Intentada la notificación de la Resolución que más adelante se transcribe, en el domicilio del interesado, que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante la presente.
"Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, por la que se inicia procedimiento administrativo sancionador a D. Cristo Javier Gutiérrez Santana por presunta infracción tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.
Vista la denuncia del Seprona de fecha 15 de mayo de 2000 (Ref.- RGHS/agf nº 570), con entrada en este Centro Directivo el día 19 de octubre de 2000 bajo el nº 15.874 de registro y, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante la recepción de la expresada denuncia, esta Dirección General tuvo conocimiento de lo siguiente:
Con fecha 10 de mayo de 2000, en visita de inspección realizada por agentes del Seprona, se comprobó que D. Cristo Javier Gutiérrez Santana, con D.N.I. nº 44.318.974-K, con domicilio en calle La Culata, 20, en el término municipal de Santa Brígida, era poseedor de tres perros no identificados, ni censados ni vacunados.
Que el denunciado manifestó que los vacunará en próximas fechas.
Segundo.- A la vista de lo anterior, por esta Dirección General, mediante escrito de fecha 3 de noviembre de 2000 y nº 4.841 de registro de salida, se requirió al Ayuntamiento de Santa Brígida, al objeto de que procediera a la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador en el plazo de un mes; plazo, el referido que transcurrió íntegramente sin que por dicha entidad local se acreditara la incoación del mismo, según consta acreditado todo ello en el presente expediente.
Tercero.- Con fecha 11 de octubre de 2000 y en relación con la referida denuncia, por la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación se evacuó informe, el cual obra, asimismo, incorporado al presente expediente.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- De lo relatado en el antecedente primero de la presente y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del mismo, se desprende que los hechos, puestos en conocimiento de este Centro Directivo, pueden ser constitutivos de una infracción administrativa grave, prevista y tipificada en el artículo 24.2.c) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales -en relación con el artículo 11.2 del mismo Cuerpo Legal-, al disponerse en dicho precepto que se considerará como tal la no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios a los animales domésticos de compañía.
II.- De la comisión de los expresados hechos aparece como presunto autor D. Cristo Javier Gutiérrez Santana, al ostentar la tenencia de los animales al que se refieren aquéllos, pudiendo ser, en consecuencia, sancionado de acuerdo con lo previsto en el artº. 26.1 de la invocada Ley, con multa de 25.001 a 250.000 pesetas.
III.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución se refiere, la misma viene atribuida, de conformidad con lo previsto en el artº. 68 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley de Protección de los Animales y artº. 33.2.G) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, a esta Dirección General, toda vez que por el Ayuntamiento de Santa Brígida, como órgano inicialmente competente, se ha hecho dejación de la misma, y que por la Dirección General de Ganadería se ha evacuado el previo y preceptivo informe, según consta todo ello acreditado en el expediente.
Visto, asimismo, lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 16.1 del citado Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora; artículos 134, 135 y 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJ-PAC), y demás disposiciones vigentes y concordantes en la materia,
R E S U E L V O:
1º) Iniciar procedimiento sancionador contra D. Cristo Javier Gutiérrez Santana, cuyas restantes circunstancias identificativas ya constan acreditadas en el expediente, como presunto autor y responsable de una infracción prevista en el artículo 24.2.c) de la citada Ley de Protección de los Animales.
2º) Nombrar Instructor del presente procedimiento al Jefe de Sección de Transferencias y Régimen Local de esta Dirección General, D. Diego A. Encinoso Reverón, pudiendo el denunciado recusar al mismo por las causas previstas en el artículo 29 de la invocada LRJ-PAC.
3º) Indicar a D. Cristo Javier Gutiérrez Santana que, sin perjuicio del derecho que ostenta a conocer, en cualquier momento del procedimiento, su estado de tramitación, a acceder y obtener copias de los documentos obrantes en el mismo, así como formular, con anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones y a aportar los documentos que estime pertinentes, dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que intenta valerse.
4º) Comunicar a D. Cristo Javier Gutiérrez Santana que, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.b) del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de los Animales, el órgano competente para la resolución del presente expediente, lo será el Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, así como instruirle de la posibilidad que le asiste de reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
5º) Comunicar la presente Resolución al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como notificársela a D. Cristo Javier Gutiérrez Santana advirtiéndole que, de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de quince días anteriormente señalado, la iniciación podrá ser considerada como propuesta de resolución, si contuviera un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación."
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de febrero de 2002.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
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