Examinado el expediente tramitado por esta Dirección General para resolver el recurso potestativo de reposición interpuesto por Dña. María Lourdes Quesada Díaz, Dña. Victoria Nakoura González, Dña. María Jesús López-Neira de la Torre, Dña. Isabel Ramírez Julios, Dña. María Belén Díaz Elías y D. Diego de Lorenzo López.
Vista la documentación a que se refiere la base duodécima de la Orden de la Consejería de Presidencia de 15 de noviembre de 2000, aportada por los aspirantes seleccionados, y de conformidad con lo dispuesto en la base decimotercera de la citada convocatoria.
Teniéndose en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Por Orden de la Consejería de Presidencia de 15 de noviembre de 2000, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Segundo.- Según establece la base 1 de la citada convocatoria de las 28 plazas convocadas se incluye una reserva de 1 plaza en el turno libre, y de 1 plaza en el turno de promoción interna, para personas con minusvalía.
Tercero.- Una vez concluido el proceso selectivo y vista la propuesta elevada por el Tribunal Calificador, mediante Resolución de esta Dirección General de 25 de enero de 2002, se hace pública la relación de los aspirantes que han superado las pruebas, con la puntuación total obtenida, figurando en el número 27, según orden de puntuación, el aspirante D. Agustín Andrés Rodríguez Sánchez, el cual había sido admitido en el turno de acceso libre, grupo "acceso minusválidos".
Cuarto.- Por Resolución de este Centro Directivo de 13 de marzo de 2002 se ofertan los puestos de trabajo vacantes que pueden ser solicitados por los aspirantes que han superado las pruebas selectivas, estableciéndose en el apartado tercero de la misma que la adjudicación de los referidos puestos se efectuará de acuerdo con la petición de los interesados, según el orden obtenido en el proceso selectivo y comenzando por el turno de minusvalía.
Quinto.- Los aspirantes seleccionados manifestaron su orden de preferencia sobre la totalidad de los puestos ofertados en el plazo otorgado al efecto.
Sexto.- El día 25 de marzo de 2002 se presenta por Dña. María Lourdes Quesada Díaz y otros, recurso potestativo de reposición contra la citada Resolución de 13 de marzo de 2002, por considerar que la disposición contenida en el resuelvo tercero lesiona el derecho a la igualdad reconocido en los artículos 14 y 23 de la Constitución Española, en relación con el artículo 103, al otorgarse preferencia para la adjudicación de plazas a la persona que accede por el turno de minusvalía; asimismo, entienden los recurrentes que se infringe lo dispuesto en el artº. 79 de la Ley de la Función Pública Canaria, en el artículo 7 del Decreto 43/1998, de 2 de abril y en la base 13ª de las que rigen la convocatoria, y en consecuencia solicitan que se declare la nulidad parcial de la Resolución de 13 de marzo de 2002, apartado tercero, en lo referido a que la adjudicación de puestos comience por el turno de minusvalía.
Séptimo.- En cumplimiento de lo previsto en el artº. 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del citado recurso se da traslado a D. Agustín Andrés Rodríguez Sánchez al objeto de que alegara lo que considerara oportuno, el cual presenta escrito con fecha 26 de abril de 2002 manifestando lo que a su derecho convino y concluyendo con su disconformidad con el referido documento. Al mismo tiempo solicita, para el supuesto de que se estimase el recurso, la suspensión del acto administrativo que declarase la asignación de puestos de trabajo e incorporación al período de prácticas del resto de aspirantes, hasta que se proceda a adaptar funcionalmente y eliminar las barreras físicas y de la comunicación del puesto de trabajo que corresponda al aspirante seleccionado por el turno de minusvalía.
CONSIDERACIONES JURíDICAS
Primera.- La Directora General de la Función Pública es competente para conocer y resolver el presente recurso de reposición interpuesto de conformidad con lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al ser el Órgano que dictó el acto objeto de impugnación.
Segunda.- El recurso interpuesto reúne los requisitos determinantes de su admisión a trámite en cuanto a capacidad, legitimación e interposición dentro de plazo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31, 107.1, 117.1 y 48 de la citada Ley.
Tercera.- El Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regulador del sistema de acceso de personas con minusvalía para la prestación de servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y medidas de fomento para su integración laboral, establece en su preámbulo que con su aprobación se pretende hacer efectiva la vía de integración de personas con minusvalía en el espacio correspondiente al empleo público, garantizando el acceso en condiciones de libertad e igualdad y cumpliendo el mandato establecido en el artº. 49 de nuestra Constitución según el cual "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos", precepto que necesariamente ha de ponerse en relación con los artículos 35 y 40 del mismo texto legal.
Continúa diciendo dicho preámbulo que "se trata de asumir la voluntad de hacer efectivo el desarrollo eficaz de tales derechos mediante la presente disposición, adecuando la vía de reserva de plazas de la oferta pública de empleo ...".
Pues bien, dentro de dicho marco de voluntades, la citada disposición, tras regular en su artículo 2 la concurrencia por vía de reserva de plazas, establece en el artículo 7 que "1. Para la asignación de los puestos de trabajo se formará una lista única, incluyendo los aprobados con minusvalía entre el resto de los aspirantes, siguiendo el orden de puntuación obtenida. 2. Cuando el puesto de trabajo asignado no sea adecuado a las circunstancias de la persona con minusvalía que lo haya de ocupar, deberá adaptarse funcionalmente el mismo, según haya prescrito el equipo multiprofesional. 3. Cuando el aspirante seleccionado no pueda acceder al puesto de trabajo que le haya sido asignado, por existir barreras arquitectónicas, se le asignará otro puesto de trabajo para el que esté adecuado, de igual nivel que el anterior y en la misma localidad o comarca. Asimismo, si posteriormente aquel puesto pasase a ser accesible, el interesado tendrá prioridad absoluta para que le sea adjudicado en el primer concurso de provisión en el que resulte anunciado".
Por lo tanto, es lo cierto que en desarrollo y con absoluto respeto a los principios y mandatos constitucionales, el Decreto 43/1998 regula expresamente la asignación de puestos de trabajo para los supuestos en que han sido seleccionados aspirantes con minusvalía debiendo ajustarse estrictamente a dicha regulación la Resolución de esta Dirección General de 25 de enero de 2002, que ha sido objeto de recurso.
A mayor abundamiento, la base decimotercera de la convocatoria establece que el destino se adjudicará de acuerdo con el orden obtenido en el proceso selectivo y la preferencia manifestada entre los puestos ofertados, teniendo en cuenta la preferencia establecida a favor de los seleccionados por promoción interna, omitiendo, por lo tanto preferencia alguna para los aspirantes que accedan por la reserva para personas con minusvalías.
Cuarta.- Respecto a la solicitud de suspensión del acto que declare la asignación de puestos de trabajo e incorporación al período de prácticas planteada por el Sr. Rodríguez Sánchez al amparo del artº. 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de que dicho precepto se refiere a la posibilidad que tiene el recurrente al pedir la suspensión del acto recurrido y no cualquier interesado respecto a otro acto dependiente pero distinto a aquel, y sin perjuicio de que no esté prevista en la convocatoria la superación de un período de prácticas, debe tenerse en cuenta que el interés público aconseja la no suspensión del acto de adjudicación, dada la necesidad planteada por varios Departamentos de que se provean los puestos de trabajo que han sido ofrecidos para su futura ocupación.
En igual medida existe el interés del resto de aspirantes seleccionados en ser nombrados funcionarios de carrera ya que un retraso en la incorporación a la vida laboral les ocasionaría, cuanto menos, un indudable perjuicio económico.
Por el contrario el Sr. Rodríguez Sánchez fundamenta su solicitud de suspensión en un retraso hipotético en su incorporación al trabajo que ni tiene por que producirse, ya que en caso de que existan barreras arquitectónicas, el citado artº. 7 del Decreto 43/1998 prevé la asignación de otro puesto para el que esté adecuado ni, en caso de tener lugar, de ninguna manera podría ser considerado éste un perjuicio de imposible o difícil reparación y mucho menos un atentado contra cualquier derecho constitucional, tal como se pretende defender.
Quinta.- En cuanto a la continuación del procedimiento, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, por lo que procederá declarar la conservación de las preferencias en la adjudicación de puestos de trabajo formuladas por los aspirantes seleccionados.
Sexta.- Por último, por lo que se refiere a la adjudicación de puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto también en la base decimotercera de la Orden de convocatoria, en el artº. 6.6 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, y teniendo en cuenta que por Orden de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica de 27 de julio de 2001 ha sido resuelto un concurso de méritos del mismo Cuerpo y Escala, procede asignar destino definitivo a los aspirantes seleccionados.
En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artº. 116.1 y artº. 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 32.2.e) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica,
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. María Lourdes Quesada Díaz y otros contra la Resolución de esta Dirección General de 13 de marzo de 2002, por la que se ofertan los puestos vacantes que pueden ser solicitados por los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia de 15 de noviembre de 2000, anulando el último párrafo del apartado tercero de la misma en lo referido a que la adjudicación de los puestos se efectuará comenzando por el turno de minusvalía, y en consecuencia adjudicando a D. Agustín Andrés Rodríguez Sánchez el puesto que le corresponde en función del orden de la puntuación final obtenida.
Segundo.- Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A), a los aspirantes relacionados a continuación y asignarles número de registro de personal:
Ver anexos - páginas 7137-7139
Cuarto.- Los interesados deberán tomar posesión de su puesto de trabajo en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Canarias, debiendo dar cumplimiento a la normativa sobre incompatibilidades.Decaerán en su derecho en el supuesto de que no tomaran posesión en dicho plazo.
Quinto.- Denegar la solicitud de suspensión de la asignación de puestos de trabajo formulada por D. Agustín Andrés Rodríguez Sánchez.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o ante al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción donde tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación o notificación, en su caso, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2002.- La Directora General de la Función Pública, Cristina de León Marrero.
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