Intentada la notificación de la Resolución que más adelante se transcribe, en el domicilio del interesado, que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante la presente.
"Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, por la que se inicia procedimiento sancionador a D. Manuel Rivero Ojeda por presunta comisión de infracción tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.
Vista la denuncia de Seprona de la Guardia Civil, de fecha 27 de septiembre de 1999 (Ref.- MHS/agf nº 704), con entrada en este Centro Directivo el día 4 de abril de 2000 bajo el nº 5126 de Registro y, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante la recepción de la expresada denuncia, esta Dirección General tuvo conocimiento de lo siguiente:
Con fecha de entrada en ese Seprona el 27 de agosto de 1999, tiene entrada escrito procedente del Albergue de Bañaderos, donde se manifiesta que con fecha 29 de julio de 1999, fue ingresado en el albergue un can de raza pastor alemán, llamado "Kona", el cual porta un microchip nº 41017F4007, propiedad de D. Manuel Rivero Ojeda, con D.N.I. nº 42.745.317-R, con domicilio en Finca Caserío El Batán, 9, en el término municipal de Santa Brígida. Avisado el propietario, éste no contactó con el albergue para recogerlo, ni existe la correspondiente denuncia de pérdida en el Colegio de Veterinarios.
En fecha 23 de septiembre de 1999, personada la fuerza actuante para constatar lo relatado y entrevistados con el denunciado, éste manifiesta estar bastante ocupado en las últimas fechas. Manifiesta que el animal desapareció hace dos años, reconociendo que fue avisado por dicho centro, pero no pudo recogerlo por tener ocupaciones fuera de la isla.
Segundo.- A la vista de lo anterior, por esta Dirección General, mediante escrito de fecha 7 de abril de 2000 y nº 4458 de registro de salida, se requirió al Ayuntamiento de Santa Brígida, al objeto de que procediera a la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador en el plazo de un mes; plazo, el referido, que transcurrió íntegramente sin que por dicha entidad local se acreditara la incoación del mismo, según consta acreditado todo ello en el presente expediente.
Tercero.- Con fecha 28 de febrero de 2000 y en relación con la referida denuncia, por la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación se evacuó informe, el cual obra, asimismo, incorporado al presente expediente.
FUNDAMENTOS JURíDICOS
I.- De lo relatado en el antecedente primero de la presente y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del mismo, se desprende que los hechos puestos en conocimiento de este Centro Directivo, pueden ser constitutivos de una infracción administrativa muy grave prevista y tipificada en el artículo 24.3.d) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, en relación con el artículo 4.2.b), al disponerse en dicho precepto que se considerará como tal el abandono de un animal doméstico o de compañía.
II.- De la comisión de los indicados hechos aparece, como presunto autor D. Manuel Rivero Ojeda al ostentar la tenencia del animal al que aquéllos se refieren, pudiendo ser, en consecuencia, sancionado de acuerdo con lo previsto en el artº. 26.1 de la invocada Ley, con multa de 250.001 a 2.500.001 pesetas (de 1.502,54 a 15.025,31 euros) por la infracción cometida.
III.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución se refiere, la misma viene atribuida, de conformidad con lo previsto en el artº. 68 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley de Protección de los Animales y en el artº. 33.2.G) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, a esta Dirección General, toda vez que por el Ayuntamiento de Santa Brígida, como órgano inicialmente competente, se ha hecho dejación de la misma, y que por la Dirección General de Ganadería se ha evacuado el previo y preceptivo informe, según consta todo ello acreditado en el expediente.
Visto, asimismo, lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora; artículos 134, 135 y 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJ-PAC), y demás disposiciones vigentes y concordantes en la materia,
R E S U E L V O:
1º) Iniciar procedimiento sancionador contra D. Manuel Rivero Ojeda, cuyas restantes circunstancias identificativas ya constan acreditadas en el expediente, como presunto autor y responsable de una infracción administrativa muy grave prevista y tipificada en el artículo 24.3.d) de la citada Ley de Protección de los Animales.
2º) Nombrar Instructor del presente procedimiento al Jefe de Sección de Transferencias y Régimen Local de esta Dirección General, D. Diego A. Encinoso Reverón, pudiendo el denunciado recusar al mismo por las causas previstas en el artº. 29 de la invocada LRJ-PAC.
3º) Indicar a D. Manuel Rivero Ojeda que, sin perjuicio del derecho que ostenta a conocer, en cualquier momento del procedimiento, su estado de tramitación, a acceder y obtener copias de los documentos obrantes en el mismo, así como a formular, con anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones, y a aportar los documentos que estime pertinentes, dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que intenta valerse.
4º) Comunicar al interesado que, de conformidad con lo previsto en artº. 71.c) del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la invocada Ley de Protección de los Animales, el órgano competente para la resolución del presente procedimiento, lo será el Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica; así como instruirle de la posibilidad que le asiste de reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se podrá resolver el procedimiento con imposición de la sanción que proceda.
5º) Comunicar la presente Resolución al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como notificársela al interesado advirtiéndole que, de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de quince días anteriormente señalado, la iniciación podrá ser considerada como propuesta de resolución, si contuviera un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2002.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación."
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de 2002.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
© Gobierno de Canarias