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En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a siete de febrero de dos mil uno.
Vistos por la Ilma. Dña. Berta Gil-Merino Rubio, Magistrada Juez de este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, los presentes autos de recurso contencioso-administrativo nº 216/2000, interpuesto por Dña. Patricia Cillero de Cabo, asistida por sí misma, contra el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de La Laguna, representado y defendido por los Servicios del Letrado Asesor del mismo, en cuantía indeterminada, sobre materia de personal, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA 35/2001.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que por la mencionada representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso-administrativo en fecha 31 de mayo de 2000, contra la Resolución dictada por el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de La Laguna, de 15 de febrero de 2000, por la que se adjudicaba una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, perteneciente al Área de Derecho Civil del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de La Laguna, por no considerarla ajustada a Derecho.
Segundo.- Que tras tramitarse el procedimiento por sus trámites legales, y reclamarse el expediente administrativo, a la Administración demandada, se señaló día para la vista, celebrándose la misma el día 1 de febrero de 2001, presentando las partes las alegaciones que a su derecho convinieron en el acto de la vista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la L.J.C.A., y en el acto de la vista celebrada, tras ratificarse el recurrente en su pretensión y presentar sus alegaciones, a las que se opuso la Administración demandada, practicándose la prueba, consistente en el expediente administrativo y documentos aportados, como prueba documental, quedaron los referidos autos conclusos sin más trámite y vistos para sentencia.
Tercero.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Se deduce pretensión por la parte recurrente consistente en que se declare la nulidad por no ser conforme a Derecho la citada Resolución del Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de La Laguna (Tenerife), de fecha 15 de junio de 2000, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente hoy actora, sobre adjudicación de una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, perteneciente al Área de Derecho Civil del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas, en materia de personal, como consecuencia de que con fecha 7 de octubre de 1999, la Universidad de La Laguna convocó concurso público de méritos para la provisión de una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, perteneciente al Área de Derecho Civil del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas, para impartir docencia y realizar actividades de investigación en la Facultad de Derecho de dicha Universidad durante el curso académico 1999/2000. El concurso de méritos se rige por el Reglamento de Contratación de Profesores Asociados, Visitantes y Ayudantes de la Universidad de La Laguna, publicado mediante Resolución de 5 de febrero de 1999. Al mencionado concurso, se presentaron, entre otras, dos instancias, la de la recurrente, y la de Dña. Aránzazu Calzadilla Medina, a quien se le adjudicó la plaza mencionada. Contra la propuesta de adjudicación de la plaza se interpuso reclamación, al considerar la recurrente, que existían deficiencias respecto a la baremación de los méritos de ambas concursantes que a continuación se van a analizar: Así la recurrente alega que no se le valoraron los méritos, consistentes en haber realizado los Cursos de Doctorado y en haber obtenido la Suficiencia Investigadora, habiéndose incluido la mención de los mismos en el currículum vitae acompañado a la pertinente instancia, cuando de otra parte es una exigencia inherente al título de Doctora, pues éste no se puede obtener sin el requisito de los Cursos del Doctorado y de la Suficiencia Investigadora, y además con carácter previo, no habiéndose valorado en consecuencia dichos méritos, habiéndose vulnerado en orden a la regulación específica aplicable y en concordancia con los preceptos aplicables de la L.R.J.A. y P.A.C., el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española.
Segundo.- Cuestión distinta, pero alegada al mismo tiempo por la recurrente, es la baremación de méritos otorgados a la candidata Dña. Aránzazu Calzadilla Medina, cuando se constata que no es Doctora en Derecho sino Licenciada en Derecho, y por lo tanto en aplicación del Reglamento de Contratación de Profesores Asociados, Visitantes y Ayudantes de la Universidad de La Laguna, la puntuación ha de ser menor, no habiéndosele aplicado los mismos criterios que a la recurrente, razón por la cual se ha generado por la Administración demandada con su actuación, una grave discriminación, que denota un cierto favoritismo a la hora de adjudicar la plaza no a quien más méritos acredite, sino con un criterio de previa determinación.
Tercero.- Se han de examinar las irregularidades alegadas por el recurrente, en primer lugar los vicios invalidantes o que han generado una posible indefensión, como las irregularidades procedimentales, que se contienen al no haberse valorado de igual forma a las concursantes de acuerdo con la baremación que regía en la propia normativa aplicable, es decir, ha existido, como alega la recurrente, una omisión del trámite de puntuación por parte de la Administración demandada, con respecto de ella, y sin una respuesta fundada del por qué, y sin que el requisito alegado respecto a la no discriminación basada en el principio de igualdad se haya aplicado con el rigor que ha de imperar, pues constituye un derecho básico y fundamental, requisito que al no cumplirse sería motivadora, bien de la nulidad radical estimando las pretensiones de la actora, y anulando la resolución recurrida, o bien decretando la nulidad de la resolución sin pronunciamiento del resto de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda, obligando a la Administración demandada a volver a publicar la adjudicación de la plaza en litigio, afectando la nulidad únicamente en ese sentido. En el presente caso, el vicio que se comprueba ha existido es realmente una falta de puntuación al no haberse adjudicado a la actora, los correspondientes a los Cursos de Doctorado, y a la Suficiencia Investigadora, por un lado, y el otorgamiento de mayor puntuación de la debida, a la candidata adjudicataria de la plaza, por otro, debiendo, en consecuencia, estimar el recurso, declarando la nulidad de la resolución impugnada, a los efectos de volver a convocar el recurso de méritos para la provisión de la plaza señalada.
Cuarto.- Y ello ha de ser así, porque la Administración demandada no ha hecho una rigurosa aplicación del Reglamento de Contratación de Profesores Asociados, Visitantes y de Ayudantes de la Universidad de La Laguna, al haber computado de forma irregular puntos sobre disfrute de becas, y por el curso sobre formación práctica para el ejercicio de la Abogacía, habiéndosele otorgado puntuación por títulos de postgrado que no ostentaba, todas ellas cuestiones corregidas durante la vía administrativa, pero que ponen de relieve una cierta inclinación en favor de la candidata y que es confirmada con posterioridad, que no dejando ningún lugar a dudas, cuando se incluye en el baremo específico como mérito valorable la realización de trabajos de investigación, y en virtud de los cuales se le conceden cinco puntos a la adjudicataria de la plaza.
Quinto.- Se ha de estimar parcialmente el recurso interpuesto, sin hacer pronunciamiento sobre la suma de puntos de cada candidata, pues el acto administrativo recurrido, es la resolución de la adjudicación de la plaza y no el resto de las cuestiones, siendo labor de la Universidad volver a convocar la ocupación de la discutida plaza, excediéndose de las competencias de este Juzgado, el pronunciamiento sobre la posible existencia de daños y perjuicios, que han de reclamarse por la vía de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, materia a la que los artículos 8 y 10 de la L.J.C.A., atribuyen su conocimiento a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y no a los juzgados de la misma jurisdicción.
Sexto.- No procede la imposición de costas a la Administración demandada, en base a lo preceptuado en el artículo 139.1º de la L.J.C.A., al no apreciarse temeridad o mala fe.
FALLO: que debo estimar y estimo parcialmente el recurso interpuesto por Dña. Patricia Cillero de Cabo, contra la Resolución del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de La Laguna de fecha 15 de febrero de 2000, identificada en los anteriores hechos por ser contraria al ordenamiento jurídico y en consecuencia anulo referida resolución, todo ello sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes demandante y demandada.
Así por esta sentencia, que se notificará en legal forma a las partes, haciéndoles saber que cabe recurso ordinario de apelación contra la misma, para ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de quince días a partir de la presente notificación, lo pronuncio, mando y firmo.
Intégrese esta resolución en el Libro correspondiente y una vez firme remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, a la dependencia de origen de éste.
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública, el día de su fecha. Doy fe que obra en autos.
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