BOC - 2002/051. Lunes 22 de Abril de 2002 - 1215

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1215 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de abril de 2002, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio le remitirá a su propio domicilio.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2002.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 75, nº 101.

Resolución de 27 de marzo de 2002, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 01/121, instruido a Apartament Service Gran Canaria, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Koka.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Apartament Service Gran Canaria, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 11 de mayo de 2001, como consecuencia del acta de inspección nº 13697, de 19 de abril de 2001.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El 19 de abril de 2001, se personó en el establecimiento de referencia, sito en Avenida de Tenerife, 17, Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 13697 en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento dispone de un total de 296 unidades alojativas y que la entidad mercantil consignada explota 7 unidades, las números 1310, 1609, 1616, 1707, 3414, 3402 y 4408. Por tanto, tiene a su cargo menos del 50% de las unidades alojativas del inmueble destinadas a la actividad turística, incumpliendo las normas establecidas respecto al principio de unidad de explotación de establecimientos alojativos.

2º) El 11 de mayo de 2001, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 01/121, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el 9 de noviembre de 2001.

3º) Con fecha 28 de enero de 2002 y habida cuenta que el titular consignado no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 4.207,08 euros (700.000 pesetas).

4º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

5º) El siguiente hecho: explotar turísticamente 7 unidades alojativas del establecimiento consignado, el cual consta de 296 unidades, incumpliendo el principio de unidad de explotación establecido, se considera probado en virtud del acta de inspección nº 13697, de 19 de abril de 2001.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 13697, de 19 de abril de 2001, sin que al Órgano resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.

El hecho probado constituye la infracción prevista en el artículo 38, en relación con la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 36, de 24 de marzo) y el artº. 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, por la que se añade una Disposición Adicional Quinta a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 94, de 28 de julio).

Dicho hecho viene tipificado en el artº. 76.13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Calificado como: grave.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 4.207,08 euros (700.000 pesetas), a Apartament Service Gran Canaria, S.L., con C.I.F. B35407808, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Koka.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2002.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.

2º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 75, nº 97.

Resolución de 27 de marzo de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 2001/157, instruido a jutopeco, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Hacienda de Anzo.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Jutopeco, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 17 de julio de 2001, como consecuencia de la denuncia de fecha 13 de agosto de 2000, formulada por Dña. María del Pilar García Jiménez, y del acta de inspección nº 12941, de 27 de septiembre de 2000.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 4 de septiembre de 2000, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 9780 denuncia formulada/cumplimentada por Dña. María del Pilar García Jiménez, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que requirió los servicios de la Guardia Civil para que se trasladasen al establecimiento denunciado, toda vez que al parecer le había denegado una Hoja de Reclamación, tras la celebración de un banquete nupcial de una hija.

Los agentes actuantes verificaron que efectivamente el personal de servicio del Hotel no había facilitado la Hoja de Reclamación a la usuaria alegando que desconocían dónde las guardaba la Dirección, cuyos responsables trabajan en turno de mañana.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 27 de septiembre de 2000, se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle Pablo Díaz, 37, Vega de Anzo, término municipal de Gáldar, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 12941, en la que esencialmente se hace constar que la denunciante es suegra de D. Juan Elías Granado al que se le alquila la cueva grande, según copia de contrato adjunto, no incluyendo la comida. Dice que la denunciante vino a los dos días a recoger enseres y bebidas, y en ese momento pidió las hojas de Reclamaciones alegando que se le había estropeado la comida que había traído. Dice que no disponían de Hojas de Reclamaciones porque se habían perdido, telefoneando al Patronato de Turismo donde le informaron que se podía hacer en una hoja en blanco con los datos del hotel, del reclamante y el motivo de la reclamación, negándose la reclamante a hacerlo así, llamando a la Guardia Civil.

Dice que Jutopeco, S.L. está explotando el establecimiento desde mayo de 1999 y que recientemente, al estar el hotel cerrado no se había percatado de la desaparición de las Hojas de Reclamaciones, Libro de Inspección y de trabajo, por lo que sus asesores están solicitando nueva documentación.

Como en el momento de la inspección no se puede acreditar la documentación que se requiere que aporte en el plazo de diez (10) días ante la Consejería en la dirección indicada al pie de acta, por escrito en el que se haga referencia al número de acta, la documentación que se indica a continuación, advirtiéndole que de no hacerlo así se podría iniciar expediente por negativa a los Servicios de Inspección:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

a) Copia del Impuesto de Actividades Económicas, últimos tres ejercicios.

b) Copia solicitud de Libro de Inspección y Hojas de Reclamaciones presentadas ante el Patronato de Turismo, o en su caso, copia de hojas del Libro de Inspección de Turismo correspondiente a los datos del establecimiento, explotador y hojas de reclamaciones.

c) Copia de lista de precios notificada.

Se levanta la presente acta como constancia de hechos.

3º) El 17 de julio de 2001, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 2001/157, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo/publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el 2 de noviembre de 2001.

4º) Con fecha 12 de diciembre de 2001 y habida cuenta que el/la titular consignado/a no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el/los hecho/s imputado/s, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de quinientas mil (500.000) pesetas.

5º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

6º) Los siguientes hechos: no dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el acta de inspección nº 12941/00, de 27 de septiembre.

Se considera/n probado/s en virtud del acta de inspección nº 12941, de 27 de septiembre de 2000.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del/de la expedientado/a (la empresa expedientada), sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que el/los hecho/s probado/s constituye/n la/s infracción/es prevista/s en el artículo 33 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Dichos hechos vienen tipificado en el artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Calificados como: grave.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de tres mil cinco euros, con seis céntimos (3.005,06 euros), a Jutopeco, S.L., con D.N.I./C.I.F. nº B-07.832.462, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Hacienda de Anzo.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2002.

3º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 76, nº 105.

Resolución de 27 de marzo de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 2001/162, instruido a D. Francisco Lijandro Castro Pérez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Parque Gaviota.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Francisco Lijandro Castro Pérez, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 17 de julio de 2001, como consecuencia de la denuncia de fecha 2 de septiembre de 1999, formulada por el Presidente de la Comunidad de Propietarios Parque Gaviota, y del acta de inspección nº 11857, de 16 de diciembre de 1999.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 2 de septiembre de 1999, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 8790 denuncia formulada/cumplimentada por el Presidente de la Comunidad de Propietarios Parque Gaviota, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que en el interior del complejo permanece abierto ajeno a la Comunidad un Bar-Restaurante con carteles en el exterior y sin W.C.

Que el mismo conculca casi la totalidad de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, entre ellas los siguientes artículos: 17.d) y siguientes; 18.1 y siguientes; 19.1 y siguientes; 22.1 y siguientes; 50.3 y siguientes; Título IV, Capítulo I, artículo 62 y siguientes.

Adjunta acta notarial presencial de los hechos.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 16 de diciembre de 1999, se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle Aries, Campo Internacional, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 11857 en la que esencialmente se hace constar que se encuentra abierto al público en general y realiza la actividad turística de restaurante ya que ofrece a sus clientes, entre otros, los siguientes platos:


- Sopa de mariscos 425 pesetas

- Lenguado Panorama 1.300 pesetas

- Parrillada de pescado 1.275 pesetas

- Solomillo de cerdo al grill 1.000 pesetas


Careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria para la apertura y desempeño de tal actividad.

Según consta en el libro de visitas de la Inspección de Trabajo, el establecimiento fue dado de alta en dicho organismo con fecha 21 de octubre de 1998.

El establecimiento se encuentra situado junto a la recepción del complejo de apartamentos y se desarrolla en una zona edificada con obra de fábrica donde se encuentran las neveras y las bebidas y otra contigua destinada a alojar el comedor y la cocina, separados entre sí por una mampara de aluminio y madera, construido el techo por una estructura metálica ligera y una lona.

El titular de la industria manifiesta al inspector actuante que no cuenta con servicios higiénicos.

3º) El 17 de julio de 2001, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 2001/162, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo/publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el 2 de noviembre de 2001.

4º) Con fecha 12 de diciembre de 2001 y habida cuenta que el/la titular consignado/a no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el/los hecho/s imputado/s, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de ochocientas setenta y cinco mil (875.00 pesetas).

5º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

6º) Los siguientes hechos: realizar la actividad turística de restaurante, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria para la apertura y desempeño de tal actividad.

Se considera/n probado/s en virtud del acta de inspección nº 11857, de 16 de diciembre de 1999.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del/de la expedientado/a (la empresa expedientada), sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que el/los hecho/s probado/s constituye/n la/s infracción/es prevista/s en el artículo 6 del Texto Refundido de Ordenación de Restaurantes según la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, modificada por las de 19 de junio de 1970, 29 de junio de 1978 y 10 de julio de 1981; en relación con el artículo 13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Dichos hechos vienen tipificado en el artículo 75.1, en relación con el artículo 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Calificados como: grave.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de cinco mil doscientos cincuenta y ocho euros, con ochenta y seis céntimos (5.258,86 euros), a D. Francisco Lijandro Castro Pérez, con D.N.I./C.I.F. nº 42.793.498-C, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Parque Gaviota.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2002.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.



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