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BOC Nº 051. Lunes 22 de Abril de 2002 - 1203

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1203 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 1 de abril de 2002, relativo a la notificación de la Orden de 21 de diciembre de 2001, que resuelve el expediente sancionador incoado por resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de 30 de agosto de 2001, contra D. Antonio Domingo García Dávila por la comisión de una infracción grave prevista y tipificada en la ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales.

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Intentada la notificación de la Resolución que más adelante se transcribe, en el domicilio del interesado, que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante la presente.

"Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 30 de agosto 2001 contra D. Antonio Domingo García Dávila por la comisión de una infracción grave prevista y tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación para la resolución del procedimiento sancionador al que se ha hecho expresa referencia en el encabezado de la presente.

Vista la propuesta formulada por la nombrada Dirección General.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 29 de noviembre de 1999 y bajo el nº 16.533 de registro, tuvo entrada en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación escrito de denuncia formulada por el Seprona de la Guardia Civil (Ref: AMH nº 887), mediante el que el citado Centro Directivo tuvo conocimiento de lo siguiente:

Que, el día 19 de septiembre de 1999, agentes del Seprona de la Guardia Civil realizaron una inspección en la Vaquería sita en el Lomo Capón, nº 50 (término municipal de las Palmas de Gran Canaria), donde se pudo observar que en dicha cuadra, al aire con una empalizada de palés y maderas, se encontraban unos veinte animales vacunos, en malas condiciones higiénico-sanitarias y alguna de ellas con claros síntomas de delgadez; en otro corral se encontraron otros sesenta animales de la raza caprina, en las mismas condiciones higiénico-sanitarias.

Segundo.- Requerido que fue, sin éxito, el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria por la nombrada Dirección General de Administración Territorial y Gobernación al objeto de que, en el plazo de un mes, instruyera el correspondiente expediente sancionador y, evacuado que fue, asimismo, el preceptivo informe por la Dirección General de Ganadería, según consta todo ello acreditado en el expediente, con fecha 8 de agosto de 2001 fue dictada por la citada Dirección General de Administración Territorial y Gobernación Resolución de inicio de expediente sancionador contra D. Antonio Domingo García Dávila, por la presunta comisión de infracción tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Tercero.- Contra la expresada Resolución de inicio, D. Antonio Domingo García Dávila en condición de denunciado, mediante escrito con entrada en el Registro de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, el día 5 de octubre de 2001, bajo el nº 8.365, formuló las alegaciones que obran en el cuerpo del mismo, las cuales se dan por enteramente reproducidas a los efectos del presente en evitación de innecesarias repeticiones.

Cuarto.- A la vista de lo anterior, con fecha 17 de octubre de 2001, por el Instructor del expediente, fue dictada la oportuna Propuesta de Resolución del procedimiento de su razón. Notificada la cual al inculpado, éste no formuló alegaciones ni presentó documentos o información alguna en defensa de su Derecho en el plazo de quince días que le fue conferido al efecto, según consta todo ello acreditado en el expediente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Se declara probado que el día 19 de septiembre de 1999, en la Vaquería sita en el Lomo Capón, nº 50 (término municipal de las Palmas de Gran Canaria), propiedad de D. Antonio Domingo García Dávila, al aire libre con una empalizada de palés y madera, se encontraban unos veinte animales vacunos, en malas condiciones higiénico-sanitarias y alguno de ellos con claros síntomas de delgadez; en otro corral se encontraron otros sesenta animales de la raza caprina, en las mismas condiciones higiénico-sanitarias.

La realidad de los hechos ha resultado acreditada mediante acta formalizada en documento público con observancia de los requisitos legales pertinentes por funcionarios del Seprona de la Guardia Civil que obra en el expediente, cuyo contenido no ha sido desvirtuado por el interesado.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137.3 de la LRJ-PAC y 17.5 del RP, y reiterada Jurisprudencia sobre la materia, dicha acta constituye por sí sola, prueba de cargo suficiente para sancionar a la nombrada inculpada.

II.- Los referidos hechos declarados probados son constitutivos de una infracción grave, tipificada en el artº. 24.2, letra a), de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, según el cual se considera como tal el mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e inadecuadas para la práctica de los cuidados y atenciones precisas, según especie y raza.

III.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 26 de la invocada Ley de Protección de los Animales y artº. 131.3 de la citada LRJ-PAC, corresponde sancionar al nombrado inculpado por la comisión de dicha infracción con multa de 25.001 pesetas, al no apreciarse la concurrencia de circunstancia alguna que exija su imposición en grado superior.

IV.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución se refiere, la misma viene atribuida al Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, letra d), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, en relación con lo previsto en el artº. 72 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de los animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos.

Visto lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y demás disposiciones vigentes y concordantes en la materia,

R E S U E L V O:

1º) Sancionar a D. Antonio Domingo García Dávila, cuyas restantes circunstancias identificativas ya constan acreditadas en el expediente, con multa de veinticinco mil una (25.001) pesetas, por la comisión de dicha infracción grave prevista y tipificada en el artº. 24.2.a) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazo que determine la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.

2º) Notificar la presente al interesado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor de la misma, o bien, a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de 2001.- El Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica."

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2002.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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