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Examinado el expediente tramitado a instancia del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa iniciada con motivo de la ejecución del Proyecto de obra denominado "Pavimentación calle Pintor José Aguiar" y teniendo en cuenta que se acreditan en el mismo los requisitos legales exigidos para producir tal declaración de urgencia, como son:
Primero.- El citado Proyecto comprende la descripción material de los bienes y derechos afectados por la expropiación, siendo las Normas Subsidiarias de La Laguna 1ª Fase, aprobadas definitivamente mediante Orden Departamental del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de fecha 9 de diciembre de 1983, el instrumento de ordenación aplicable cuya aprobación definitiva conlleva como efecto la declaración de la utilidad pública y la necesidad de ocupación de la realización de las obras públicas ordinarias que precisen de expropiación, a tenor de lo establecido en el artículo 44.l.d) en relación con la Sección 2ª del Capítulo VI del Título III del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Segundo.- La urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la presente expropiación, viene motivada, por lo siguiente: "la situación del inmueble dificulta gravemente al tráfico rodado en la confluencia de la calle Pintor Aguiar con las de las calles La Rúa y Nava y Grimón, produciendo atascos y accidentes, a veces con siniestros graves, puesto que la edificación impide la visibilidad total de los conductores y peatones; al no contar las vías actuales con aceras, se produce un permanente riesgo para los peatones, debiéndose, además, tener en cuenta, por un lado, la gran afluencia ciudadana a la zona, en cuyas inmediaciones se encuentra el Santuario y la Plaza del Cristo, donde recientemente se han culminado las obras de aparcamiento subterráneo, y por otro, que la puesta en funcionamiento de la Vía de Ronda y la entrada y salida de ésta a través de la calle Pintor José Aguiar, la convierte en una vía fundamental de entrada y salida al Casco Histórico de esta Ciudad".
Tercero.- El acuerdo de necesidad de ocupación se sometió a un período de información pública, por el plazo de 20 días, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 47, de 19 de abril de 2000, en el Periódico El Día de igual fecha y en el tablón de anuncios de la Corporación, presentándose un escrito de alegación por D. José Concepción Páez, que fue desestimado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2000, excepto en lo relativo a la titularidad de los bienes y derechos afectados y dirección a efectos de notificaciones.
En el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 41.b) del Estatuto de Autonomía, y en el artículo 8.d) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica y en los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, a propuesta del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 25 de marzo de 2002,
D I S P O N G O:
1.- Declarar urgente a solicitud del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa incoada por la citada Corporación Local, con motivo de la ejecución del Proyecto de obra denominado "Pavimentación calle Pintor José Aguiar".
2.- Los bienes y derechos cuya ocupación se declara urgente figuran en el anexo que se acompaña al presente Decreto.
3.- Los interesados podrán formular ante el órgano expropiante y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes y derechos afectados.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2002.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
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