.

2.- Respecto al 1er hecho infractor imputado, se hace constar que en el contrato que suscribió la entidad, ahora recurrente, con la agencia mayorista Iberojet no consta ni figura en ningún término del mismo el hecho de que todas las habitaciones tuviesen vista directa al mar, aunque se puso que de las mismas se aprecia el mar. Además, la cuestión publicitaria es ajena a esta empresa pues es la misma mayorista la que se encarga de ello y la que informa a tal respecto a los clientes.

3.- Respecto al 2º hecho infractor, se alega que el cambio de ropa se hace conforme a la normativa vigente de cada tres días.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. Constatado errores materiales en la Propuesta de Resolución y en los Antecedentes 5º) y 7º) de la Resolución sancionadora al transcribirse, respectivamente, "... es un establecimiento hotelero de tres llaves ...", "... es un establecimiento hotelero ..." y "... se consideran probados en virtud del acta de inspección nº 5056 ..." cuando en realidad debe figurar "... es un apartamento de tres llaves ...", "... es un apartamento ..." y "... se consideran probados en virtud de las actas de inspección nº 5055 y 5056 ...", asimismo existe error en la Propuesta de Resolución en cuanto al órgano para imponer las sanciones en función de la cuantía de las multas propuestas y de la calificación jurídica de los hechos infractores. Dicho error debe de calificarse de índole material al ponerlo en relación con la Resolución de inicio del expediente donde se determina el órgano competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en concomitancia con el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes, por cuanto antecede, en base al artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que preceptúa que "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos" se procede, en consecuencia, a subsanar los citados errores materiales.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de fecha 20 de julio de 2001.

En primer lugar con relación a la alegación realizada en pliego de descargos, reiterada posteriormente en el recurso de alzada, relativa a la prescripción de las infracciones procede desestimar la misma toda vez que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 132.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan". En este sentido, el artículo 74.1, apartados b) y c) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 5 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo regula que las infracciones graves y leves, como se ha calificado, respectivamente, en la Resolución sancionadora, ahora impugnada, los hechos infractores imputados, prescriben a los dos años las infracciones graves y al año las leves, comenzado a contarse el plazo de prescripción de las infracciones, de conformidad con lo estipulado en el artículo 74, apartados 3.a) y 4.a), desde el día en que la infracción se hubiera cometido, quedando interrumpida dicha prescripción con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable, por tanto, en el presente caso es obvio que dichos plazos prescriptivos no han transcurrido entre la fecha de comisión de los hechos imputados y la fecha de notificación de iniciación del expediente sancionador, según consta en el acuse de recibo obrante en el correspondiente expediente administrativo.

Por otra parte hay que hacer constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias "La imposición de sanciones por infracciones graves y leves se hará por el órgano que determine el Reglamento Orgánico de la Consejería con competencias turísticas". En este sentido, el Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes prevé, respectivamente, en los artículos 10.j) y 11.p) que a la Viceconsejería de Turismo corresponde "la imposición de sanciones por infracciones a la normativa turística calificadas como graves" y a la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística" la resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones turísticas leves, a propuesta del correspondiente órgano o unidad instructora ...". En la Resolución sancionadora, ahora recurrida, los hechos imputados son calificados, respectivamente, de grave y leve imponiéndose por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias la sanción de multa en cuantía de cuatro mil quinientos siete euros con cincuenta y nueve céntimos (4.507,59 euros) (750.000 pesetas) por el 1er hecho infractor y cuatrocientos ochenta euros con ochenta y un céntimos (480,81 euros) (80.000 pesetas) por el 2º hecho infractor. Sanción, esta última, impuesta por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias al haber avocado para sí el conocimiento del asunto de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No obstante, de la documentación obrante en el expediente sancionador tramitado se constata la existencia de defecto formal al no figurar realizada la avocación para la imposición de la sanción de multa impuesta por la infracción calificada de leve en los términos exigidos en el apartado 2 del referenciado artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Dicho defecto formal hay que considerarlo como una irregularidad no invalidante que no ha ocasionado, en momento alguno, indefensión a la entidad expedientada, no concurriendo, en consecuencia, causa que pueda conllevar a la nulidad de pleno derecho ni a la anulabilidad según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Teniendo en cuenta que los hechos constitutivos de las infracciones sancionadas constan acreditados en el expediente sancionador tramitado al deducirse, el 1er hecho infractor, de la denuncia formulada por D. Jean Marie Martínez, del correspondiente folleto publicitario adjunto a su denuncia y del Acta de Inspección nº 5055 levantada con fecha 12 de diciembre de 2000, y el 2º hecho infractor, directamente del Acta de Inspección nº 5056 de fecha 12 de diciembre de 2000, acta cuyo valor probatorio viene amparado por lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Sin que tales hechos infractores, en momento alguno, hayan sido desvirtuados por la entidad expedientada a través de las alegaciones realizadas y ello toda vez que con relación al 1er hecho infractor de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, entre los derechos de los usuarios turísticos está el de recibir información veraz, previa y completa sobre los bienes y servicios que se le oferten. En este sentido, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 16.1, en relación con el artículo 2.1.b) de la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de alojamiento turístico de cualquier tipo están obligadas a facilitar a los usuarios turísticos una información veraz, previa y completa acerca de los bienes y servicios que oferten. Asimismo el artículo 4.2 de la Orden de 19 de octubre de 1988, de los nombres y de la publicidad de los establecimientos turísticos, exige que la información que se ofrezca, incluida la publicitaria se ajuste a la realidad. Obligación incumplida por la entidad expedientada sin que lo aducido pueda considerarse como circunstancia eximente de la responsabilidad administrativa imputable a ésta en base a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, ya que aunque el folleto publicitario sea editado por la agencia de viajes, y al margen de la posible responsabilidad administrativa exigible a la misma, ésta lo hace en base a la información ofrecida por el establecimiento turístico. Por otra parte, respecto al 2º hecho infractor imputado tampoco ha sido desvirtuado en momento alguno por la entidad expedientada que, incluso, en pliego de descargos presentado a la Resolución de inicio del expediente sancionador referenciado reconoció expresamente que "el cambio de sábanas se hace una vez por semana", el folleto publicitario obrante en el expediente también recoge textualmente que dicho servicio se hace una vez por semana, incluso en el escrito de recurso de alzada la entidad aduce a que "el cambio de ropa se hace cada tres días" con lo que indudablemente, se incumple uno de los requisitos exigidos por la normativa turística con relación a los servicios obligatorios exigibles de conformidad con lo dispuesto en el anexo I.B.c) del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, que preve que en los apartamentos de tres llaves, categoría que ostenta el establecimiento consignado, el cambio de lencería deberá efectuarse cada cuatro días. Las demás deficiencias constatadas en la aludida Acta de Inspección nº 5056 tampoco han sido desvirtuadas por la entidad recurrente y viene a verificar lo denunciado con fecha 19 de agosto de 2000 por Dña. Pilar Serrano Mira y D. Pedro Antonio Muñoz Martínez. Por cuanto antecede, considerando respecto al 1er hecho infractor, que en base a lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias "la publicidad turística engañosa, las ofertas equívocas y cualquier otra forma de captación de la que se deduzca una mayor calidad en el servicio que la real, se considerará infracción turística grave". Hecho infractor plenamente acreditado, que es subsumible en el artículo 76.10 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Asimismo, respecto al 2º hecho infractor, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias los establecimientos alojativos deben conservar siempre las instalaciones y ofrecer los servicios, al menos con la calidad que fue tenida en cuenta para concederles las autorizaciones turísticas pertinentes. Obligación incumplida por la entidad expedientada como ha quedado probado en el expediente sancionador tramitado. Hecho infractor que es subsumible en el artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril. En consecuencia, habiendo sido fijada la sanción de multas impuestas de conformidad con los criterios que para la graduación de las mismas se establece en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, habida cuenta la calificación de las infracciones cometidas y las circunstancias concurrentes. Procede, de conformidad con el informe propuesta emitido con fecha 2 de noviembre de 2001 por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción de multas impuestas.

Visto el dictamen HAB.I.TUR.104/01-C emitido con fecha 13 de diciembre de 2001 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de alzada nº 158/01, promovido por D. Servando Miranda Díaz, en representación de la entidad mercantil Comercial Roser, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tosca sito en calle San Juan, 1, término municipal de Puerto de la Cruz y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 651, de fecha 20 de julio de 2001, recaída en el expediente sancionador nº 042/01, que determinó la imposición de sanción de multas en cuantía de cuatro mil quinientos siete euros con cincuenta y nueve céntimos (4.507,59 euros) (750.000 pesetas) por el 1er hecho infractor y cuatrocientos ochenta euros con ochenta y un céntimos (480,81 euros) (80.000 pesetas) por el 2º hecho infractor, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante la Sala correspondiente en función a la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

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